Nelson Lombana Silva
Las reacciones del pueblo colombiano por la medida del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de retirar del cargo e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por 15 años, se continúan generando en distintas regiones del país.
Son reacciones de rechazo a lo que viene considerándose como un siniestro plan para matar la oposición en Colombia combinando todos sus artilugios salvajes por parte del Estado capitalista. A su vez, es un grito de solidaridad con Petro y la débil democracia que pende de un hilo en este país latinoamericano.
El plan comenzó con la ex senadora liberal Piedad Córdoba, ahora va con Petro y todo indica que seguiría con más dirigentes de izquierda, al parecer siguiendo las orientaciones del cerebro “oculto” Álvaro Uribe Vélez y su grupúsculo, del cual hacen parte el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y José Obdulio Gaviria, primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
Ojalá con este chasco Petro entienda la vigencia de la lucha de clases. En más de una oportunidad se le escuchó decir que la lucha de clases era cosa del pasado, era algo descontinuado y que dizque la izquierda tenía que “modernizarse”. Es decir, no confrontar el enemigo de clase sino conciliar con él. Convencido por estos postulados no tuvo inconvenientes en apoyar a ese siniestro y cavernario “personaje”, seguramente con la ahistórica idea de que no sería molestado a corto, mediano o largo plazo. Olvidó que la lucha de clases está vigente y es una lucha a muerte.
Además, se puso en evidencia el adagio de nuestros abuelos cuando decían: “Así paga el diablo a quien bien le sirve”. Repito: ojalá sea una lección que asimile bien el compañero Gustavo Petro Urrego.
A pesar de todas las contradicciones del ex dirigente del M-19, es deber de los revolucionarios y demócratas rodearlo, porque más allá está la débil democracia y las condiciones de hacer oposición en Colombia.
Mediante comunicado expedido el pasado 10 de diciembre por el vicepresidente de la Unión Nacional de Pensionados Públicos y Privados (Uninalpps), Marco Aurelio Sandoval Tique, rechaza y condena la postura del Procurador General de la Nación y a su vez expresa la solidaridad con Gustavo Petro. “Queda demostrado –dice la declaración– que la oposición (en Colombia) solo tiene cabida en las cárceles y en los cementerios”.
Al integrarse al movimiento nacional de los indignados por dicha decisión, Sandoval Tique compara esta infeliz práctica con la serie de magnicidios que se han venido presentando históricamente en este país sudamericano, convirtiendo a esta oligarquía en una de las más criminales del continente y del planeta.
Señala: “La destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos de la ayer senadora Piedad Córdoba y ahora del alcalde Gustavo Petro, solo se puede comparar con la eliminación física de que han sido víctimas hombres prominentes como el doctor Jorge Eliécer Gaitán, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León-Gómez, el doctor Antequera, Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán Sarmiento y otros, que han levantado la bandera contra la corrupción, la politiquería y la exclusión social de los sectores marginados. Igualmente se puede comparar con el robo de las elecciones al ex general Gustavo Rojas Pinilla”.
El vicepresidente de Uninalpps pide una reforma a la Justicia y una asamblea nacional constituyente que le cierre el paso a la corrupción y la impunidad. Dice en su declaración:
“Ahora más que nunca se requiere con urgencia la reforma a la Justicia, a través del Congreso o de una asamblea nacional constituyente, para eliminar la comisión de absolución de la Cámara de Representantes, que genera impunidad y le hace apología a la misma, frente a los delitos de cuello blanco, ya que el Procurador ha venido violando la Constitución y la ley con tamaña impunidad”.
“O si no, consulten lo denunciado por la revista Semana, en el sentido de que para llegar a ser reelegido repartió cientos de puestos a los congresistas, lo que tipifica el punible de tráfico de influencias, igualmente, ha violado las leyes que prohíben adoptar conductas racistas, y lo han hecho contra la comunidad LGTB, contra los matrimonios entre parejas del mismo sexo”.
“Así mismo, se ha negado a convocar a los procuradores judiciales delegados a concurso, para incorporarlos a carrera administrativa, como lo ordenó la H. Corte Constitucional, para que no mantuviera esta nómina como mercado persa, negativa que implica el punible de prevaricato por omisión. También eliminar estos poderes del procurador que rayan en el extremo de extralimitarse en sus funciones”.
El enérgico comunicado termina señalando la situación dramática por la cual atraviesa el pueblo colombiano como producto de las arbitrarias medidas tomadas por el régimen y, a su vez, expresa su preocupación en cuanto que mientras en La Habana se habla de construir un proceso de paz, el Procurador General de la Nación asienta el acelerador a favor de la guerra. “Se atiza la violencia desde el poder como lo está haciendo el procurador”.
