Manuel Antonio Velandia Mora
Con ocasión del homicidio del joven Felipe Garzón, en un apartamento ubicado en el Barrio Las Nieves de la Localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, y de René Estrada Vélez de 44 años, en Barranquillas, este sábado 17 de diciembre, son dos asesinatos en esta semana y suman 112 los asesinatos de personas de los sectores LGBTI que se han presentado durante el año 2022 en Colombia.
La Plataforma Nacional LGBTI por la PAZ, integrada por Organizaciones de Base Comunitarias – OBC; Redes; Colectivos y Organizaciones No Gubernamentales – ONG; Consejeros/: Distritales, Municipales y Departamentales de los Consejo Nacional, Departamentales, Nacional, Municipales y Distritales de Paz, Reconciliación y Convivencia; Representaciones LGBTI de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano; Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; Activistas Sociales y Políticos; Activistas Independientes; y Ciudadanos y Ciudadanas de los Sectores Sociales LGBTI y de las diversidades de géneros y cuerpos de todo el país, emitimos el presente comunicado a la opinión pública:
Colombia es un Estado Social de Derecho, que, entre otros principios fundantes, se encuentra el respeto por la dignidad humana, así lo establece la constitución política, y por ende debe dar garantías frente a la vida, la seguridad, la no violencia y discriminación de ningún tipo, en coherencia con los derechos fundamentales establecidos en la carta magna.
El primero de esos derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución política, es el derecho a la vida; ¿Dónde están las garantías del derecho fundamental a la vida del joven Felipe Garzón y de René Estrada Vélez? ¿Dónde están las garantías de más de 110 hermanas y hermanos de los sectores sociales LGBTIQ+ que han perdido sus vidas de manera violenta en múltiples territorios de la nación durante este año? ¿Por qué razón, si evidenciamos los mismos modus operandi en la mayoría de estos homicidios que afectan mayoritariamente a Hombres Gay, y Personas Trans, no se está haciendo una debida investigación de parte del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación?
Es que no se trata solo de la muerte de este joven, se trata de la pérdida de la vida de muchas y muchos de nosotros, pues durante el 2022 se han duplicado los asesinatos en comparación con año 2021, evidenciando un incremento en la violencia basada en Género, por Orientación Sexual e Identidades de Género en contra de las personas de los sectores sociales LGTBI y de las diversidades de géneros y cuerpos.
La igualdad, no solo es un derecho fundamental junto al derecho a la vida descritos en los artículos 11 y 13 de la Constitución política, sino que también es un principio rector descrito en el preámbulo; el cuál funge como fundante del Estado; ¿por qué no vemos que ese principio rector se esté aplicando en los casos, en su mayoría impunes? El calificar los casos como “crímenes pasionales” no solo reduce la dignidad de una persona que ya no se encuentra con nosotros/æs en este plano existencial, sino que también, condena a nuestros/æs jóvenes a la incertidumbre de un futuro incierto. Vivimos una condena a la incertidumbre y a la vivencia de nuestros deseos y placeres en medio de riesgos y temores. Ya muchas y muchos tenemos miedo. ¡No sabemos quién podrá ser la persona asesinada el día de mañana!
Además, la categoría de “crímenes pasionales” limita el acceso a la justicia de las personas de nuestro sector, debido a que invisibiliza los contextos sociales que incrementa la vulnerabilidad y el riesgo de asumir una Orientación Sexual e Identidades de Género Diversas, en el marco de una sociedad machista y patriarcal, y tampoco permite la implementación del enfoque diferencial, como lo ordena el artículo 13 de nuestra constitución.
Las personas de los sectores sociales LGTBIQ+ y de las diversidades de géneros y cuerpos, tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a amar, tenemos derecho a soñar con construir un futuro libre de violencias y discriminaciones, justamente la mayoría de víctimas de este año que aún no termina, son jóvenes, vulnerables, trabajadores sexuales, modelos webcam, mujeres trans y hombres gay en contextos de alta fragilidad social, son los grupos de mayor vulnerabilidad ante la posibilidad de ser asesinados/æs o afectados/æs gravemente en su integridad y honra, esas muertes nos duelen a todos/æs.
Dejar pasar estos crímenes, hace pensar que los esfuerzos por parte de la Fiscalía y el acceso a la justicia son insuficientes, evidenciamos la conexión que existe en los casos que de homicidios contra personas de los sectores sociales LGBTIQ+ e interpretamos como actos de negligencia tanto el aumento en la frecuencia de estos hechos como la ausencia de los análisis de los contextos criminales que nos afectan y que está costando la vida de cada vez más personas como Felipe Garzón y René Estrada Vélez; finalmente la paz, también es un derecho fundamental al que le apostamos ejercer y gozar en nuestras vidas.
Por todo lo anterior exigimos a todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), en particular al gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales y distritales, lo siguiente:
- Exigimos que el Estado cumpla la obligación estipulada en el artículo 13 de la Carta Magna, de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de adoptar medidas en favor de los distintos grupos discriminados o marginados, así como de sancionar los abusos y maltratos que contra ellos se cometan;
- Al Consejo Superior de la Judicatura a presentar el avance y el estado procesal de los distintos crímenes similares que han segado la vida de las personas de los sectores sociales LGTBI y de las diversidades de géneros y cuerpo en el territorio nacional;
- La no minimización de los actos de discriminación, tomando en cuenta que la discriminación se encuentra tipificada en el artículo 134A de la ley 600 del 2000;
- El esclarecimiento de los asesinatos y la condena de las personas victimarias;
- Activar las Mesas de Casos Urgentes tanto a nivel nacional, distrital, departamental y municipal con participación de los sectores sociales LGTBIQ+ para articular las acciones de autoridades de gobierno, fiscalía, policía y demás entidades encargadas para responder los casos de violencia de sufrimos y con el objetivo de prevenir próximos casos que nos genera dolor y temor; aproximar nuestras necesidades en seguridad y priorizarlas como SUJETOS/ÆS ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL redundando en acciones concretas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los próximos planes de desarrollo de los otros niveles territoriales a ser adelantados en la vigencia 2024;
- Rechazar las acusaciones sobre las víctimas respecto a su responsabilidad en los casos de violencia que enfrentan. Esta revictimización termina justificando las violencias que ellas sufren. Nadie merece ser víctima por el ejercicio de sus derechos sexuales.
- Exigimos una regulación a las redes sociales y plataformas de citas para que se fortalezcan los mecanismos de identificación de sus usuarios. De igual manera, que se establezcan mensajes de advertencia sobre los riesgos del uso de este tipo de plataformas, por lo cual exigimos estrategias de promoción y autocuidado para el manejo de estas aplicaciones de encuentro;
- Demandamos del Estado Colombiano promover estrategias de autocuidado y seguridad con enfoque diferencial para nuestra comunidad, dejar de mirar con la perspectiva moralista debido a que la tecnología irrumpió en nuestra vida cotidiana, modificando la manera como los seres humanos se relacionan hoy en día y que las plataformas de encuentro exponen a las personas a situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
- Hacemos un llamado a la Fiscalía para adelantar con celeridad y prontitud las investigaciones de las personas que atentan contra nuestra integridad. Al igual, un respetuoso llamado a los/æs jueces de la República para establecer las condenas que se tengan lugar según el ordenamiento jurídico: e
- Imponer controles a estas aplicaciones tendientes a caracterizar y reducir la prevalencia de incidentes delictivos en colaboración mancomunada entre las autoridades y la sociedad civil.
Invitamos a los partidos políticos, líderes políticos y a las personas que disputarán las próximas elecciones regionales a escuchar nuestras necesidades e incluirlas en las agendas ciudadanas de política pública a ser desarrolladas. Exigimos nos miren, nos visibilicen, nos den garantías de vida, de no repetición y se establezcan las reparaciones a nuestras familias y deudos.
¡NUESTRAS VIDA, SUEÑOS Y DESEOS VALEN, SOMOS HUMANOS Y TENEMOS DERECHOS!
