La próxima Cumbre de las Américas y la crisis petrolera por las sanciones a Rusia sirven de marco a las disposiciones de la Casa Blanca
Ricardo Arenales
Con una diferencia de un día, la administración del presidente Biden anunció la decisión del gobierno norteamericano de introducir un leve matiz de alivio a las duras sanciones económica, financieras y comerciales que gobiernos anteriores habían impuesto a Cuba y Venezuela, en un desesperado, pero frustrado intento por derrocar a los gobiernos soberanos de las dos naciones.
El lunes 16 de mayo la Casa Blanca expresó su decisión de restablecer los vuelos comerciales y chárter hacia Cuba, la suspensión del límite del envío de remesas por parte de familiares, que estaba en mil dólares trimestrales, así como retomar el programa de reunificación familiar permitiendo que se vuelvan a expedir visas de ingreso a los Estados Unidos.
Veinticuatro horas más tarde, un despacho de prensa que después fue confirmado por Juan González, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental dio cuenta de que Washington autorizaba, a partir de ese momento un alivio parcial de las “sanciones” ilegales que recaen sobre Venezuela y su sector petrolero.
Interviene la Chevron
Del lado venezolano, la misma versión fue confirmada por la vicepresidenta Delsy Rodríguez. Son varios los movimientos que han forzado a Washington a dar este paso, que lo lleva a reconsiderar su política de agresiones contra Venezuela y a reconocer una situación desastrosa marcada por el alza global de los precios del petróleo por causa del asedio económico imperial a Rusia.
En primer lugar, la empresa Chevron, la única norteamericana que mantuvo presencia en Venezuela a pesar de las sanciones, había pedido a la administración norteamericana un mayor espacio de acción, frente a lo cual se atravesaban las sanciones. Había que crear un mecanismo de negociación con PDVSA. Siendo así, Chevron dijo estar en condiciones de duplicar en poco tiempo la producción petrolera venezolana, lo que le permitiría a Estados Unidos sustituir al menos 700.000 barriles diarios, de los que antes importaba de Rusia.
La posición de Chevron comenzó a tener resultados, en la medida en que encontró comprensión en círculos de la Casa Blanca. Lo ideal era que Biden levantara todas las sanciones a Venezuela, que políticamente resultaron inocuas. Pero dar ese paso le podría ocasionar un enorme costo a Biden en un año electoral en el que se renueva el congreso.
Desgaste de las sanciones
En abril pasado 25 opositores venezolanos ligados a la empresa privada y a los medios de comunicación dirigieron una carta a Biden solicitándole el levantamiento de las sanciones, debido a su impacto negativo en el bienestar de la población. Este gesto, además de enfurecer al sector más recalcitrante de la derecha del país suramericano, muestra que la política agresiva de Washington ha perdido respaldo en un sector importante de la oposición venezolana.
También en Estados Unidos, 18 congresistas del Partido Demócrata ubicados en el ala más a la izquierda de la organización, enviaron una carta a Biden en la que le exigieron el levantamiento, sin condiciones, de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
En relación a Cuba, la posición del gobierno de la isla fue expresada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien fue franco en afirmar que “las medidas anunciadas no son un cambio radical” para el país.
El viceministro recordó que en la época del presidente Obama también se anunciaron medidas hacia Cuba, algunas de las cuales se demoraron meses en implementarse, y otras nunca llegaron a hacerlo. “Por tanto, para uno poder medir el alcance de las medidas anunciadas el lunes por el Departamento de Estado, hay que esperar”.
Medidas aún por definir
No obstante, lo más importante a tener en cuenta, según el viceministro, es que el bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba no se ha levantado. “Las medidas no representan ni siquiera un alivio del bloqueo, que como sabemos está respaldado por la legislación estadounidense y se ha reforzado en los últimos años”.
El vicecanciller enfatizó en que las medidas anunciadas no sacan a Cuba de la lista espuria del Departamento de Estado de las naciones que supuestamente son patrocinadoras del terrorismo, “que es una lista unilateral, arbitraria y selectiva, y cuyo impacto no es sólo que constituye una calumnia contra Cuba, sino que tiene un impacto económico y financiero severo”.
Fernández de Cossío explicó que a los ciudadanos estadounidenses les sigue estando prohibido viajar a Cuba, a no ser que cuenten con una licencia especial, pero, en ningún caso, ese permiso puede ser para realizar actividades de turismo. Al mismo tiempo, con excepción de algunos alimentos, el comercio bilateral se mantiene prohibido, manifestó. “Cuba no puede comprar en EE.UU. ni vender nada allá”. “Las medidas anunciadas este lunes son de flexibilización, son excepciones, que estamos por ver qué significan”, puntualizó.
