Huelga de hambre en Jamundí
El pasado 30 de enero se declararon en huelga de hambre seis detenidas del Pabellón 1 bloque 4 de la cárcel de Jamundí en Cali en el departamento del Valle del Cauca. Así lo informó la Fundación Lazos de Dignidad. Se trata de Jhoana Ortega, Sugey Ávila, Jesenia Vega, Carmen Jiménez, Digna Luz Pinto y Claudia Amaya, quienes decidieron iniciar huelga de hambre debido a la negativa por parte del INPEC de realizar sus traslados, teniendo en cuenta que ellas son madres cabeza de hogar y sus familias viven muy lejos del centro de reclusión, además a estas mujeres se les ha impedido el uso del baño.
Malos tratos en “La Tramacúa”
Los presos recluidos en la cárcel de “La Tramacúa” denunciaron que continúan las graves violaciones a los derechos humanos, a la dignidad humana, la integridad física y la resocialización, entre otros. Frente a la opinión pública se ha dicho que el problema de agua fue solucionado, pero según los detenidos allí, el agua llega solo dos veces al día en el primer piso o patio. Tampoco se ha arreglado la red hidráulica. Los detenidos deben cargar las pimpinas de agua hasta el último piso. En cuanto a la atención de salud sigue siendo un problema, ya que para casos especiales tienen que interponer una acción de tutela y para el acceso a atención médica básica depende del pabellonero para permitir la salida del detenido al área de sanidad.
Dilaciones en juicio contra militares
Los soldados Arley de Jesús Julio, Elver Luis Mendoza Ruiz, Luciano Rojas Jaramillo, Luis Antonio Luque y Eloy Fernando Ortiz, están siendo procesados por el delito de homicidio en persona protegida, por hechos ocurridos el 8 julio de 2008 en zona rural de Yondó, Antioquia. Para esa fecha el campesino Aicardo Antonio Ortiz, de 58 años, fue asesinado en su propia casa y luego presentado por el Ejército como “baja en combate”. Según Humanidad Vigente, el juicio oral que desde 2009 se adelanta en su contra se ha caracterizado por dilaciones injustificadas, estrategias defensivas desleales, hostigamiento e intimidación a testigos e incluso a representantes de las víctimas y fiscales. El pasado 28 enero estaba programada la continuación de la audiencia que había sido suspendida en diciembre anterior. Sin embargo, fue pospuesta otra vez, ya que los soldados procesados no fueron trasladados a la sala donde se llevaría a cabo la diligencia judicial a pesar que la solicitud de remisión se había enviado por el juez desde el 10 de diciembre a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, Caldas.
Indígena condenado por abuso sexual
La Jueza 10 Penal del Circuito de Bogotá condenó a 25 años y 8 meses de prisión al indígena de la etnia Coyaima Misael Poloche por actos sexuales agravados con una menor de edad. Ante la denuncia de la madre de la víctima, el indígena fue capturado y puesto a disposición de la justicia penal ordinaria luego de trabarse el conflicto de competencias, que fue resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura, en el que se le dio autorización y competencia a la jueza para continuar con el proceso. Poloche fue enviado a la Cárcel Nacional Modelo, donde cumplirá la sentencia.
