La reforma agraria es uno de los propósitos de cambio del actual Gobierno. La Sociedad de Activos Especiales, SAE, es una entidad que ha sido clave en esta tarea, pues ahora los bienes incautados a la mafia pasan a manos campesinas. Dialogamos con quien fue su vicepresidente: Jaime Osorno
René Ayala B
@Reneayalab
La Sociedad de Activos Especiales, SAE, es la heredera de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad responsable de administrar bienes incautados, decomisados o en procesos de extinción de dominio con origen en economías ilícitas. A pesar de esta dimensión, su labor y presencia era casi desconocida para el país, una entidad apartada y distante.
Pero su función no es solo ser albacea de estos bienes, su misionalidad establece: “el tránsito de las economías rentistas e ilícitas a un sistema económico productivo, distributivo y participativo”, ergo, la entidad tiene un rol clave para potenciar los cambios. Esto lo entendió el gobierno de Gustavo Petro al destacar en esta tarea un núcleo de profesionales comprometidos con la bandera de las transformaciones.
Uno de los arquitectos de la renovación de esta entidad ─quien fue hasta hace unos días vicepresidente para la democratización de activos e inmuebles─ es Jaime Osorno, un ingeniero agrícola sucreño, con una amplia experiencia en el servicio público, pero ante todo forjado en la resistencia y la lucha popular.
Osorno es un hombre que expresa en todo momento su alegría caribe, un ser de carcajadas y charla diáfana y picaresca, solidario y comprometido con la causa popular. No es extraño que sus camaradas y compañeros le rindieran un palpitante homenaje en un sencillo, emotivo y hermoso acto de reconocimiento a su labor.
“Coco”, como le dicen con cariño quienes lo conocen y quieren, conversó con nosotros sobre su experiencia en la SAE, su compromiso con la Reforma agraria y las perspectivas de este proceso.
Jaime, ¿Cuál es tu origen, tu trayectoria?
Soy hijo de la lucha estudiantil, social y agraria. Mis padres dedicaron toda su vida al servicio público, padecieron el neoliberalismo. Mi padre murió hace siete años y mi madre fue secretaria del Fondo Educativo Regional, quien con muchas luchas logró pensionarse en la Alcaldía de Sincelejo.
Estuve vinculado desde siempre a la lucha estudiantil, fui representante al Consejo Superior Universitario en la Universidad de Sucre, donde estudié ingeniería agrícola, por ello, mi relación con el mundo de la lucha agraria.
Fue una época compleja, más de 40 masacres en la región y de dominio paramilitar. Los gobernadores y parlamentarios de 1998 al 2005 estuvieron ligados a este proyecto de barbarie. Denunciamos, documentamos y vivimos las masacres de Macayepo, El Salado, Colosó, Chengue y Mampuján, algo que me marcó y nos llevó a organizarnos en la Juventud Comunista, donde estuve diez años; llevo más de quince en el Partido Comunista y la Unión Patriótica, en el activismo social y político.
En el ámbito público, he acompañado organizaciones sociales y campesinas; estuve desde los inicios en la construcción de la Zona de Reserva Campesina de Los Montes de María, luego llegué a Bogotá para proteger la vida como muchos de mi región. En la capital, trabajé en las alcaldías locales, en el Instituto Distrital de Participación, en el Censo agropecuario del DANE, en el Departamento Nacional de Planeación, asesor de la senadora Aida Avella y del representante Gabriel Becerra, luego en la SAE, siempre con acento en los temas ambientales, de desarrollo sostenible y rural, con enfoque en el ordenamiento social de la propiedad.
¿Cuál fue su papel en la SAE y en la articulación con la política agraria del Gobierno?
Transformamos radicalmente la entidad, un revolcón de un aparato altamente corporativizado, capturado por la clase política desde el Congreso. Desarrollamos una reforma institucional alrededor de un propósito, la democratización de los activos bajo la administración de la SAE.
Esto parte en dos la historia de la entidad; tomamos la decisión de hacer cambios profundos consecuentes con el mandato recibido por el presidente; hicimos énfasis en priorizar la reforma agraria, sabemos que el latifundio está articulado a la clase política, el narcotráfico. Los bienes administrados provienen de esa relación.
Igualmente, depuramos la información al establecer que administramos 600 mil hectáreas; así dijimos esta es la cuota inicial de la reforma agraria, teníamos que disponerla para la autoridad de tierras, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para alimentar el Fondo de tierras y cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz.
Establecimos como principal socio y aliado estratégico a las organizaciones campesinas, por eso, hicimos de manera simultánea y paralela la entrega de predios extintos y enajenaciones tempranas a la ANT y provisional, mediante las organizaciones campesinas, dinamizando y demostrando que es posible la redistribución de la tierra, abriendo las puertas al movimiento campesino para que labre la tierra, desarrolle su proyecto de vida y transforme el territorio.
¿Por qué el foco en el Caribe colombiano?
Allí está el suelo fértil y altamente concentrado y productivo, y es donde existen históricamente mayores niveles de injusticia agraria. También allí han surgido las organizaciones campesinas más importantes inclusive de América Latina.
El Caribe tiene la capacidad excepcional para producir alimentos de manera más abundante, el suelo es el de mayor cantidad de nutrientes y adecuada retención de agua, lo que, entre otros aspectos, permite que los cultivos se desarrollen de manera óptima. Esta es una característica para una agricultura exitosa y sostenible de la mano de las economías campesinas, familiares, comunitarias y étnicas. Allí está el 80% de los ecosistemas lacustres altamente sensibles y con las comunidades podemos cuidar el agua. Por eso, se hace necesario revertir la vieja estructura social y agraria ligándola a la resiliencia climática, transformando el modelo del latifundio ganadero improductivo, donde está el mayor conflicto de uso.
La Reforma agraria garantizaría que esta región cumpla su actitud vocacional para la producción de alimentos. Es en el Caribe donde tenemos cercanía a los grandes puertos para la exportación de los excedentes de producción, podemos desde allí surtir a toda América Latina, una vez superada nuestra demanda interna, y así ser una potencia alimentaria.
¿Cuál es el balance de su experiencia en la SAE?
Durante los dos años en la vicepresidencia, pusimos en práctica la capacidad para impulsar los cambios. Queda, a largo plazo, una política de tierras que diversificó los mecanismos de administración, priorizando las organizaciones sociales y agrarias, contribuyendo a depurar el inventario de activos rurales, ya que era una gran dificultad, no sabíamos cuántos bienes rurales había, su estado, dónde estaban, su extensión.
Hicimos la mayor transferencia de bienes extintos en toda la historia de la SAE; cumplimos de manera decidida el mandato legal de que los predios bajo nuestra tutela y de vocación agropecuaria tienen que ser transferidos a la ANT.
Además, entregamos 75 mil hectáreas, transfiriendo predios de manera gratuita a comunidades, y ventas a la ANT. Sacamos del mercado privado los predios rurales, priorizando, ofreciéndolos a la ANT y no a particulares. También identificamos predios que eran usufructuados por privados en el marco de un sofisticado mecanismo de acaparamiento; son predios baldíos que el paramilitarismo despojó y acaparó y pretende presentar como objeto de reparación, advertimos de esta situación a la magistratura, Fiscalía, órganos de control y autoridad de tierras.
Visibilizamos la entidad haciéndola más cercana al pueblo y más transparente. Ese es el legado de estos dos años. Además, es fundamental la Escuela de formación agraria, colocando sus recursos para la reparación de las victimas y dar un nuevo enfoque a la política antinarcóticos, haciendo énfasis en que los recursos de bienes incautados tengan un uso social. Esto es histórico para el desarrollo rural, una nueva política antinarcóticos y la reparación de las víctimas.
¿Cómo ve el avance de la de la Reforma agraria?
Después de casi 20 años de ausencia del debate público gubernamental y político sobre la Reforma agraria, esta se ha puesto en el centro. Además, abrimos un camino que estaba enmontado, es verdad que no hemos logrado superar la deuda de los últimos 90 años, pero sin duda hemos hecho muchísimo más de lo que hicieron los últimos gobiernos.
Adquirimos cerca de 450 mil hectáreas, de las cuales casi la mitad se han comprado; nunca se había destinado tanto esfuerzo institucional para la compra de tierras en el marco de cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz. Se formalizaron más de un millón 230 mil hectáreas; se han reconocido las territorialidades campesinas constituyendo once de dieciocho Zonas de Reservas Campesinas en lo que va de la historia de la ley 160.
En los territorios campesinos agroalimentarios, se potenció la participación del campesinado, se han instaurado los Comités departamentales de Reforma agraria en más de 400 municipios, con la institucionalidad y dueños de tierra, se implementó la Comisión mixta del campesinado, que es el espacio de concertación y definición entre el movimiento campesino e institucionalidad para desarrollar esta Reforma.
¿Y la proyección?
La perspectiva es lograr detener la alta concentración, es decir, lograr redistribuir, llegar a mayores niveles de justicia en la estructura de la propiedad. El reto es seguir creciendo, que el sector se potencie económicamente, incida en la política económica del Gobierno y Estado. Lograr la modernización en el campo, con inversión para riego, infraestructura, para la comercialización, para alta tecnificación, aumentar las áreas de siembra.
Conseguir que Reforma agraria sea una apuesta política donde el campesinado sea protagonista y se reconozca como actor identitario, como símbolo de la colombianidad, que reconozcamos esa relación ancestral o moderna con el campesino, la campesinada puede ser ese símbolo que nos articula social, cultural y económicamente. La Reforma agraria es para que el campesinado tome su lugar y sea reconocido.
¿Qué viene para Jaime Osorno?
Mi vida ha sido la política en los últimos 25 años, desde el activismo académico, social, agrario y ambiental. Seguiré haciéndola. Desde la función pública, he hecho la acción de política pública de calle, de base, una burocracia de a pie, con los excluidos, con las ciudadanías activas que han sido vilipendiadas, las cuales deben encontrar en el funcionario público una respuesta eficaz y ética, de responsabilidad y compromiso político y social, con el más débil, vulnerable, el más pobre.
Estamos convencidos que es parte de la esencia, con rigurosidad, convicción y coherencia poner al servicio del pueblo los presupuestos, objetivos de la misionalidad de la política pública en función de las grandes mayorías.
Estaré siempre atento a lo que oriente el pueblo, a lo que oriente mi partido, el presidente y aportando en la construcción del proyecto unitario en los territorios del Pacto Histórico; las responsabilidades que nos delegue esta coyuntura, para avanzar en el proceso revolucionario.
