Si la política impositiva va a ser fuente de recursos para la paz, debe ser más justa, más equitativa y redistributiva, con mayor gravamen a la renta de manera diferenciada, donde pagan más las grandes utilidades, mantener el IVA, subir el monto de la declaración personal a cinco millones de pesos.
Nelson Fajardo
Es conocido que el proceso de paz que avanza con las FARC-EP tendría un costo aproximado de 160 billones de pesos, para ejecutar las decisiones acordadas en los diálogos de La Habana. Recursos que se invertirían en 10 años; es decir, 16 billones de pesos anuales. El monto sería superior si se entablan diálogos con el ELN y el EPL, si se logran acuerdos que superen la guerra de guerrillas que vivimos hace 52 años.
Para poder obtener esos recursos en función de una paz estable y duradera con justicia social, el Estado debe recurrir a las más variadas fuentes de financiación, que incluyen la ayuda internacional, la política fiscal con énfasis en política tributaria e impositiva, entre otras fuentes, tales como el aumento del endeudamiento del Estado, posibilidad que hay que evitar, pues genera mayor dependencia del país del sector financiero mundial y sus altas tasas de interés.
Con este sentido realista de las cosas, sin negar la posibilidad de acceder a distintas fuentes, sobre la base de no perjudicar el estado de la política fiscal, vale la pena incorporar la ayuda internacional, que ya empezó a manifestarse; por ejemplo, Estados Unidos y Alemania ya destinaron más de cien millones de dólares cada uno, para apoyar el proceso de paz en Colombia.
Sin embargo, es la política tributaria e impositiva la que es vital para el proceso de paz que estamos atravesando. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda considera que necesitamos una reforma impositiva de carácter estructural que se ejecute durante cerca de diez años. Las medidas que acompañarán la reforma estructural parten de una estrategia fiscal que contiene los siguientes aspectos para un ajuste estructural de la política impositiva: un presupuesto para 2017 ajustado a la realidad del fisco, que conduce a un fuerte recorte a la inversión para cumplir con la regla fiscal, aumento y extensión de la tasa del IVA y garantizar los recursos para mejorar el sistema nacional de salud.
Alcanzar la plena realización de las medidas mencionadas requiere tener presente los problemas que hay que enfrentar, entre ellos tenemos la enorme tensión que se va a presentar entre las necesidades técnicas que impone la situación fiscal y la realidad política (regla fiscal versus redistribución del ingreso), tensión que se puede superar si aumenta y redistribuye la carga fiscal. Por su parte, el aumento del recaudo es muy lento y muy pequeño, cuestión que afecta la redistribución de la carga; así, por ejemplo, 68% del recaudo del impuesto de renta está concentrado en 3.400 empresas, casi todas de tamaño medio y pequeño.
Colocar los recursos impositivos al servicio de sectores específicos que eleven la productividad y el volumen de bienes y servicios, tales como informática y telecomunicación; también aparece como problema la técnica para determinar la base gravable de la renta, optando por permanecer en la doble contabilidad con la elaboración de dos informes, uno, el contable financiero, y, dos el de impuestos. Manejo contable que estimula la evasión de impuestos por parte de algunos empresarios.
Finalmente, los ingresos procedentes de las personas naturales son muy bajos, pero el monto de la declaración es muy alto; las personas con ingresos mensuales de $ 3.300.000 declaran renta, y ese umbral hay que reducirlo. Y las ONG serán objeto de fuertes controles y normas antiabuso para frenar el lavado de divisas y los altos beneficios no gravables.
Esto es, en síntesis, el propósito de la Reforma Estructural Tributaria propuesta por el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, que requiere su estudio para poder actuar con firmeza y en defensa de los afectados. Políticamente, en lo inmediato, se percibe la inseguridad sobre los obtenidos, pues el 50,7% de la votación es por el sí, y 50,3% por el no, indica una diferencia muy pobre entre una y otra posición, expresa un grado muy amplio de votantes que pueden ligarse con el no.
Hoy, a pocas semanas de las acciones negativas de la ultraderecha y sus amigos, que sembraron terror y desconfianza en la población, encontramos sectores de la misma que siguiendo el ejemplo de sus líderes más destacados y de postura democrática, votaron por el sí, en homenaje al espíritu civil de sus acciones políticas, mientras que otro sector votó por el no para levantar un triunfo pírrico que se distribuyó entre el pueblo trabajador, más alienado y embrutecido. La reforma, por la que votaría una franja importante de ciudadanos, sería una reforma favorable en su totalidad al capital, por medio de la exención de impuestos para ciertas actividades sociales, pero con más IVA.
Igualmente, el capital se favorece con mantener el monto de la declaración del aportante en $ 3.300.000 oo por ser muy bajo el volumen de recursos que se obtiene por esta vía, y el monto muy alto; lo que sugiere un ajuste hacia abajo, que golpeará los sectores intermedios del proletariado al ampliar la base de contribuyentes, y complementa el asunto, el estancamiento de la base tributaria por el lado de la renta, en pequeñas y medianas empresas (3.400); mientras que las grandes se liberan de ver afectada la renta por impuestos, favorece el monopolio y la concentración de la riqueza.
Si la política impositiva va a ser fuente de recursos para la paz, debe ser más justa, más equitativa y más redistributiva, con mayor gravamen a la renta de manera diferenciada, donde pagan más las grandes utilidades, mantener el IVA constante, subir el monto de la declaración personal a cinco millones de pesos. Y no olvidar que no es lo mismo proceso de paz, que lucha de clases; el proceso de paz está asegurándose económicamente; mientras que la lucha de clases puede agudizarse por su impacto sobre el salario, la canasta familiar y la conciencia de clase.
