El Proyecto de Ley 186 de 2023 reconoce el trabajo sexual en el país, pero hay obstáculos para sus debates en el Congreso. La solitaria lucha de las trabajadoras sexuales por sus derechos laborales y humanos se fortalece
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
En el Congreso de la República se radicó el Proyecto de Ley 186 de 2023, el cual busca dignificar el trabajo sexual en el país, de autoría de la Asociación de Trabajo Sexual, Astrasex, la organización Putamente Poderosas, la Sindical Corporación Social Vida sin Fronteras, el Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Antioquia, la Corporación Calle 7 y la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes. Sin embargo, este año, su debate ha sido cancelado varias veces en la Comisión Séptima, sin respuesta por parte del Congreso.
VOZ habló con Carolina Calle, trabajadora sexual, presidenta de la Asociación Sindical de Trabajo Sexual, Astrasex, y directora ejecutiva de la Corporación Calle 7, Organización Base Comunitaria promotora y defensora de los derechos humanos con enfoque diferencial para personas trabajadoras sexuales y sus familias.
¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en este momento?
En este momento estamos en un limbo de la jurisprudencia. En Colombia, la Corte Constitucional se pronunció en el 2010 a través de una sentencia que reconoce los derechos laborales de quienes ejercemos el trabajo sexual. Sin embargo, no se ha avanzado en lo que se necesita.
¿Cómo fue el proceso para el Proyecto de Ley?
Decidimos sentarnos junto al partido Comunes y escribir el Proyecto de Ley 186 de 2023 y, cuando ya teníamos un borrador, lo empezamos a socializar con compañeras de otras ciudades. En Medellín, con Putamente Poderosas; en Cali, con Santamaría Fundación y otras partes de Colombia. Nuestro enfoque es netamente laboral, es un Proyecto de Ley para todas las modalidades de trabajo sexual, con sus enfoques diferenciales y particulares.
¿Qué garantías laborales se exigen?
Lo principal es que se debe reconocer el trabajo sexual como un trabajo. Exigimos, como cualquier otro trabajador y trabajadora del país, tener acceso a la protección social; tener un código específico cuando vayamos a una EPS y para la ARL. Realmente, no se ha tipificado el trabajo sexual, solo hay un código CIIU, el 9609, que no es especial para nosotras, sino que también hay otras actividades y no se tiene el enfoque que se necesita en el trabajo sexual.
Igualmente, buscamos que las personas, que no son independientes, que trabajan en estudios, zonas de masajes, entre otros, tengan el reconocimiento de sus derechos por parte del que las contrata. Esto es un problema latente. Las empresas no están reconociendo a las trabajadoras; las explotan sin ningún tipo de derecho.
Una lucha solitaria
¿Cuáles han sido las principales barreras en el proceso del Proyecto de Ley?
Asociación Sindical de Trabajo Sexual,
Astrasex, y directora ejecutiva de la
Corporación Calle 7. Foto Astrasex
Una de las principales ha sido que muchas compañeras no se reconocen como trabajadoras sexuales. Esto es por el estigma, la discriminación y el perfilamiento que han existido a través de los años hacia las personas que ejercemos el trabajo sexual.
Adicionalmente, hay muchas personas que tienen dinero e influencias y propician situaciones que generan temor de visibilizarse en las compañeras. Un ejemplo de esto sucedió este sábado que llegaron diversas cámaras a grabarnos sin preguntar o sin pensar que muchas de las compañeras tienen esposos que no saben que trabajan en esto y las pueden asesinar. Esta es la realidad de muchas mujeres en nuestro país.
Otro de los problemas en Colombia es que no se quiere reconocer que nuestra actividad es un trabajo; contrario a la explotación y la trata con fines sexuales que son delitos. No quieren llamar a los delitos por su nombre porque a los proxenetas y a las mafias no les conviene eso.
En Medellín, Federico Gutiérrez les quitó el mínimo vital a las trabajadoras sexuales, pero les dio herramientas a los proxenetas y después de eso siguió encontrándose a extranjeros con menores de edad y esto es un crimen.
Usted denunció una situación de vulneración de los derechos de las compañeras de Medellín, cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación?
Presuntamente, la organización antiderechos Empodérame, que tiene mucho poder y dinero, dio a las trabajadoras sexuales una caracterización de explotación sexual, esto es ilógico. Están amenazando a las compañeras para que se reconozcan como víctimas, pues tienen el aval de la Alcaldía de Medellín.
Es muy peligroso que esa organización, que tiene alcance a nivel nacional, sea la encargada de hostigar a las trabajadoras sexuales. Se va en contra de la clase trabajadora y no contra la mafia de proxenetas, violadores y pedófilos.
Antiderechos
¿Cómo responde a las abolicionistas?
Yo les digo a las mal llamadas abolicionistas, porque el abolicionismo viene de la esclavitud, para mí ellas son antiderechos que profesan un falso feminismo, el que les conviene, el de la clase privilegiada.
El negocio de las feministas abolicionistas es el de revictimizar a otras mujeres, es más, de revictimizarse ellas por encima de su salud mental. Sus discursos no tienen sentido, mezclan el trabajo sexual con las violencias que le ocurren a los niños y niñas.
Ignoran completamente la situación de las mujeres, invisibilizan a las víctimas y castigan a las trabajadoras sexuales. Su discurso de que supuestamente somos víctimas y no sabemos qué estamos haciendo es falso. Nos tratan como si no tuviéramos la capacidad de elegir si trabajar o no.
Ellas perpetúan la vulneración de los derechos de nosotras, por supuesto, estamos en una posición vulnerable por esa violencia que hemos sufrido todos estos años por la estigmatización que hay frente a nuestro trabajo.
El debate para el Proyecto de Ley se ha aplazado varias veces…
Estamos sorprendidas. Esto es terrible porque muchos miembros de la Comisión se levantaron exclusivamente para no debatirlo. Sabemos que hay muchos senadores de derecha que están sentados en la Comisión Séptima, pero también hay senadores de izquierda que se levantaron.
Nosotras no tenemos financiación de ninguna índole, pero seguimos en el proceso porque queremos que nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de este país sean reconocidos. Sin cansancio, seguimos en la lucha.
