Las decisiones tomadas en los últimos días por la Jurisdicción Especial para la Paz demuestran el compromiso con la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
A raíz de la negociación entre las FARC–EP y el Gobierno nacional, se acordó el tránsito a la legalidad y/o reincorporación de los excombatientes a la vida civil. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 instruyó que las víctimas fueran el centro de todo este ejercicio.
De esta manera se edificó el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y de Garantías de No Repetición, que se ve materializado en la creación distintas instituciones, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la cual, trata la situación jurídica de los que están sometidos ante esta entidad, militares, excombatientes y demás actores activos del conflicto armado.
Asimismo, está la Comisión de la Verdad, que funcionó como un órgano de investigación para establecer los hechos. Su tiempo de vigencia terminó el año pasado con la presentación del informe final sobre el esclarecimiento de las causas y motivos del conflicto armado y sus consecuencias.
Por otro lado, está la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, donde la intencionalidad humanitaria y extrajudicial es investigar y coordinar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas dentro del marco del conflicto armado.
Estas tres instituciones tienen como objetivo principal la reparación y satisfacción de los derechos de las víctimas. Ahora bien, la JEP ha demostrado su efectividad en los juzgamientos hacia los actores del conflicto armado. En los últimos días se ratificó su compromiso con los hechos fundamentales de justicia, verdad y reparación.
Montoya dio la orden
El miércoles 30 de agosto, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó cargos a título de autor al excomandante del Ejercito Nacional, Mario Montoya y otros ocho militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad por su responsabilidad en 130 “falsos positivos” entre el 2022 y el 2003 en Antioquia. La presión por muertes en combate se consolidó con el mensaje de “querer litros y barriles de sangre”, puesto que eso era el único indicador de éxito para obtener beneficios.
“La Sala determinó que el general (r) Montoya Uribe 1) presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos, para que produjeran bajas a toda costa. 2) Empleó constantemente, cuando se dirigía a sus subordinados, un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal y 3) rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolas resultados operacionales indeseados”, menciona la Sala de Reconocimiento del alto tribunal de paz.
Esto evidencia el patrón de criminalidad en el Ejército, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el batallón IV Brigada. “Con el caso del general Montoya se demuestra cómo las instituciones militares tenían una orientación y una directriz para asesinar a los jóvenes. Hay una política de Estado en el interior de las instituciones para asesinar a la población civil y mostrar estos resultados como victorias frente a la sociedad”, comenta José Borja, abogado de la JEP en el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de los firmantes del Acuerdo de Paz por parte de las FARC.
La magistrada Catalina Diaz explicó que el general en retiro mintió sobre el número de bajas y encubrió los casos de extralimitación del uso de la fuerza. Al respecto, Borja asegura que las investigaciones que se le está dando a los militares en la JEP es diferente a los demás: “hay un tema muy interesante sobre las investigaciones a los militares y es que comenzaron de abajo, los que estaban en la zona de combate hasta el mando superior, a diferencia de las FARC, donde se está investigando los crímenes desde el mando superior, desde el secretariado y de ahí se han vertido responsabilidades a los mandos medios”.
Esto demuestra lo que representan políticamente, mientras que los comandantes de las FARC contribuyen al esclarecimiento de la verdad como consecuencia de los Acuerdos llegados con el Estado, en contrario sensu, los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía en su postura de defensa del Estado asimilan que los hechos de lesa humanidad eran normales, porque estaban desarrollando la política de defensa de las clases dirigentes.
Expulsado de la JEP
El 16 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, expulsó al general retirado Jesús Arias Cabrales por vulnerar el régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes, la cual es decir la verdad detallada, exhaustiva y plena.
Mediante la Resolución 1063 del 16 de marzo de 2023, la Sala aseguró que, “la magistratura determinó que el compareciente no tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal”. Arias ya estaba condenado por la justicia ordinaria como coautor de la desaparición forzada. La decisión fue tomada puesto que el general no dio la información necesaria sobre el alistamiento y reacción del Ejército para repelar las acciones del M-19 en el Palacio de Justicia.
No obstante, Arias presentó un recurso de apelación sobre la decisión, sin embargo, la JEP, el 28 de agosto de 2023, ratificó su decisión de expulsión ya que no aportó información sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia.
La decisión demuestra el régimen de condiciones del tribunal, donde el centro será la respuesta y el esclarecimiento de la verdad para la reparación de las víctimas del conflicto armado en el país.
Las revelaciones de Jattin
Zulema Jattin, excongresista, procesada por parapolítica saldrá en libertad transitoria y condicional por parte de la JEP, la decisión fue ratificada mediante resolución 2785 de 27 agosto de 2023 ya que ha ayudado con el esclarecimiento de la verdad en su proceso.
De acuerdo con las declaraciones de Jattin, en la campaña presidencial de 2002, ella se habría reunido con Álvaro Uribe Vélez, donde le comentó que los paramilitares en Córdoba no la estaban dejando hacer política, a lo cual el candidato presidencial respondió que lo mejor era no denunciar.
“Entre los dos fuimos a El Ubérrimo en enero de ese año, le contamos al candidato presidencial por lo que estaba pasando en Córdoba y en Sucre, con nombres propios (…) y él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no solo fuera mi testimonio de la prohibición, de la prohibición de ser proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara esa prohibición.(…) Pero eso era imposible en ese momento, y me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, pues él creía que lo mejor fuera que no”, fueron las declaraciones de la excongresista ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
A estas revelaciones, la compareciente expresó que Uribe hace esas sugerencias porque se trataba de intereses políticos. Esto confirma lo que ya a voces la sociedad colombiana sabía, como el paramilitarismo determinó de manera radical en la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia.
