lunes, marzo 4, 2024
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En Bolivia, los golpistas al banquillo

El ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, enfrenta un largo proceso criminal por sedición, y las fuerzas de ultraderecha intentan cuajar un ultimátum contra el presidente Luis Arce. El mandatario asegura que una nueva intentona golpista ¡no pasará!

Alberto Acevedo

Una característica importante de la situación política que vive Bolivia en estos momentos es el pulso que se vive entre el gobierno popular de Luis Arce Catacora y las fuerzas derechistas, agrupadas fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz, comprometidas en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y que aspiran a dar continuidad a su empresa criminal y hoy ponen los ojos también en el presidente Arce, en la idea de desestabilizar su gobierno.

Una de las cabezas visibles del complot golpista de 2019, que finalizó en la salida forzada del gobierno y del país del presidente Evo Morales, fue el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Las autoridades judiciales venían avanzando en una investigación alrededor de la responsabilidad del mandatario regional y un grupo de secuaces suyos en la aventura golpista, y finalmente una orden de arresto contra Camacho se produjo el 28 de diciembre pasado.

En los primeros días de enero de este año, Camacho interpuso un recurso de excarcelación, alegando irregularidades en su detención, pero la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó el recurso. A Camacho se le formulan cargos por terrorismo, relacionados con el golpe a Evo Morales, y permanece en detención preventiva por cuatro meses, mientras avanza la investigación.

Nuevos cargos penales

Sin embargo, la situación personal de Camacho se complica en la medida en que se van aclarando los hechos y acumula nuevas acusaciones. El Juzgado Décimo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz agregó dos cargos penales más: cohecho y seducción de tropas para llevar adelante sus planes golpistas.

Este juzgado es el que lleva el proceso contra Camacho, quien cumple la prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. El expediente criminal es conocido como el Caso del Golpe de Estado y al conjunto de implicados se les acusa de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, tipificados en el Código Penal.

Según la Ley pueden entrar como sindicados todos aquellos que hayan participado en “reuniones y acciones, entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, con la finalidad de generar desestabilización social y política para deponer autoridades”. En ese sentido, se promueve una de las definiciones legales menos usuales para el “terrorismo” y es la que indica “subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente”.

Delitos de sangre

La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidias Patty interpuso una denuncia contra políticos opositores como los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. A este recurso se sumaron nuevas acusaciones de la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno.

En desarrollo de la investigación judicial, el ex gobernador Camacho ha confesado que su padre, José Luis Camacho Pasada, conspiró con un grupo de militares para socavar la estabilidad del presidente Evo Morales en hechos que, como se conoce, terminaron con el ascenso fraudulento de la presidenta Jeanine Áñez y las masacres de Sacaba y Senkata.

El delito de seducción de tropas, que encuadra en este comportamiento criminal, se refiere “al que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente a un mando político o militar, para cometer una rebelión o sedición”.

De otra parte, para sustentar el cargo de cohecho, el ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, en ampliación de la denuncia, divulgó el pasado 4 de enero pruebas de millonarias operaciones bancarias realizadas por Camacho antes, durante y después del golpe, en favor de varios de los complotados. Los giros, realizados entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, ascienden al menos a 4.5 millones de bolivianos.

Intervencionismo

Otra faceta, no menos interesante del proceso, tiene que ver con la intervención de agentes extranjeros en el apoyo y financiación a los ejecutores materiales del golpe. Se habla por ejemplo de la injerencia de algunos europarlamentarios en franco apoyo al golpista Camacho. Lo curioso es que tales pronunciamientos comenzaron en momentos en que grupos violentos de la llamada Unión Juvenil Cruceñista realizaban toda suerte de desafueros en Santa Cruz.

Esta denuncia coincide con la publicación de un estudio de Alfredo Jalife-Rahane, experto en geopolítica y analista mexicano, quien denunció que la embajada británica en Bolivia “actuó como socio estratégico” del régimen golpista y avanzó en un evento internacional de minería en La Paz, apenas cuatro meses después del derrocamiento de Evo Morales.

De hecho, indica el investigador, el Reino Unido apoyó el golpe para acceder a los inmensos depósitos de litio boliviano. De acuerdo a la investigación, la cancillería británica habría financiado a la empresa Satellite Aplications Catapult, de Oxford para que optimizara la explotación de depósitos de litio en Bolivia, un mes después del derrocamiento de Evo. El proyecto buscaba acceder a inmensos recursos de litio en Corpasa y Patos Grandes, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Continuidad del golpe

Un ingrediente de última hora es el ultimátum con que la legión ultraderechista de Santa Cruz, con el apoyo de algunos empresarios, amenazó al gobierno del presidente Luis Arce con una acción de revocatoria, si en el término de 30 días el ejecutivo no pone en libertad a Luis Fernando Camacho, a la expresidenta golpista Jeanine Áñez y a otros incriminados.

De inmediato el presidente Arce denegó un esperpento semejante y calificó como de intentona fascista y golpista la reclamación de la burguesía de Santa Cruz. Este hecho es el que mejor clarifica la intención de ese grupo de dar continuidad a la empresa golpista, que aspira a derrocar también al actual mandatario socialista.

Desde el ejecutivo boliviano se ha dicho que la ultraderecha santacruceña, que califica de ‘presos políticos’ a los complotados, busca además impunidad para los responsables de la acción sediciosa de 2019, y los crímenes cometidos durante la administración de Áñez.

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