Desde la precarización laboral de los profesores hasta la comercialización de la educación superior son problemas a los que debe responder el actual gobierno.
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Desde hace años se presenta una problemática con los profesores de las universidades públicas del país. El asunto pasa por los recortes presupuestales que se hacen para las universidades y las formas de contratación.
La precariedad laboral llega al punto de que el 80% de los profesores de las universidades estatales son catedráticos y ocasionales. Los primeros con contratos por cuatro meses y medio, y aunque existe una sentencia del Consejo de Estado que exige les paguen todas sus prestaciones como a los de carrera, muchas universidades no la atienden. Los ocasionales deben ser contratados de tiempo completo o medio tiempo y los catedráticos por horas y se les paga según las horas dictadas. Sólo hay alrededor de 12 mil profesores de planta.
Hay casos extremos como el de la Universidad de Antioquia donde son mil de planta y cinco mil catedráticos y cada facultad hace contratos por aparte, y les paga de manera distinta. En instituciones en un mismo municipio sucede lo mismo.
Según el profesor Pedro Hernández, presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), “no se cumple lo que dice la ley 30 sobre cuánto vale la hora cátedra, no se cumple la sentencia del Consejo de Estado de 2009 que obliga a que a los profesores ocasionales y catedráticos se les liquide la hora de acuerdo con el régimen salarial de los profesores de planta. Por eso no es raro que la asamblea permanente sucedida hace poco en Tunja se repita próximamente en varias universidades”.
Problemas en la planta
El salario de los profesores universitarios es establecido por puntos. Por título de pregrado un docente puede acumular hasta 180 puntos, por títulos de posgrado en maestría de 40 a 60 puntos y de doctorado entre 80 y 120. También se suman los puntos que dan los artículos o libros publicados. Actualmente cada punto vale 11.240 pesos. Entonces, un docente con maestría y doctorado está sobre los 300 puntos; eso se multiplica por el valor del punto para obtener el salario.
El problema para los profesores de planta se originó en 2003 cuando se les incrementó el valor del punto en 2,5% y el IPC era de 9,5%. Desde esa época el valor ha venido cayendo hasta alcanzar el 12% en la actualidad. El Gobierno ya había aceptado un estudio técnico que se había firmado entre ASPU, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación; en éste los entes gubernamentales aceptaron los argumentos de los profesores. Eso sin reconocer los ajustes por encima del IPC que se han hecho a los trabajadores estatales.
“El problema los afecta al punto que quienes tienen salarios con base en más de 300 puntos, desde 2003 a la fecha, han perdido por la caída del valor del punto que debería estar en más de 12 mil, dejan de recibir 140 millones de pesos. Un profesor de 500 puntos ha dejado de recibir más de 170 millones, y uno que por sus investigaciones es de mil puntos ha dejado de recibir más de 200 millones”, explica Pedro Hernández.
Pero como a los ocasionales y catedráticos ahora tienen que liquidarlos en los mismos términos que los de carrera, también se ven afectados por la depreciación del punto. Y al tenerse en cuenta que no tienen contrato ni trabajo todo el año, son más afectados.
La U al libre comercio
El principal problema de las universidades son los recursos. Sobre este aspecto el profesor Hernández explica que hay un déficit presupuestal de alrededor de un billón de pesos, y agrega: “Según el Gobierno las universidades están quebradas por culpa de los profesores, se ha aumentado las nóminas, pero no dice que es por los rectores que imponen y los miembros de los Consejos Superiores quienes imponen al rector que les dé contratos.
Sólo veamos cuánto se perdió con el rector de Unipamplona a quién cogieron en España y que el Gobierno no quiso repatriar. Aquí tiene una condena por haberse robado más de 35 mil millones de esa universidad. Cuánta plata se ha perdido en la Universidad de Córdoba gracias a los paramilitares que la controlaron. Veamos el problema de la UIS que es similar…”
El presidente de ASPU también dice que el presidente de la República debe explicar por qué la educación superior aparece en un nuevo tratado de libre comercio denominado Trade in Services Agreement (TISA), en el que se promueve una liberalización del comercio de servicios a escala global y en el que está involucrada la educación superior, especialmente.
“Con este se dice que no puede haber condiciones para las universidades públicas o privadas en el país, que todo lo rige el mercado; que no pueden haber sistemas de control de calidad, desaparecería la acreditación. Ya a Colombia han entrado algunas, y el mercado lo están cogiendo transnacionales que no tienen experiencia en educación superior. Muchos de ellos son sistemas totalmente virtuales que obligan a los estudiantes a consumir los textos virtuales que ellos mismos producen y que obligan a los profesores a que si quieren continuar deben conseguir más matriculados en los programas”, anota el profesor Pedro Hernández.
