Los trabajadores de este sector preparan un pliego unificado y esperan que el Gobierno tome cartas en el asunto. MinTrabajo hizo compromisos en ese sentido
Juan Carlos Hurtado Fonseca
Indupalma (en liquidación), Palma y Trabajo SAS, Gradesa SA, Extractora San Fernando y Palmagro ocupan los cinco primeros puestos del ranking de empresas con peores prácticas en cuanto a diálogo social, condiciones de trabajo, manejo de conflictos, persecución a líderes y activistas sindicales, enmascaramiento de las relaciones laborales y actividades contrarias a la estabilidad laboral.
Así lo dieron a conocer la semana pasada líderes de la Coordinadora Sindical Palmera, organización de sindicatos de la industria de la palma en todo el país, que cuenta con el apoyo de la CUT y de la Agencia de Cooperación Sindical Holandesa FNV Moondial.
La Coordinadora explicó que el ranking es producto del análisis de 27 empresas y 33 variables de medición, ponderadas en relación con su incidencia en la violación de los derechos laborales. Por lo que exhortaron al Gobierno a instaurar mecanismos de vigilancia en estas empresas que permitan rastrear el retroceso o profundización de las violaciones encontradas, y a que se les sancione efectivamente por ejercer de forma impune las peores prácticas laborales en esta industria.
Daniel Pérez González, dirigente de la Coordinadora Sindical Palmera y trabajador en Sabana de Torres, Santander, comentó a VOZ que en el sector hay 70 mil trabajadores, de los cuales solo tres mil están afiliados a la coordinadora. No obstante, aclaró que ellos únicamente tienen conocimiento de los obreros de las empresas afiliadas a Fedepalma, que son el 70%, y que tienen presencia en 26 departamentos.
Acerca de que estén respaldados por una agencia holandesa, el dirigente sindical explicó que ese país es el mayor consumidor del aceite colombiano: “Quisimos decirles a los holandeses que el aceite que están consumiendo está incluso manchado de sangre, manchado de precarización laboral, de falta de garantías laborales y de persecución”.
Informe de la Comisión de la Verdad
Sobre estar manchado de sangre, Daniel Pérez dijo que la mayoría de las empresas están ubicadas en sitios de violencia paramilitar como el Magdalena Medio, la Costa o los Llanos Orientales: “En Sintraproaceites, en lo que llevamos de vida sindical van 200 dirigentes asesinados, solo de un sindicato. Por ejemplo, en la región de Puerto Wilches el sindicalismo ha sufrido amenazas, asesinatos y desplazamientos y, lo que pudimos ver ahora en la Comisión de la Verdad, es que la mayoría de esos asesinatos desde la década de los 90 hasta 2016, se dieron por complicidad de las empresas con el paramilitarismo”.
Los dirigentes sindicales también expresaron que en las empresas donde hay organización sindical se han logrado algunas reivindicaciones, y en estas se cuenta con contratos de trabajo, pero hay unas en los Llanos y el Magdalena Medio donde los trabajadores no tienen ni siquiera salario, les pagan a destajo. “Ellos entran a trabajar y lo que puedan hacer… no tienen derecho a la seguridad social, si quieren ir al médico les descuentan de lo poco que ganan y no les pagan lo que exige la ley”, anota Pérez.
La precarización laboral en este sector es tanta que de sus 70 mil trabajadores, la gran mayoría está contratada a destajo y tercerizada a través de cooperativas. Uno de los casos con un conflicto actual es Palmosan en Sabana de Torres, que con 200 trabajadores ninguno tiene salario básico: “Esas personas están intermediadas por tres firmas e investigamos y esas tercerizadoras están a nombre del mismo dueño de la empresa. Allí se construyó un sindicato hace unos días, pero los empresarios no quisieron negociar con los trabajadores, muchos de ellos llevan más de 30 años, y apenas pueden medio comer”, ejemplificó el dirigente sindical consultado.
Poder y manipulación
La situación llevó a que los trabajadores votaran por una huelga, en consulta realizada el pasado 30 de octubre con presencia de inspectores del trabajo. Hubo 92 votos a favor del cese de actividades y dos en contra. Al siguiente día, la empresa les terminó el contrato “obra labor” a quienes votaron por el paro.
Otro de los casos que los dirigentes sindicales muestran como ejemplo de violación de las normas, es el de Indupalma que hizo una liquidación de la empresa para cambiar la razón social -afirma Daniel Pérez-, y acabó con 500 contratos de trabajo a término indefinido.
La Coordinadora explica que se manipula la ley y se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores y de su ubicación geográfica para atropellar a los obreros, pues muchas empresas se encuentran en sitios aislados, donde no hay inspectores de trabajo.
“Cuando los trabajadores se cansan y se organizan vienen las amenazas, los desplazamientos o simple y llanamente no escuchan al trabajador y no se sientan a negociar con el sindicato. Empiezan a dilatar todo y como la norma no es efectiva esos procesos pueden durar dos, tres y hasta cinco años en los juzgados, y pues ningún trabajador en condiciones precarias se aguanta todo ese tiempo. Cuando el tribunal o el juzgado llama a que se sienten las partes ya no existe el sindicato, ya el trabajador ni siquiera está”, argumenta Pérez, quien para dar a conocer el poder de estos empresarios indica: “El dueño de Indupalma es dueño de varias empresas turísticas y hoteleras en la costa Atlántica. Eframovich también tiene una gran empresa con cultivo de palma y extracción de aceite”.
Diálogos para proponer
Los sindicatos y los miles de trabajadores del sector palmero esperan que el nuevo Gobierno se comprometa con ellos a encontrar la manera de dignificar sus actividades, tanto laborales como sindicales.
En ese sentido, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, quien participó en la Asamblea Nacional Sindical Palmera el 27 de octubre, entregó un panorama general sobre las condiciones laborales de estos trabajadores: “El modelo económico que potenció la flexibilización laboral ha generado al interior del sindicalismo fórmulas de organización y resistencia, para solventar esquemas corporativos que en algunos casos se benefician de la intermediación laboral ilegal o de la tercerización, y que impiden el verdadero ejercicio del derecho de asociación sindical. El panorama de la formalidad laboral, al interior del sector, estaba según el DANE y Fedepalma en 2016 con un personal ocupado que rondaba las 67.662 personas, lo cual no indicaba con claridad cuáles de ellas gozaban de estabilidad laboral bajo esquemas de contratación directa con el verdadero empleador, o estaban en fórmulas de tercerización perversas que lo que han buscado ha sido recortar los derechos de los trabajadores”.
Altas utilidades
Finalmente, señaló que el problema es el carrusel de las empresas temporales para cercenar los derechos de los trabajadores, y que el compromiso del presidente Gustavo Petro es terminar con eso.
Los dirigentes sindicales saben que, gracias a sus trabajos, estas empresas tienen altas utilidades que no corresponden con sus mesadas ni garantías laborales. Dicen que han obtenido ganancias hasta del 60 y 70% en los últimos tres años. “Una empresa normalmente pequeña, que no tenga cultivo de palma que solo se dedique a extraer aceite, hace unos cuatro años tenía unas ganancias de 20 mil o 21 mil millones de pesos, y el año pasado obtuvieron ganancias por encima de los 100 mil millones”.
Como parte de las acciones que adelantará la Coordinadora en el primer semestre de 2023, está presentar un pliego de peticiones unificado para el sector, que contiene desde principios normativos hasta el cumplimiento de los estándares laborales y las garantías sindicales.
