Comunidades campesinas están dispuestas a la sustitución de hoja de coca a cambio de un plan de desarrollo agrario integral. El gobierno tiene la palabra
Redacción Política
Nefastas consecuencias para la salud humana, es el argumento con que el Estado colombiano decidió dejar a un lado su política de fumigación de cultivos de hoja de coca con glifosato, tres décadas después de enfrentar una guerra frontal contra las drogas, con pocos resultados.
Los primeros que advirtieron del fracaso de la política antidroga fueron los campesinos que salieron a marchar contra las fumigaciones a finales de la década de los noventa. De ese tiempo para acá, ellos han sido calificados como narcotraficantes y perseguidos como los mayores responsables del negocio.
Todo tipo de mecanismos represivos se han utilizado para persuadir al campesinado que siembra la hoja de coca como único producto para el sustento de su familia en regiones sin desarrollo rural. La subsistencia campesina depende de las cosechas de la planta que además tienen otros usos diferentes al narcotráfico.
Pero la guerra frontal contra los cultivos denominados ilícitos reflejó una arista del conflicto armado. Mientras los campesinos exigían desarrollo agrario integral y para sobrevivir sembraban hoja de coca, el Gobierno aplicaba su fuerza militar para desterrar, dicen ellos, “los cultivos y con ellos acabar con la base de la cadena productiva del narcotráfico”. Nada más equivocado.
Durante décadas las autoridades nacionales se convirtieron en topógrafos, dice el ex alcalde de San José del Guaviare y uno de las voces expertas para el tema de sustitución de cultivos ilícitos: “cada año las autoridades militares reportan el número de extensiones de tierra sembradas por cultivos de hoja de coca, las hectáreas fumigadas por glifosato o los porcentajes de erradicación manual, pero eso esconde una problemática implícita a lo largo de cuatro décadas. La pobreza y la marginalidad, la ausencia del Estado de derecho son motivos suficientes para entender la razón de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola en esas regiones”.
El mismo día que deliberaba y decidía el Consejo Nacional de Estupefacientes sobre la aplicación del glifosato a los cultivos denominados ilegales por el criterio de prevención tras considerar al herbicida glifosato nocivo para los seres humanos, las comunidades campesinas, negras e indígenas se reunieron en Bogotá, en el seminario Fumigaciones y Paz, convocado por la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y Constituyentes por la Paz, y advirtieron que tienen preparada una propuesta de sustitución gradual, pacífica y con enfoque ambiental.
Una propuesta transicional a 10 años en donde las comunidades que hoy son cultivadoras de la hoja de coca irán eliminando los cultivos de manera voluntaria, mientras el Gobierno Nacional desarrolla proyectos económicos en función de la economía campesina. Mientras tanto, el Gobierno Nacional compra a las comunidades las cosechas de hoja de coca que se produzcan y alista los proyectos de desarrollo agrario integral en los que se involucren, entre otros temas, el acceso a tierra, carreteras para transporte de productos, programa de asistencia agrícola, salud y educación parar las comunidades campesinas golpeadas por la pobreza, y subsidio para los productos de sustitución.
En una carta al presidente de la República, los líderes campesinos de todas las zonas del país le exigen al Gobierno empezar un plan pacífico de sustitución de cultivos denominados ilícitos, consultado con las comunidades campesinas, negras e indígenas, sin la utilización de otros herbicidas como, denuncia la comunidad, se viene haciendo; y detener los operativos militares y la judicialización contra campesinos cuyo único sustento es la siembra de la hoja de coca.
“Si se fumiga lo de su seguridad alimentaria, eso es una causa de desplazamiento”, indica Pedro Arenas, y coincide con los voceros de la MIA, quienes ratifican que la lucha antidrogas de los Estados Unidos en Colombia se convirtió en otra causa del conflicto armado en el país: “Los campesinos cultivadores son víctimas del conflicto interno y le pedimos al Gobierno que una política de choque, después de prohibir la aspersión del glifosato, es que nos compre la cosecha de hoja de coca. Esa es la mejor manera de dar comienzo a un programa de sustitución de cultivos en el que ganen el gobierno y los campesinos”, señalaron.
