Las dificultades de alrededor de 400 mil taxistas colombianos pasan por la falta de regulación de las relaciones obrero-patronales y la proliferación de formas ilegales de transporte de pasajeros
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Poco a poco el mototaxismo se ha convertido en el mayor flagelo sufrido por los más de 400 mil taxistas que hay en el territorio nacional. Es un fenómeno producto del desempleo, apoyado por algunos alcaldes. En su mayoría es ejercido por personas quienes estuvieron al margen de la ley o reinsertados, principalmente de los paramilitares. Algunos no laboran sino que compran varias motocicletas para darlas a manejar.
De la misma manera, están los bicitaxis y los motocarros que, aunque autorizados por el Gobierno nacional, también han sido estimulados por campañas políticas. Generalmente el mototaxismo se da en clima cálido y los motocarros en municipios pequeños.
El otro problema, el que causó el actual alboroto en Bogotá, es Uber; una aplicación que inscribe vehículos de gama alta para servicio especial pero son utilizados en transporte individual. El conflicto con los taxistas se da porque el objetivo del servicio especial es hacer transporte empresarial mas no a individuos, competencia de los carros amarillos o taxis. También está Uber X, o el servicio de transporte individual prestado a través de vehículos particulares.
Por eso, y luego de protestas de taxistas y conversaciones con los ministros de Trabajo y Transporte, el pasado 11 de marzo, el Ministerio de Transporte dejó claro que no legalizará ese servicio y que, por lo contrario, los taxistas tendrán la posibilidad de tener un servicio de taxis de lujo mediante reposición de vehículos. También se comprometió a controlar las plataformas para no permitir ilegalidad e informalidad en el servicio.
Al siguiente día en Bogotá, cuando los taxistas supieron que mediante las plataformas Uber y UberX cientos de asistentes a un concierto en las afueras de la ciudad habían contratado los servicios de transporte individual, procedieron a hacer un retén para detenerlos y evidenciar ante la Policía que aun con la prohibición el servicio se seguía prestando.
“Se hizo un plan tortuga para llamarle la atención a las autoridades para que combatieran este tipo de transporte. Había carros blancos y particulares, esto es totalmente ilegal. Esperaron que llegara la Policía e hicieran el comparendo respectivo y llevaran a los patios a estos vehículos. Si el Gobierno nacional no los combate, no queremos que haya un enfrentamiento, por eso se le mostró a la Policía lo que pasa”, explicó Horminso Bermúdez, presidente del Sindicato Nacional de Taxistas (Sinaltax), organización que cuenta con cuatro mil afiliados de los 400 mil vehículos que hay en el país.
La medida fue rechazada por muchos ciudadanos quienes argumentaron abusos porque en varios casos bajaron a los pasajeros de los vehículos. Asimismo, en redes sociales muchos ciudadanos se mostraron contrarios a las medidas contra la plataforma Uber con el argumento de la posibilidad de suplir el pésimo servicio y los abusos de muchos taxistas.
La representante de Uber en Colombia, Ana Paula Blanco, expresó que seguirán trabajando ya que la firma es una aplicación tecnológica que conecta a los usuarios con servicios de conductores privados.
Los defensores de la medida han expresado que la decisión del Ministerio afecta a cerca de 100 mil colombianos que en el último año y medio escogieron la plataforma. Según ellos, cinco mil cabezas de hogar quedarán sin posibilidad de llevar sustento a sus familias.
En defensa de los taxis, el presidente de Sinaltax anota, además, que el Gobierno y los ciudadanos deben reconocer un valor agregado en los taxistas, quienes hacen un patrullaje día y noche gratuito e informan a la Policía de diferentes delitos.
Paro latente
Al cierre de la presente edición de VOZ se presentaban posiciones divergentes acerca de entrar o no en paro; mientras algunos decían que creían en los compromisos del Gobierno, otros expresaron que la idea está latente porque: “estos vehículos se demoran cinco días en los patios y salen y siguen trabajando, a los conductores les sancionan la licencia y continúan como si nada. Le haremos ver al Gobierno nacional que se necesitan sanciones más drásticas para que el taxi amarillo pueda laborar y seguir sobreviviendo porque las tarifas, en especial en Bogotá, son de pobreza”, advirtió Horminso Sepúlveda.
Al hablar de taxistas hay que distinguir tres formatos: los dueños de los vehículos quienes son alrededor del 15 por ciento; el taxista raso, quien no tiene salario, simplemente le dan un carro para que trabaje, obtenga unos ingresos y entregue un producido al dueño del vehículo; y los flotilleros, encargados de administrar y ser los intermediarios de 10, 15, 20 y hasta 300 taxis, obtener unas ganancias y someter al conductor a unos producidos que en realidad en el mercado son imposibles de hacer. “Es ahí donde se quiebra el hilo porque esa situación genera que el conductor quiera cobrar más de lo que vale una carrera”, explica el presidente de Sinaltax.
“El problema grave son los abusos de algunos propietarios y flotilleros, quienes obligan a dejar unos depósitos para que les entreguen un vehículo y poder trabajar. Es decir, si yo voy a manejar un taxi en Bogotá, en varias partes usted tiene que llevar 300 o 400 mil pesos para dejar como depósito para que le den un vehículo, o sea, usted paga para trabajar. Con un agravante, que fuera del depósito le piden un ahorro diario que puede ser de cinco o siete mil pesos cada vez que usted hace un turno. En el caso de Bogotá, cada vez que tiene pico y placa le piden este ahorro, uno trabaja o lo dejan trabajar dos o tres meses y luego de esto le dicen ‘ya no hay más trabajo’, le quitan el carro, no le devuelven ni los ahorros ni el depósito que usted deja”.
Turnos
Otro problema de los conductores es el producido. En Bogotá, en un turno sencillo o de 12 horas el conductor entrega regularmente 60 o 65 mil pesos, aunque hay quienes les piden 70 o 75, y si es turno largo de 14 o 15 horas se deben entregar 90 y hay quienes exigen 130 mil.
“Esto es imposible de hacer, entonces, ¿qué hace un conductor? Cobrar lo que no debe para poder satisfacer los apetitos económicos de esas personas. Deben hacerse 200 mil pesos, porque usted tiene que tanquear el carro, lavarlo y tiene que comer en la calle, a usted le dan el vehículo por vivienda, es decir, vive sometido al vehículo. Todo con un agravante: el conductor del taxi es una persona desprotegida, ahora con el decreto 1047 del año 2014, el Gobierno nacional los está obligando a que ellos mismos paguen la seguridad social dejando de lado los otros actores, que son el propietario y la empresa, que de acuerdo con la ley deben también ser involucrados en esta responsabilidad”.
Las anteriores son situaciones en las que su solución no solo está en las manos del Gobierno sino de los privados. Son temas que se han discutido en las mesas de trabajo en los ministerios de Transporte y Trabajo, aunque sin soluciones reales. Hasta el momento solo se harán mesas de trabajo con el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, que iniciarán en Pasto, donde estos trabajadores han manifestado no poder asumir esa responsabilidad ya que a diario solo les quedan 20 mil pesos.
Los taxistas proponen que, de acuerdo con la ley 336 de 1996, los trabajadores del transporte deben ser contratados por las empresas y que el pago de la seguridad debe salir de la tarifa.
