En Colombia se siguen violando de manera flagrante los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores, quienes deben acudir al Ministerio de Trabajo por medio de querellas y se encuentran con funcionarios con un comportamiento patronal.
Alfonso Velásquez
CEIS-Corpeis
El informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su última conferencia realizada el pasado mes de junio, manifestaba que hoy en el mundo, de cada 10 trabajadores que ingresan a laborar, solo tres tienen contrato de trabajo a término indefinido. La transnacionalización de las economías y las batallas de esas corporaciones por mantener su tasa de ganancia hace que, finalmente, sean los trabajadores los damnificados de las medidas a que obligan a los gobiernos a implantar en sus respectivos países, a cambio de la denominada Inversión Extranjera Directa, IED, que entre otras cosas, en el caso colombiano, no han creado empleos y por lo contrario han destruido empleos.
Hay muchos ejemplos de ello: Michelín (Icollantas), cierra su área productiva en Sibaté y Cali, la traslada a Sao Paulo y desde allí sigue surtiendo el mercado nacional de sus marcas, habiendo terminado los contratos de 450 trabajadores. Mazda cierra sus instalaciones en Colombia y traslada su producción a México y desde allí envía su mercancía al país y deja sin ingreso a 640 trabajadores. Protabaco es comprado por la ETN Brigits Tobacco, cierra sus instalaciones y deja sin empleo a 380 trabajadores (quedan resistiendo 17). Chiclets Adams en Cali hace lo propio, dejando sin empleo a 390 trabajadores y traslada sus operaciones de producción a México dejando la comercialización en el país.
Es posible que cuando la patronal agrupada en el Consejo Intergremial haya logrado que se disminuyan los impuestos al patrimonio, de renta, el CREE, etc., en la muy próxima reforma tributaria mal denominada integral, seguramente regresarán sus operaciones, teniendo una nueva nómina de trabajadores con nuevas condiciones, sin convenciones colectivas, sin organizaciones sindicales y cero kilómetros en materia de antigüedad, logrando mejorar sus utilidades mediante la superexplotación a través de contratos civiles, de corta duración, temporales, los ahora denominados contratos sindicales, etc.
Contratos sindicales Julio 2014 a 30 De Mayo 2015
De esta manera suplantan en la supervisión a la patronal y colocan en ese papel a las organizaciones de los trabajadores, cuyos directivos cobran un porcentaje por administración de los contratos y se desvirtúa totalmente la misión y el papel de los sindicatos, entre otras cosas. Es decir que los gobiernos han sido cómplices (ley 789 y otras contrarreformas) y en eso han ayudado algunos denominados dirigentes sindicales que junto a los patronos han colocado a las nuevas generaciones de trabajadores a devengar la mitad de los ingresos de los antiguos, desarrollando las mismas actividades, coadyuvando con ello a “aliviar” la situación de las empresas y de sus accionistas, con el cuento de generar o mantener los empleos. Pese a ello, la desindustrialización continúa su ritmo negativo y ha disminuido de manera dramática su participación el PIB.
El otro tema es que la negociación colectiva ha ido disminuyendo vertiginosamente y lo que es peor, con el decreto 089 se ha atomizado el movimiento sindical, hay empresas donde hay varias negociaciones y convenciones colectivas y ha ido en crecimiento el número de sindicatos pero menor el número de sindicalizados (en la EAAB hay 13 sindicatos en el aseo y dos en acueducto, en el Inpec hay más de 70, en EPM 2 en Coca cola 8, en las contralorías, en el sector bancario, etc.).
Negociación colectiva
Salud y seguridad social
Hoy de cada cien trabajadores solo 36 aportan para pensión, creando una situación de incertidumbre para las nuevas generaciones y de paso, desfinanciando los recursos que se encuentran en los fondos y pone en grave riesgo el pago de las pensiones de los actuales pensionados. El área de la salud es otro problema gravísimo en la actualidad para los trabajadores.
Como se puede ver (gráfica), el crecimiento de los accidentes de trabajo pone de presente que no existen políticas gubernamentales tendientes a resolver este problema, que en realidad es el de las familias del trabajador, porque una vez accidentado y calificado es factible que vaya a una pensión de invalidez con un porcentaje mínimo que hace insostenible a esas familias que pierden ingreso inmediatamente ocurre el suceso, por cuanto durante las incapacidades solo se pagan unos porcentajes sobre el salario promedio y/o básico con las nuevas normas establecidas por el congreso y gobierno neoliberales.
En Colombia se siguen violando de manera flagrante los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores, quienes deben acudir al Ministerio de Trabajo por medio de querellas y se encuentran con funcionarios con un comportamiento patronal, desdeñan a los dirigentes sindicales y en ocasiones ni siquiera permiten que los órganos de segundo y tercer grado participen en las audiencias que convocan, dándoles eso si, todas las garantías a los representantes patronales.
Los presidentes de las centrales sindicales desde el año 2012 en el marco de la Comisión de Concertación, de común acuerdo con el gobierno y los patronos, colocaron un filtro para las quejas que antes iban de manera directa al Comité de Normas, ese organismo se denomina CETC-OIT y por él han pasado algunos casos. Es tal su ineficiencia que muchas organizaciones deciden resignar sus quejas ante la ineficacia de tal mecanismo. Se necesita que el sindicalismo levante una propuesta alternativa para lograr que se allegue de manera directa ante la OIT sus quejas, puede ser a través de la Federación Sindical Mundial que no se ha sometido a tal intermediación.
Actividad CETC-OIT 2012 – 2015 resumen anual
Cuando no es posible llegar a acuerdos directos entre las partes, se tienen que someter a tribunales de arbitramento que demoran en integrarse. Cuando se integran, un año y mas, mientras es sometido a los recursos de reposición y subsidiario de apelación que transitan con la velocidad de tortuga por los vericuetos de la burocracia. En muchas ocasiones cuando se logra integrar y se decide un laudo arbitral, es sometido a que la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral emita una sentencia, que luego de dos largos años o tres en promedio, deja en firme el contenido de un pliego de peticiones. Es tan largo en el tiempo el ejercicio, que cuando transita a “cosa juzgada” ya no hay a quien aplicárselo porque los trabajadores que fueron sindicalizados ya han sido despedidos o sometidos por la patronal a un pacto colectivo, cuando no, los mercaderes del trabajo lo involucran en un contrato sindical. ¿De verdad a esto le llaman garantías sindicales?
