Una redefinición en las políticas para el sector debe reconocer al campesinado como sujeto de derechos, así como reconstruir la institucionalidad agraria garantizando formalización de la propiedad rural, subsidios para la producción, créditos, infraestructura, asesoría y educación pública, entre otras acciones
Fabián Briceño
@ricardosantiz
Durante los últimos 40 años, el sistema capitalista mundial ha generado una arremetida contra las organizaciones sociales y populares, especialmente contra las organizaciones campesinas, fortaleciendo la incursión del mercado en todo ámbito de la vida rural y produciendo por medio del negocio de las tierras un proceso de disciplinamiento, despojo y destrucción del tejido social en los diferentes territorios del mundo.
En el caso colombiano, dicho proceso fue acompañado del brazo armado del paramilitarismo en el marco del conflicto, creando millones de víctimas y de hectáreas despojadas otorgadas a las grandes empresas y propietarios del sector ganadero y agroindustrial.
No obstante, la otra parte de la hidra neoliberal está compuesta por un ataque frontal contra la identidad campesina. Lo anterior se puede evidenciar en la adopción dentro de las políticas del Estado colombiano de la doctrina de la reforma agraria por medio de la liberalización de la economía, desmonte sistemático de la institucionalidad agraria para la producción, expedición de la Ley 160 de 1994 que estructura la reforma rural por medio del mercado de tierras, financiarización del sistema bancario, liquidación de la Caja Agracia, del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, entre otras instituciones.
Configuración del régimen agrario
Lo anterior edificó un régimen agrario y rural bastante heterogéneo, en vía de lo planteado por el extinto sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, donde existe una estructura abigarrada, en el sentido que no existe un sector de clase de parte de la aristocracia o la burguesía rurales que logre imponerse sobre los demás.
A partir de lo anterior logra explicarse que actualmente existan fracturas en el régimen político sobre la naturaleza de la acumulación que existe dentro del sector agrario en el país. Por un lado, el sector uribista y de la lumpenburguesía, ligada a la gran propiedad, el cual, por la naturaleza de su acaparamiento de tierras, no está interesado en la más mínima modernización capitalista dentro de su forma de producción y su relación de propiedad. En la otra orilla, se encuentran los sectores de la burguesía agraria, ligada con el gran capital internacional, sectores exportadores, agroindustriales y de la minera, interesados en la apertura del mercado de tierras y de los mecanismos para la misma (actualización catastral y seguridad jurídica).
El Acuerdo de Paz fue el punto de fraccionamiento y discordia, debido a que el desarrollo de este hizo evidente la diversidad de intereses en relación con la forma del desarrollo del sector agrario y rural. En este mismo campo, están diferentes matices de los sectores populares.
Están las diversas expresiones del sector campesino, los sectores étnicos con una conformación heterogénea y las comunidades afrodescendientes. El punto en común de los sectores populares es la defensa del territorio y la promoción del reconocimiento del Estado a estos sujetos de especial protección.
El ataque sistemático del gran capital contra las subjetividades agrarias y rurales, se ha materializado en la generación, planeación y la implementación de políticas públicas que promueven la competencia salvaje entre los tres grupos anteriores, agudizando las contradicciones a través de lógicas asistencialistas, disputa por los escasos recursos y clientelismo, minando los procesos unitarios de sus instrumentos de movilización.
La mayor nuestra de lo anterior fue la estrategia utilizada por el gobierno de Juan Manuel Santos con los escenarios construidos después del paro nacional agrario de 2013.
Hacia una perspectiva popular
En esta vía se propone romper con la lógica de competencia y fragmentación de la organización, y exigir a los representantes en el Gobierno nacional del Pacto Histórico la construcción en primera medida de la ampliación de los sujetos de especial protección, especialmente el campesinado y robustecer las diferentes políticas en términos de lo étnico.
En consecuencia, se debe consolidar un enfoque de tipo interétnico, para afrontar y resolver conflictos asociados, ya sea a pretensiones de carácter territorial, acciones de recuperación de tierras, reconocimiento de posesiones y/o ocupaciones. Correspondiendo con los llamados a la implementación de los puntos uno y tres del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de una reforma agraria de carácter popular y democrática.
Otra de las grandes apuestas que debe realizar la institucionalidad es reconstruir la noción de campesino, en vía de recolectar los insumos de las organizaciones agrarias históricas (Fensuagro, Coordinador Nacional Agrario, CNA, entre otros). Apostando por reafirmar los procesos asociados a las identidades campesinas, robusteciendo el reconocimiento de derechos en términos de garantías para la vida, la producción, la comercialización, la organización, teniendo como meta avivar el arraigo con el territorio.
La avanzada
Lo anterior, solo se puede implementar a través de un giro de 180 grados dentro de la definición de la política, en donde el Estado colombiano, pueda generar una gran avanzada, a través de los siguientes elementos:
- Reconocimiento al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la ratificación de la convención de los derechos del campesinado.
- Reconstrucción de la institucionalidad agraria, en pro de garantizar la formalización de la propiedad rural, subsidios para la producción y la vivienda rural, créditos, infraestructura, asesoría y educación pública para las comunidades rurales.
- Redefinición de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, predial y homogénea, a partir de las particularidades territoriales y pleno reconocimiento de las diferentes configuraciones de las familias en Colombia, en términos de superar la brecha ligada con la feminización de la pobreza en las zonas rurales.
- Reconfiguración del Banco Agrario, para la promoción de la producción, manejando unas tasas de interés que no estén determinadas por la usura y el modelo financiero, con claras apuestas por la condonación y la revisión de cada una de las situaciones del mundo rural.
- Apuesta por la recuperación de los cultivos transitorios, principal insumo para la recuperación de la soberanía y la seguridad alimentaria, a través de un plan de promoción del retorno por medio de incentivos tributarios, educativos y de dotación de la infraestructura.
- Implementación de la arquitectura surgida del Acuerdo de Paz, del Plan Nacional para la Formalización de la Propiedad Rural en municipios PDET, entre otros.
- Revisión de la financiación de las cadenas productivas y de las federaciones por rama de la producción, con la finalidad de garantizar la distribución efectiva de los incentivos, más allá de los intermediarios, por medio de la ampliación de los escenarios de seguimiento de las políticas agrarias.
- Creación y ampliación de la figura de los Territorios Colectivos tanto en las comunidades indígenas como en los pueblos afros.
- Consolidación de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, garantizando un adecuado financiamiento a sus planes de constitución, mantenimiento y seguimiento.
- Reactivación de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en vía de revisar los procesos llevados previamente implementados por la entidad, garantizando la pertinencia y calidad de los procesos, para evitar omisiones, revictimizaciones y/o hechos de corrupción.
