De continuar el conmovedor flujo de niños migrantes a Estados Unidos, la cifra podría llegar a 90 mil al finalizar el año. El presidente Obama, reviviendo el papel de Herodes, promete deportarlos a todos, antes que buscar una solución humanitaria
Alberto Acevedo
Una enorme brecha económica entre los que todo lo tienen y los que nada tienen se oculta detrás del drama de los niños migrantes que a raudales cruzan la frontera sur de los Estados Unidos, ya no en busca del ‘sueño americano’, sino huyendo de una pesadilla en sus países de origen, generada por la pobreza extrema, la violencia y la inequidad social.
Hasta 400 niños por día cruzaron la frontera entre México y los Estados Unidos en la última semana, según reconocieron las propias autoridades de inmigración del país del Norte, en un éxodo que disparó las alarmas y obligó al presidente Obama a calificar el fenómeno como una verdadera ‘crisis humanitaria’.
Pero el flamante Premio Nobel, antes que considerar una salida humanitaria al asunto y ofrecerles un tratamiento de refugiados, como en reiteradas ocasiones han reclamado organismos de derechos humanos, reencarnando en el papel de Herodes, ha dicho que aplicará mano dura y deportará hasta el último de los menores, que en su mayoría huyen de una dramática situación social en sus países y buscan reunificarse con sus padres, que años antes optaron por el mismo camino en el país que se reclama paraíso de las oportunidades y de la democracia.
El fenómeno de los que eufemísticamente llaman ‘menores inmigrantes no acompañados’ comenzó a registrarse desde hace algunos años, especialmente desde distintas regiones de México, por la condición de ser país fronterizo. Las políticas de ‘disuasión’ de las autoridades norteamericanas, que imponen cada día mayores controles a un problema que tiene un fondo esencialmente económico, lanzaron a un número cada vez mayor de personas a la ilegalidad en la movilidad a Estados Unidos.
Sólo que ahora el problema se disparó con la llegada masiva de menores de edad de países centroamericanos, mayormente de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde las causas que motivan la migración son más acentuadas. En los últimos ocho meses, dicen las autoridades norteamericanas, han cruzado la frontera 52 mil niños indocumentados, y de mantenerse esa progresión, llegarían a 90 mil al finalizar este año.
Por lo masivo del fenómeno, muchos de ellos no alcanzan su meta y son privados de la libertad por los guardias de frontera. En nueve meses, las patrullas policiales han detenido a 52 mil pequeños inmigrantes, de los cuales 12 mil son mexicanos. Las intrincadas normas de inmigración llevan a dar un tratamiento diferenciado a los mexicanos, que por ser un país con frontera común, permiten su deportación en el término de 48 horas. No así con los de otros países centroamericanos, a quienes hay que dar un tratamiento diferenciado por razones humanitarias, y por su doble condición de ser menores de edad e indocumentados.
Tratamiento de refugiados
Además de las ya anunciadas medidas de deportación, el presidente Obama urgió al Congreso a que revise de manera prioritaria las normas actuales para darle nuevas herramientas legales al secretario de Seguridad Nacional para que acelere la expulsión.
El anuncio ha generado el rechazo de un sinnúmero de organizaciones humanitarias, protectoras de menores y defensoras de derechos humanos, que reclaman en primer lugar que a los niños, que tienen una edad promedio de 14 años, reciban el tratamiento de refugiados, y en la búsqueda de una solución humanitaria intervengan organismos como la Acnur y la Cruz Roja Internacional.
Esas mismas razones humanitarias tienen el peso suficiente para reclamar que se dé prioridad a la reunificación familiar, pues muchos padres viajaron con anterioridad a buscar oportunidades de trabajo y seguridad social y desde entonces no ven a sus hijos.
En este sentido, los presidentes de los países de la subregión, miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), reunidos el 29 de junio, pidieron a la Casa Blanca que se garantice “el principio de interés del niño y la no separación de la familia”. Los mandatarios aseguran además que Estados Unidos debería asumir su responsabilidad como país de destino.
Debido proceso
Por ser menores de edad deberían tener un tratamiento especial, acorde con los tratados internacionales de protección a los niños. Lo primero sería ubicar a sus familias y procurar la reunificación. En todo caso, frente a la amenazada de deportación, es urgente además que cada caso se trate por separado y a los niños se les garantice asistencia jurídica y psicológica, y un debido proceso, que hoy no lo tienen. Entre sus derechos, deberían contar la posibilidad de impugnar la deportación.
Hay que tomar en cuenta además la realidad social que se vive en Centroamérica. El modelo económico neoliberal no resultó ser la panacea para estos países. Destruyó las estructuras agrarias tradicionales en Centroamérica, que ya no puede alimentar a sus hijos. Esos 90 mil niños que pueden llegar a Estados Unidos en este año, deberían estar en escuelas, colegios y universidades, deberían estar reunidos con sus familias.
Se necesitan establecimientos educativos, becas de estudio, maestros, comedores, campos deportivos, que por cierto, jamás pudieron lograrse a pesar de los tratados de libre comercio, impuestos a estos países bajo la promesa de que habría prosperidad y bienestar general. Los centroamericanos siguen esperando ese paraíso.
Política migratoria
Por el contrario, frente al crecimiento de las desigualdades y la exclusión social, crecieron en forma paralela las bandas delincuenciales, la criminalidad urbana, la trata de personas, la violencia familiar y sexual, y los niños optaron por escapar masivamente a esta situación. Huyen porque consideran que su seguridad e integridad corren peligro.
Los tratados de libre comercio con México y Centroamérica, suscritos a partir de 1994, nunca arrojaron los índices de crecimiento suficientes para satisfacer las necesidades de la población, que sigue migrando de manera ilegal hacia los Estados Unidos. A esto se agrega la incapacidad de los gobiernos locales de mejorar la seguridad humana. En estas circunstancias, el problema ha tocado a los niños, víctimas de la esclavitud y la explotación sexual.
Lo menos que debieran hacer los gobiernos de la región es revisar de inmediato los TLC, sus propias políticas migratorias y de desarrollo, detener la violencia intrafamiliar y de género, y alentar a las autoridades norteamericanas a revisar sus políticas migratorias, obsoletas ante el desbordamiento de fenómenos como el éxodo infantil.
