Los cuerpos sin vida encontrados en bolsas en las localidades de Mártires, Kennedy, Suba y Engativá, en lo corrido del año, han alarmado a la ciudadanía y se suman a los crímenes continuos en la capital. Se espera una acción efectiva de la administración distrital que elimine esta violencia
María Galeano
El año pasado, según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jorge Eliécer Camargo, cerró con 1.126 homicidios, mientras que en el 2019 se habrían registrado 1.052 casos, indicando un aumento del 7% de los homicidios en la capital para el 2021. Para estos años ya se venían presentando casos de cuerpos hallados en bolsas, desmembrados o asesinados con sevicia en varias partes de la ciudad en las denominadas “casas de pique”. Y, aunque dichos lugares ya se habían denunciado en la administración de Enrique Peñalosa, estas habían sido negadas por el mandatario y lo mismo señaló la actual mandataria de Bogotá el año pasado cuando nuevos indicios sobre la existencia de las casas de tortura y desmembramiento se hicieron públicos.
Crímenes con sevicia en la capital
Lo cierto es que, en lo corrido del año 2022, aunque las cifras muestran una disminución de los hechos de homicidio en relación al año anterior, como se refleja en las cifras manejadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, los casos que se presentan dan cuenta de un tratamiento poco visto en la capital, y más bien asemejados a las prácticas utilizadas por los grupos de narcotraficantes y paramilitares en los peores momentos de la violencia en otras regiones del país. Estamos hablando de 28 cuerpos mutilados, quemados y embolsados, uno de ellos con más de 116 puñaladas, y que se han abandonado, no solo en zonas marginales de la ciudad, sino también en zonas que hacen parte del corazón de la capital, como Chapinero y, en la autopista norte.
Al respecto de la situación, el pasado 11 de septiembre en una rueda de prensa, el comandante de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, expresó que “en cuanto a las casas de pique, en trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, se ha logrado ubicar a partir de medios técnicos y la colaboración ciudadana, casas donde se han realizado los homicidios de estas personas”. En esa misma semana se habría allanado una vivienda en la localidad de Chapinero, en la Avenida Caracas # 65-15, aparentemente se habrían cometido allí los cuatro asesinatos de las personas que se encontraron en 15 bolsas en las localidades de Suba y Engativá. Las otras viviendas allanadas están ubicadas en El Amparo, Patio Bonito y San Bernardo. Una de ellas en donde alias Alfredito, integrante del ‘Tren de Aragua’ fue capturado el año pasado y en donde habría grabado el asesinato de un joven.
Según la alcaldesa Claudia López, existen grupos delincuenciales, nacionales y transnacionales que se disputan las redes de narcotráfico. Aseguró que detrás de las muertes en la ciudad, están los integrantes del ‘Tren de Aragua’, “Es una estructura criminal venezolana, (…) que da órdenes para cometer crímenes en Bogotá y Colombia” aseguro la mandataria. Pero esta es una situación que, como dice la misma ciudanía, no se soluciona, llamado al vecino país a cooperar, como lo expresó la alcaldesa.
Un llamado a caracterizar y frenar el crimen
Además de estos múltiples crímenes que se han presentado, las amenazas de la ciudanía ubican otras acciones que llaman a la alcaldía a realizar un análisis más amplio de la inseguridad en la ciudad.
Por un lado, el pasado mes de agosto, según informó el Defensor del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, se ha llamado la atención sobre los riesgos en Bogotá, y afirmó: “se observa una continuidad de la violencia debido a la presencia de las autodenominadas AGC y la configuración de una red criminal en la que se articulan estructuras y grupos delincuenciales locales; en este sentido, la relación de las AGC y la Oficina de San Andresito surge con la consolidación del Bloque Capital de las AUC a principios de la década 2000 – 2009; por tanto, es muy posible que quienes ejecutaran la masacre pertenecieran a una estructura enemiga que pretende disputarle el control de las rentas ilegales a la red criminal bajo el control de las AGC, por lo cual no se puede descartar ninguna hipótesis, incluso la participación de disidencias FARC o de organizaciones de crimen transnacional como el «Tren de Aragua»”.
Y, a través de su cuenta en Twitter, el representante a la cámara, Gabriel Becerra, de la Unión Patriótica, hizo un llamado público ante la presencia de bandas criminales y paramilitares que azotan a la ciudad y que vienen amedrantando a líderes sociales. “Hago pública esta denuncia por hechos de amenazas de muerte y hostigamientos contra el presidente de la JAC de Prado Pinzón, y militante de la Unión Patriótica, luego de denunciar la presencia de bandas de microtráfico en su barrio. Alertamos a las autoridades para que tomen medidas urgentes”. Estos hechos, como señala el defensor, pueden estar ligados a la oleada de crímenes que hoy vive la capital del país y ameritan una mayor atención a las alertas generadas desde la Defensoría del Pueblo, como lo indica el defensor, Carlos Camargo.
