Más de 400 personas llaman al gobierno central a trabajar por un plan efectivo para defender la vida, el desmonte del paramilitarismo y la construcción colectiva de la convivencia plena
Carolina Tejada
El evento convocado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y 26 organizaciones de los más variados sectores políticos y sociales, para los días 28 y 29 de octubre de 2022, en la ciudad de Bogotá, acogió a diversas delegaciones de todo el país con una participación de más de 400 personas. El evento se realizó en un momento político inédito de la historia colombiana, con amplias expectativas por los cambios democráticos y, como dice la declaración política del evento de “una nueva política de Estado para la protección de la vida, la búsqueda de paz y la garantía de los derechos humanos de la población”.
En el foro, además de analizar el escenario internacional, también se profundizó desde diversas mesas de trabajo en la situación del país, las graves violaciones de DDHH que persisten, el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del anterior gobierno, el asesinato y la persecución de líderes y lideresas, y los retos en esta nueva etapa en donde, según lo planteado por el actual gobierno, se abren caminos garantistas de derechos y de la búsqueda de una paz completa. La Ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, delegada del Gobierno Nacional al foro, señaló que “es un momento de representación, pero también de participación”.
Los retos que marcó el foro
Para los y las asistentes al evento, el fracaso de la llamada “Paz con legalidad”, el bloqueo a la JEP y a la Comisión Histórica de la Verdad con la que se buscaba, desde las elites, negar el conflicto y la injerencia paramilitar en la vida política del país y, por otro lado, la cualificación de la movilización social y el aislamiento del gobierno uribista de Iván Duque, representan un paso importante hacia una construcción diferente de nación, en donde se contemplen “los derechos y necesidades económicas y sociales de la población como pilar fundamental de un modelo de desarrollo equitativo y sostenible, que debe realizarse con la inclusión y participación”, afirman en la declaración final.
El reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, la inversión social, la reforma a la policía, la suspensión del Esmad y la renovación de mandos de las fuerzas militares, las medidas contra la criminalidad a líderes sociales, son parte de las demandas que quedaron como conclusiones del foro, sumado al llamado a frenar la violencia estructural y la discriminación social de todos los sectores políticos, étnicos y de víctimas en Colombia.
También se reflexionó sobre la necesidad de acabar con el Derecho Penal del Enemigo. Así lo analizó Eduardo Matías Camargo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Según él, “una de las formas de aniquilar al pueblo y sus luchas es asesinándolo, y la otra es encarcelarlo a través del Derecho Penal del Enemigo. He encontrado a través de los estudios en Colombia que la dictadura liberal conservadora que tenemos, no es una democracia, ha cercenado el derecho a la defensa e impuesto un Derecho Penal del Enemigo donde el estudiante, el sindicalista, el líder social es perseguido y acusado de terrorismo”. Esta persecución, afirma el defensor, es la forma en la que el Estado se ha organizado para atacar a la población.
Por su parte, Juliana Higuera defensora de DDHH en Boyacá, y quien hace parte de la Campaña Objetivo Libertad, asegura que el foro “fue contundente en la exigencia de la libertad de todos los presos por luchar, así como en exigir la repatriación de Simón Trinidad y el cese a la estigmatización y criminalización a la protesta social y a los movimientos sociales y populares”.
También se llama a avanzar en los diálogos humanitarios regionales, a reanudar las conversaciones con el ELN, “una salida política para las distintas variantes de las llamadas disidencias de las antiguas FARC; los mecanismos jurídicos para el sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares y clanes del «narcotráfico””. Y, a la solidaridad con los jóvenes de la primera línea y presos/as políticas, planteando la necesidad de elaborar una política criminal adecuada. Y afirman que “salimos de este foro a colmar las calles, carreteras y plazas públicas del país, para ser protagonistas de las transformaciones políticas y sociales, de la democracia popular y la paz integral”.
