Son justas, ahora más que nunca, las reclamaciones de la comunicad araucana, de que la solución al conflicto son los diálogos de paz con los nuevos actores armados y una inversión social real en la zona
Alberto Acevedo
Si quisiéramos dar una mirada más amplia a la compleja situación que se vive en Arauca y sus repercusiones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, es preciso intentar abarcar al menos cuatro o cinco aspectos neurálgicos, que aportarían algunos elementos no solo para entender la situación, sino para intentar una solución.
Estos flancos de análisis serían: a) el aspecto operacional de la fuerza pública tras los últimos hechos de violencia; b) la estrategia de guerra contra el proceso de paz; c) la táctica de represión de la fuerza pública y del aparato judicial, que victimizan al movimiento social; d) el favorecimiento que una política contrainsurgente hace a las grandes empresas transnacionales petroleras que operan en la región y, finalmente, e) las repercusiones internacionales que un escalamiento de la guerra y el conflicto tienen en el ámbito internacional.
En relación al aspecto operacional, se entiende bajo la óptica del gobierno y el acompañamiento de la gran prensa oficiosa, que se limitan a mostrar el agravamiento de la situación de conflicto como producto del enfrentamiento entre fuerzas del ELN y de las disidencias de las FARC en la región, porque, supuestamente ambas organizaciones aspiran al control territorial para sacarle réditos al narcotráfico.
Vía equivocada
Y aunque el enfrentamiento es real, este constituye apenas una parte en las causas del conflicto. Pero hablamos de las medidas del gobierno Duque. Ante la explosión de un carrobomba y las sucesivas muertes de personas y atentados contra estaciones y campamentos de la fuerza pública, la Casa de Nariño optó por una mayor militarización de la región y la imposición del toque de queda y las restricciones a la movilización de la población en varios municipios.
La militarización, históricamente, nunca ha sido la solución a los problemas de orden público ni a la solución de los agudos problemas sociales, como los que vive Arauca en la actualidad. Ha sido una fórmula gastada y desacreditada. El conflicto armado y los problemas sociales, aparejados de la mano, no se han solucionado en más de cinco décadas por esta vía.
Incluso por el año 1989, el gobierno de la época ensayó la fórmula de nombrar como intendente (gobernador) a un coronel del ejército nacional, el oficial Fernando González Muñoz, que buscó “resultados operacionales” frente a la insurgencia. El oficial gobernador llegó a decir que Arauca era garantía de estabilidad y seguridad. Sin embargo, el departamento hoy continúa desangrándose.
Herido el ego presidencial
La experiencia del presidente Iván Duque en la actualidad muestra que el uribismo no renuncia al expediente de la guerra, el mismo que fracasó en medio siglo de conflicto. El mandatario, después del estallido de un carrobomba en Arauca, convocó y presidió un consejo de seguridad en el que tomó una serie de medidas, como el toque de queda y el envío de nuevos batallones militares, que finalmente castigan a la población civil.
Militarmente, el resultado fue un fiasco. Los atentados contra unidades militares no cesan, tampoco los crímenes contra líderes sociales; aumenta el número de desplazados y, lo que es más vergonzoso y humillante para el ego presidencial, el ELN publicó fotografías de unidades guerrilleras patrullando en zonas urbanas del departamento, en las barbas del presidente, casi en el momento en que realizaba su consejo de seguridad.
Otra realidad de esta situación es que Arauca se ha convertido en escenario de guerra contra los movimientos y liderazgos sociales en la región. En momentos en que se conocieron los Acuerdos de La Habana, allí se pusieron en marcha procesos alternativos que desarrollan las bases para la edificación de una nueva sociedad.
Operación de falsa bandera
A partir de las organizaciones comunales y comunitarias se impulsaron empresas que tienen que ver con recolección de basuras, redes de acueducto, cadenas alimenticias, generación de empleo y mejoras en servicios de salud, educación y vivienda.
Las amenazas de muerte a los líderes sociales por parte de grupos armados, principalmente paramilitares, pone en peligro todos estos proyectos y coloca a los movimientos sociales como escenario de guerra.
En este sentido, los operativos militares en gran escala en Arauca, que en la última semana amenazan con extenderse a otras regiones del país, especialmente Cauca, Nariño y Chocó, actúan como lo que en la guerra contrainsurgente se denomina una operación de falsa bandera contra el conjunto de los acuerdos de paz de La Habana y las herramientas de justicia transicional de allí emanadas.
En contravía de la Historia
Ciertamente, el actual gobierno uribista quiso al comienzo de su mandato desmantelar el conjunto de acuerdos de La Habana y ahora pretende negar el carácter político de los actores armados, metiéndolos en el mismo costal, reduciéndolos a simples grupos delincuenciales organizados y homologando las guerrillas políticas a meros carteles del narcotráfico y bandas criminales.
El mismo gobierno Duque estigmatiza a las organizaciones sociales tildando a sus líderes de auxiliadores de las insurgencias armadas con el fin de aislarlos y afectar su acumulado político. El presidente desautorizó públicamente a un alcalde que insinuó un proceso de diálogo con la insurgencia en su jurisdicción, y varios mandatarios regionales han parado en la cárcel porque supuestamente cohonestan a los insurgentes.
El conflicto en Arauca trasciende las fronteras nacionales. En primer lugar, actúa como un torpedo contra la posibilidad de reanudar relaciones fraternas con el hermano pueblo venezolano y su gobierno, un reclamo de un número cada vez mayor de ciudadanos en Colombia.
Por el diálogo y la paz
Pero actúa además colmo elemento desestabilizador del gobierno bolivariano de Venezuela, una aspiración a la que Iván Duque no ha renunciado a lo largo de su maltrecho mandato. Dos tesis al menos plantean las autoridades del vecino país y sus organismos de inteligencia. Una, la existencia de los denominados TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia), una mixtura de carteles de la droga y disidencias cooptadas por el gobierno de Bogotá y organismos norteamericanos de inteligencia, para que actúen como caballo de Troya contra el gobierno de Maduro.
Y otra tesis, que el gobierno Duque estaría actuando como quinta columna de la OTAN para crear teatros de operaciones de guerra en América Latina, comenzando por Venezuela. Por eso son justas, ahora más que nunca, las reclamaciones de la comunidad araucana, de que la solución al conflicto son los diálogos de paz con los nuevos actores armados y una inversión social real en la zona, que alivie las calamitosas necesidades de la población. Una solución que, por cierto, ha recibido el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
