Luego del reconocimiento del delito de secuestro por parte de los excomandantes de Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se espera buscar a quienes murieron en cautiverio y seguir contribuyendo a la reconciliación y la paz. De la misma manera, que aflore la verdad en loa casos de las víctimas de los crímenes de Estado
Carolina Tejada
En abril del 2021 la ex comandancia de las Farc, a través de Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, anunciaron en una rueda de prensa que los excomandantes entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la respuesta del escrito de hechos y conductas (Auto 019) sobre el Caso 01, el cual se conoce como Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-Ep, caso en el cuál fueron acusados de ser responsables de graves delitos a sancionar por la misma jurisdicción.
En su momento, Lozada expresó que el documento radicado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, “contiene la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad frente a los secuestros ocurridos a cargo de las extintas FARC-EP durante el conflicto armado. Este reconocimiento incluye la aceptación de los hechos y conductas descritos en el auto” asegurando que dichos hechos fueron injustificables.
Este año, entre el 21 y 23 de junio, en un recinto de la biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, por primera vez en la historia, siete de los ocho excomandantes vivos hablaron en una audiencia presidida por la magistrada Julieta Lemaitre, quién está a cargo del macrocaso 01 de la JEP. El espacio quedó documentado en 31 horas y 28 minutos que fueron transmitidas en vivo.
La importancia de este proceso
Jairo Acosta, quien actuó en representación de la Procuraduría, expresó en el escenario que dichos secuestros extorsivos promovidos por dicha organización en su momento, comenzaron hacia 1965, dejando como víctimas a diversos sectores de la población. Entre los testimonios y exigencias a la verdad se presentaron más de 29 de los más de 21.000 casos de víctimas de este flagelo en el marco del conflicto. Los siete de los ocho excomandantes vivos que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en enero de 2021, fueron; Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda.
En el marco de la audiencia que duró tres días, las víctimas confrontaron a sus victimarios, se conocieron detalles de muchos de los hechos y también hubo reconocimientos de perdón.
Allí mismo, Pastor Alape, en su intervención mencionó: “Reconocemos el dolor a quienes no pudieron criar a sus hijos, a quienes murieron en cautiverio y quienes están desaparecidos. Tenemos responsabilidad política de buscarlos y calmar el dolor”. Así mismo lo expresó Rodrigo Londoño en el cierre de la audiencia: “El secuestro jamás ha sido algo que nos enorgullece. Es una deshonrosa carga que llevamos sobre los hombros. Guardamos la esperanza de que algún día se nos cubra con el manto liberador del perdón”.
En un mensaje conmovedor sobre el perdón, Daniela Arandia, hija del geólogo Gerardo Arandia, el cual fue secuestrado y desaparecido hace 22 años, aseguró: “He estado leyendo, buscando qué significa, qué hay dentro del perdonar, y encontré algunas cosas de una persona que se llama Raquel Lemus en donde ella mencionaba que el perdón no significa darle la razón al otro, significa liberarse de las ataduras de la amargura. El perdón es una decisión completamente personal e independiente. Perdonar tampoco es justificar al otro, tampoco se olvidar y eso no significa guarda rencor, y no es minimizar el dolor, es sanarlo, es liberarnos de alguna manera de algo que nos pesa en el corazón”.
Pastor Alape, le comentó a VOZ, que el debate sobre las retenciones económicas, hoy reconocido como secuestro, se dio en la época de Jacobo Arenas, “pero no se pudo concluir y a medida en que el conflicto se agudizaba, pues la necesidad del recurso se hizo más exigente. Y no se pudo superar en todas partes esta forma de financiar.
“Ya con Alfonso Cano de comandante, se toma la decisión en el 2011 de suspender las retenciones económicas. Y, en el acuerdo y su proceso de implementación se le da el nombre de secuestro, más allá de que, desde el punto de vista jurídico y el Derecho Internacional Humanitario, no exista el secuestro, lo aceptamos más como un tema de comunicación con las víctimas”. En términos políticos y éticos, enfatiza Alape, “es encontrar esa línea de comunicación con las víctimas, respetando su dolor”.
Lo que esperan de este reconocimiento público, según le expresó Alape a VOZ, “es poder avanzar en las acciones para establecer una política pública para la paz, en donde el diálogo sea el centro de la solución de esas conflictividades violentas que nos han caracterizado. Que podamos avanzar en el desmonte absoluto de todas las expresiones de violencia y que el Estado pueda fortalecerse y garantizar como hemos dicho el monopolio de las armas, y sobre todo garantizar la justicia y el derecho de la ciudadanía”.
En el marco de la audiencia uno de los representantes de las víctimas, Daniel Vargas, quien hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas, manifestó que aún faltan aportes para la verdad total, aunque, “el haber tenido un espacio de diálogo directo entre víctimas y victimarios y encontrar humanidad entre ambos resultó muy provechoso. Algunas víctimas incluso decidieron conceder perdón públicamente a los comparecientes”.
El compromiso que además está en este proceso, según le mencionó Camilo Fagua a VOZ, como representante de los excomandantes de Farc, es el de “esclarecer toda la política de secuestro por parte de la organización, los patrones que concurrentemente aplicaron durante el secuestro, no solo con la JEP, sino también con las víctimas, en el periodo comprendido entre 1991 hasta el 2011, cuando el secretariado de ese entontes suspende todo tipo de retención”.
También mencionó que luego de las audiencias, “el Tribunal tiene que entrar avalorar como se enmarcan esos patrones en conductas penales, principalmente en el Derecho Internacional Humanitario y lo que se espera es que producto de los aportes a la verdad se dicten las sanciones propias al caso”.
Los compromisos y lo que falta
Uno de los compromisos, además de reconocer estos hechos y actuar conforme a la verdad de lo sucedido, es avanzar en acciones para dar con los cuerpos de quienes murieron en cautiverio. En ese sentido, se creó una comisión desde el equipo de Farc que coordina desde varios territorios con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y hasta este momento ha podido avanzar en la sistematización de más de 500 casos en donde se encuentran los relacionados con las personas que perdieron su vida en cautiverio.
Luego de esta audiencia en la que se escucharon perdones, exigencias a la completitud de la verdad, y arrepentimientos por el dolor causado, Alape, expresa que este proceso fue producto de los esfuerzos del Acuerdo de Paz y que ve con buenos ojos la llegada de un nuevo gobierno para el cumplimento de lo acordado, entendiendo que es prioritario fortalecer el cumplimiento del mismo.
“Entendemos que este es un gobierno de transición a los gobiernos autoritarios, corruptos, sabemos que este es un proceso en el que avanzaremos y se dejarán unas bases que nos permitan continuar el impulso de la paz y la reconciliación y no repetir la historia”.
Uno de esos aportes a la paz, que según él debe hacer este nuevo gobierno es el de “fortalecer la comisión de búsqueda de personas y fortalecer los procesos de construcción de la verdad de sectores que no pudieron culminar o no quedaron en este proceso que culmina (refiriendo al informe final de la Comisión Histórica para la Verdad).
Todavía hay un desafío sobre la verdad con sectores como lo es el campesinado, los indígenas, los sindicatos, porque fue un proceso muy agitado para cumplir con unas fechas, y también falta la otra verdad de las elites, de los victimarios del Estado que no se conocen y en lo que se tendrá que avanzar”.
