Acción popular de Sintraemcali y Sintrateléfonos. Con la intención de proteger el patrimonio de los colombianos, los sindicatos de estas empresas buscan que no se favorezca solo a operadores privados en la subasta 4G, ya que estos servicios quedarían en manos de quienes dominan el mercado

Juan Carlos Hurtado F.
La acción popular que fue presentada por los sindicatos de la ETB y Emcali ante la sala administrativa, del Tribunal Superior de Cundinamarca, busca detener el proceso de subasta para la entrega de licencia de operación de los servicios 4G, ya que las empresas públicas estarían en desventaja.
La acción interpuesta la semana pasada, busca también evitar una monopolización de este servicio por parte de transnacionales que ofrecen una mala calidad con altas tarifas; pues actualmente, Claro tiene el dominio de telefonía celular con el manejo del 78%. Razón por la cual Sintrateléfonos considera urgente potenciar un operador público.
Según los sindicatos, “se prevé dicho detrimento al patrimonio público dado que las empresas públicas de telecomunicaciones tendrían que enfrentarse a los actuales operadores privados que dominan el mercado, acentuando la concentración de usuarios y por tanto conllevando a la monopolización del espectro que, pese a ser un recurso soberano, será utilizado como un negocio rentable para los mismos operadores que prestan un servicio deficiente”.
Sindicalistas aseguran que la acción debió haber sido interpuesta por las administraciones de las empresas si es que en realidad le apuestan a la defensa de las entidades. Esta busca “la suspensión del proceso de subasta 4G que adelanta el gobierno nacional para proteger los derechos e intereses colectivos establecidos constitucionalmente al patrimonio público, la moralidad administrativa, la libre competencia, los derechos de los consumidores y los usuarios, así como a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, los cuales están en riesgo a causa del lesivo proceso de subasta de la licencia 4G”, argumentan las organizaciones de trabajadores.
Entre los razonamientos también está que la Contraloría General de la República, realizó críticas de fondo al proceso de subasta 4G, haciendo un llamado a evitar la subvaloración del recurso estratégico y soberano. Recalcó sobre la reversión de la concesión de licencias a los actuales operadores para prestar el servicio móvil celular y en lo relacionado con el espectro radioeléctrico, cuyas concesiones se vencen en marzo de 2014.
De igual manera, las organizaciones sindicales manifiestan que no puede liberarse más espectro hasta tanto no se definan las condiciones en que los actuales operadores revertirán al Estado colombiano las frecuencias y la infraestructura utilizada para la prestación del servicio; a fin de evitar la prórroga de dichos contratos y poder ofrecer un mejor servicio de telecomunicaciones a los usuarios, garantizando la participación de las empresas públicas y nuevos operadores.
Hacia el monopolio
“Lamentamos que la Ley Antimonopolio en la Comisión Sexta se haya hundido, porque el gran interés nuestro es que no haya prácticas monopolísticas en operadores transnacionales que vienen a lucrase a costa de los usuarios. Eso nos mueve e defender el interés colectivo representado en el espectro radioeléctrico. Es un acto de soberanía”, comentó la presidenta de Sintrateléfonos, Janneth Zabaleta, al explicar su temor por lo que sucederá si la subasta se da.
“El tránsito de usuarios de la telefonía fija a la móvil afectará las finanzas de la ETB, aun cuando tenemos una parte de la plataforma de esa telefonía con Tigo. Si no vamos a tener la licencia y el dispositivo para esos servicios en esos aparatos tecnológicos de cuarta generación, nos veremos muy afectados. Mejor que sean empresas como Emcali y ETB quienes ofrezcan esos servicios”, dice la presidente de Sintrateléfonos.
Ante la pregunta si la ETB tiene la capacidad de ofrecer el servicio, Janneth Zabaleta respondió que han trabajado el operador móvil virtual que hay que seguir potenciando. “Tenemos la disposición y un número importante de clientes en telefonía básica, un millón quinientos, que nos permitiría hacer el tránsito. Por eso no nos pueden meter en un mismo parámetro con las transnacionales. La intención es llegar a prestar esos servicios”, explicó.