Deslindes hechos por el Incora, el Incoder y la ANT no se acatan, por eso, no se recuperan las tierras ni se hacen los reglamentos de uso y manejo. Mientras tanto, los ganaderos y urbanizadores siguen haciendo uso y acaparando los terrenos de la nación
Jaime Osorno
@CocoOsorno
Ante el ocaso del gobierno de Iván Duque es hora de evaluar su desempeño y efectividad en materia de tierras, es decir a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que dirige la abogada Miriam Martínez, institución que debe garantizar el cumplimiento y mandato constitucional del acceso progresivo a la tierra a los trabajadores agrarios y las campesinas y campesinos.
Este gobierno ha sido de lejos de los más mediocres en los últimos 100 años, al tiempo que pretende mostrar como “logros” cifras y datos amañados y que no corresponden con la realidad de lo ejecutado en los cuatro años de gestión. Asistimos al mayor desmantelamiento del Estado Social de Derecho en materia de tierras y la reforma rural integral.
Concentración de la propiedad
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, presentó en el mes de marzo de 2022 las cifras de distribución de la propiedad. La tierra está cada vez más concentrada al tiempo que se encuentra profundamente fraccionada. Los predios grandes son para los ricos y poderosos, mientras que para los campesinos que producen alimentos son más y más pequeños.
El coeficiente de Gini para Colombia alcanza el 0.869, es de los más altos en el mundo y con tendencia a seguir subiendo. El 72,77% de los propietarios tan solo poseen el 7,40% del área cultivable; el 35,98% de los predios tienen menos de media hectárea y tan solo el 0,47% del área total dentro de la frontera agrícola. ¿Estas cifras qué demuestran?, pues el fracaso del Estado en el propósito constitucional de la reforma agraria y el acceso progresivo de la tierra a los subalternos de la ruralidad.
Zonas de reserva campesina
¿Cuántas Zonas de Reserva Campesina, ZRC, se constituyeron en este Gobierno? Ninguna. Por más de 10 años han dormido el sueño de los justos las solicitudes en los gabinetes de la ANT. Un juez de la República los obligó a tomar decisiones sobre algunas solicitudes de ZRC, pero se juntó la incapacidad y la mala fe para negarles a los campesinos y a sangre fría un derecho en cumplimiento de la ley 160.
En estas condiciones se encuentran los campesinos del Catatumbo, Cauca, Montes de María, Sumapaz, Meta, Antioquia, Arauca y Magdalena Medio. Se le olvidó a este gobierno que las ZRC son una obligación que adquirió el Estado con las comunidades campesinas en el Acuerdo de Paz y que son el instrumento adecuado para avanzar en la gobernanza ambiental en vastos territorios de la geografía que hoy tienen altos valores ambientales gracias al trabajo tradicional de las comunidades campesinas, negras e indígenas.
Ciénagas, playones y sabanas comunales
Este es el tema que quizás expresa con mayor claridad la desidia de la autoridad nacional de tierras, pues la moratoria administrativa en adelantar los procesos agrarios es lamentable. Procesos iniciados hace mas de 20 años que no avanzan, pero aun, donde se desconoce lo actuado para iniciarlos nuevamente.
Deslindes hechos por el Incora, el Incoder y la ANT no se materializan, no se recuperan las tierras ni mucho menos se hacen los reglamentos de uso y manejo. Mientras tanto los ganaderos y urbanizadores siguen haciendo uso y acaparando los terrenos de la nación. La reserva territorial del Estado al servicio de los más poderosos. Así están las ciénagas de El Vidrial, Berlín, Betancí, Lorica, por mencionar solo algunas en Córdoba; las de La Villa de San Benito, Caimito o San Marcos en Sucre, o las de El Uvero en el Atlántico.
En estos casi cuatro años de gobierno ¿Cuántas hectáreas de ciénagas han recuperado para el dominio de la nación? Cero. La ignorancia y el desconocimiento del régimen agrario y ambiental por parte de los funcionarios de este gobierno fue durante estos cuatro años un gran obstáculo para el ejercicio de sus funciones que derivó en la mayor precarización de las comunidades que siguen esperado que el Estado cumpla con sus funciones y salde la deuda histórica con esta población. Tan solo tres reglamentos que no alcanzan a ser el 1% de los terrenos comunales del país. Es realmente una vergüenza.
Islas
Las Islas del Rosario y San Bernardo son Reserva Territorial del Estado al servicio de los más poderos y corrompidos de la clase política colombiana. La Contraloría General hace tan solo una semana presentó un informe evidenciando lo que sucede con nuestras islas.
En muchos casos no hay contratos de arrendamiento y donde los hay, a pesar de ser valores irrisorios, no los pagan ante el silencio cómplice de la ANT. Se construye a diestra y siniestra sin autorización de ninguna autoridad, pero más grave aún, lo hacen en las narices de la Armada Nacional, de Parques Nacionales, del Gobierno Nacional.
¿Cuántos metros cuadrados de islas se han recuperado para el dominio de la nación? ¿Cuántos arriendos de esos que no pagan o incumplen han caducado? ¿Cuántos predios ha clarificado en las islas de San Bernardo, Cholón? ¿Cuántos predios le ha disputado la nación a los que se han robado el patrimonio público de nuestras islas? Las respuestas son sencillas, pero tristes: cero, ninguna.
Los POSRP
Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, POSPR, son tan importantes que se puede decir que son el instrumento para implementar la Reforma Rural Integral del punto uno del Acuerdo de Paz. Sin embargo, su implementación se ha visto truncada en los últimos años.
La meta ha sido realizarlos en 64 municipios priorizados, en más de mil en todo el territorio nacional, lo cual no es una “gran meta”. Pero ni así se logra lo planeado. La mitad de los POSPR (32) están suspendidos: 18 sin recursos, ocho por condiciones de seguridad y seis por déficit en los presupuestos de la ANT. Por su parte, 31 están en “operación” pero en realidad están solo los actos administrativos, nada más.
Lo cierto es que solo en el municipio de Ovejas, Sucre, se logró finalizar el POSPR. En síntesis: de 64 solo uno. Debe decirse con claridad que la ANT no ha reportado un solo procedimiento del decreto 902 de 2017 presentado ante los jueces de la República. Esto es otro fracaso de la política de tierras en este Gobierno.
Fondo de Tierras
El Fondo de Tierras es una ficción, una ilusión premeditada contra los campesinos que han visto nuevamente frustrados sus sueños y su derecho a la tierra. Han ingresado al fondo bienes que fueron adjudicados a campesinos y a comunidades hace más de 10 años por el Incora o el Incoder. Afirman que han entregado mas de 50 mil títulos, cuando lo cierto es que la ANT solo envío los expedientes a la oficina del registro, los desengavetó y entregó a la Superintendencia de Notariado y Registro.
Sacan pecho con estos títulos que en realidad fueron entregados durante otros gobiernos. Las flores han de ser para la oficina de SNR y no para la paquidérmica autoridad de tierras. Así mismo no hay actividad dirigida a recuperar bienes indebidamente ocupados, a revertir al dominio de la nación los bienes que cumplen la función ecológica o social de la propiedad, incluso la autoridad es reticente a recibir oportunamente los bienes que están en manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
El gobierno no logró, o no quiso, poner en marcha el subsidio de tierras y paró el desarrollo del Registro de Sujetos de Ordenamiento. Hoy los campesinos no tienen forma de que el Estado atienda, al menos para un registro, sus necesidades. El crédito de acceso a tierras no se ha ejecutado. Ni tierras, ni subsidio, ni crédito.
Financiamiento y crédito agropecuario
Para compra de tierras en estos cuatro últimos años, Finagro ha destinado cerca de 1,06 billones de pesos. Cerca del 90% de estos recursos (943.354 millones) han sido para los grandes y medianos. La plata del Estado al servicio de los poderosos. Mientras que los pequeños les dejan las sobras. En promedio asignaron créditos de menos de 40 millones de pesos para los pequeños productores.
Mientras que el promedio de los créditos de los grandes fue de tres mil millones de pesos cada uno. Ni qué decir de la línea especial de crédito para acceso a tierras a pequeños campesinos, que da tristeza por decir lo menos.
De la mayor gravedad es que el pasado 30 de abril en la comisión IV de Senado, la señora Miriam Martínez afirme, admita y se confiese que para ella y para la ANT no exista acaparamiento de tierras y/o apropiación de baldíos por parte de empresarios y agroindustriales, desconociendo abiertamente decisiones de última instancia, jurisprudencia de la Corte Constitucional y las propias decisiones de la autoridad agraria aun sin ejecutar. Esto que han hecho, y que han dejado de hacer “no tiene perdón de Dios” y mucho menos perdón del pueblo.
