Ante posibles casos de corrupción, el Partido Comunista pide que se investigue, caiga quien caiga
José Ramón Llanos H.
El Partido Comunista de Chile ratifica su apoyo a Gabriel Boric. Como siempre y en todos los países, la prensa burguesa tergiversa los hechos para sacar provecho de cualquier supuesto entuerto cometido por los sectores progresistas y auténticos demócratas.
Es lo que acontece con el llamado Caso Convenios. En síntesis, varias ONG regionales obtuvieron recursos oficiales que solo utilizaron parcialmente en los objetivos para los cuales debían ser empleados. Una parte de los dineros se desviaron a cuentas personales de los gestores.
El Caso Convenios
Tal sucedió con parte de los 476 millones de pesos chilenos, equivalentes a 554 mil dólares, entregados a la ONG Democracia Viva. El dinero lo adjudicó la secretaría regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda a Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, perteneciente al Partido Revolución Democrática y cónyuge de la diputada Catalina Pérez, militante de la misma colectividad al cual está vinculado Giorgio Jackson, ministro que renunció el viernes 11 de agosto.
Boric inmediatamente nombró una comisión de probidad, presidida por María Jara, directora de la ONG Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional.
Jara declaró para CNN: “Las instituciones van a determinar si se ha producido algún delito o infracción administrativa, pero creo que estamos ante un caso de corrupción”. Aunque esta comisión genera confianza y credibilidad en cuanto los resultados de las investigaciones, el caso Convenios ha deteriorado la confianza y el prestigio de Gabriel Boric.
La encuesta Cadem del 14 de agosto del 2023 arrojó los siguientes resultados: el 28 por ciento aprueba su gestión y su desaprobación subió dos puntos, llegó al 66%. Un 61 considera que el país está peor que hace 10 años, un 23% cree que está mejor y un 16% que lo ve igual.
Declaración del PCCh
El Partido Comunista de Chile, aunque había fijado su posición frente al espinoso asunto, por medio de sus consejeros regionales comunistas, Bancada CORES, reiteró su posición sobre el asunto e hizo unas propuestas que contribuyen a evitar hechos como el sucedido, que atentan con la pulcritud pública y ponen en riesgo los recursos estatales.
En el mencionado comunicado del 11 de agosto, el PCCh expresó: “1. Apoyamos enérgicamente las investigaciones en curso y procesos administrativos que ayuden a transparentar y corregir situaciones irregulares o de corrupción y que se persiga con todo el rigor de la ley cualquier acto de corrupción, CAIGA QUIEN CAIGA. (Mayúsculas sostenidas de la declaración).
- Apoyamos al Gobierno del presidente Gabriel Boric y condenamos la mala intención de la derecha de desinformar al pueblo, a sabiendas de que el “mecanismo” que favoreció las asignaciones a los Gobiernos Regionales, GORES, a fundaciones fue hecho e implementado por gobiernos anteriores. Precisamente este gobierno fue el que eliminó esa glosa en el presupuesto 2023 incorporando incluso mayores exigencias a estas transferencias”.
En el comunicado, también el Partido sugiere reformas que impidan la repetición de acciones del tipo caso Convenios. Propone que todo proyecto o iniciativa que implique transferencias a las regiones “que las consejeras y consejeros regionales vuelvan a votar todo proyecto dirigido a esa región”. De esta manera, los gobernadores no seguirán ordenando la forma en que se invierten esos recursos.
Además, “que las transferencias de recursos hechas mediante convenios con entidades privadas sean asimiladas al sistema de compra aplicando así transparencia y concursabilidad en la asignación de recursos como en la decisión de los ejecutores”. Sugieren exigir experiencia en las actividades en que se concurse para ejecutar obras en las regiones.
Consecuencias de la renuncia de Jackson
La renuncia del ministro Giorgio Jackson, que debió darse mucho antes, cambió radicalmente el panorama político prevaleciente en Chile en los últimos dos meses, mientras la academia, los políticos, los economistas debatían en torno a los supuestos actos de corrupción atribuidos irresponsable y maliciosamente a todo el gobierno de Gabriel Boric.
Inmediatamente se acabó el pretexto usado por los partidos de derecha para no someter a debate en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley sobre Rentas Regionales. Igual táctica se le ha aplicado al Proyecto sobre las Reformas al Sistema de Pensiones, que fue impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.
Por esa razón, los sectores progresistas y personalidades como la expresidenta Michel Bachelet, apoyan a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en su llamado de urgencia al parlamento para que apruebe rápidamente el proyecto pensional. Bachelet expresa que el sistema debe ser reformado, “ya que tiene un problema de origen, fue impuesto en la dictadura. Se necesita un sistema previsional que mejore las pensiones, que permita resolver el problema de los actuales jubilados. Porque por algo ese empleado trabajó mucho tiempo en beneficio del patrón. El debate ha sido largo y no se puede seguir alargando porque los trabajadores no pueden seguir esperando”.
Otros políticos progresistas apoyan las peticiones del PCCh y sectores de la academia que expresan su total acuerdo con lo que ha reiterado la expresidenta Bachelet cuando dice “necesitamos un gran acuerdo nacional, necesitamos que sea un acuerdo aprobado en el parlamento y que todos los sectores políticos estén disponibles para sentarse a la mesa y que no piensen solamente en sus propios intereses, sino también en la calidad de vida de las personas”. Estas declaraciones fueron recogidas por varios medios chilenos.
Una posición honesta
Otra consecuencia de la renuncia de Jackson es que, tan pronto fue conocida, el Partido Acción Constitucional renunció a denunciar al exministro porque por fin él “asumía su responsabilidad política ante la cuestión de Convenios”. Debemos reconocer que Jackson, se demoró en su decisión, que, sin quererlo, por su permanencia en el gobierno, estaba saboteándolo.
Los hechos relacionados con el “caso Convenios”, como los llaman todos los medios y las autoridades de control y los investigadores afectaron de manera grave la imagen y el prestigio del gobierno del Frente Amplio.
Este error lo reconoce en el texto de su renuncia a la cartera de Desarrollo Social, como se lee en la carta publicada por El Mercurio, por La Razón y otros medios escritos y televisivos del país: “Doy un paso al costado tras constatar que mi presencia en el gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile demanda y en los acuerdos que Chile requiere”.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, en una decisión de gran honestidad, al reconocer que estos hechos presumiblemente delictuosos se venían cometiendo desde el gobierno de Piñera, anunció que realizará una auditoría a todos los convenios firmados por el Ministerio de Vivienda con fundaciones entre el año 2021 hasta la fecha.
