miércoles, mayo 22, 2024
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La ley que quebró la infraestructura del país

La estructura tuvo un costo de 17 mil millones de pesos y fue entregado mediante contrato de obra pública a Conconcreto, empresa imputada también por el descalabro de Hidroituango. ¿Quién responde?

Aída Avella

El pasado 20 de agosto colapsó el puente Los Grillos ubicado en el trayecto Sogamoso–Aguazul, vía Cusiana. Fueron afectados específicamente los kilómetros 81, 84 y 87, dejando incomunicados a cinco departamentos: Boyacá, Casanare, Guaviare, Vichada y Arauca.

Estos hechos agravan la situación del cierre intermitente de los Llanos Orientales que se presenta sobre la altura del km 58 en Guayabetal, kilómetro 56 en Quebrada Blanca y el kilómetro 70 en el sector de Pipiral, entre otros puntos críticos. Por ello, la economía de la región se ha visto perjudicada al ser despensa agrícola para la capital del país.

Un puente de 17 mil millones

La comunidad de Labranzagrande, Boyacá, ha venido denunciando desde hace tiempo el riesgo de colapso del puente de acceso al municipio debido a la socavación de la cimentación del puente que se ha utilizando como vía alterna para el transporte de petróleo, ganado y alimentos. Sin embargo, para que esta vía pueda ser llamada alterna, todavía faltan 52 kilómetros por pavimentar entre Labranzagrande y el Morro.

El pasado fin de semana visité la zona afectada por la caída del puente los Grillos en el municipio de Pajarito. Miembros de la comunidad se manifestaron pacíficamente para pedir una solución definitiva al cierre de la vía y que con sus propias manos y recursos tratan de abrir un camino provisional.

Según el ministro de Transporte, William Camargo, “prácticamente 4.500 personas dependen de la actividad asociada a la vía y reducir el impacto de la prestación de servicios de salud y educación insuficientes en la región.

¿Quién pagará por estos daños sí el INVIAS recibió a satisfacción el puente en el 2015? La estructura tuvo un costo de 17.268 millones de pesos y fue entregado mediante contrato de obra pública en el 2009 al consorcio CC-MPHV-Cusiana conformado mayoritariamente por Conconcreto, empresa imputada también por el descalabro de Hidroituango.

La ley de la corrupción

El fenómeno de la corrupción está arraigado en la delegación de diversas funciones estatales, como la construcción de infraestructura, que se encuentra regulada por la Ley 80 de 1993, también conocida como el Estatuto de la Contratación.

Este dispositivo jurídico permite la subcontratación de obras públicas, a través de la cual entidades privadas ejecutan proyectos financiados por el Estado. Lamentablemente, esta subcontratación a menudo carece de una adecuada supervisión y evaluación de la ejecución de las obras, lo que da como resultado la realización de construcciones defectuosas e incompletas.

Estas problemáticas comprometen la integridad de la infraestructura logística del país y su competitividad global, repercutiendo directamente en la economía y la calidad de vida de los ciudadanos, quienes finalmente pagan estos costos a través de sus impuestos.

La cuestión radica en la distribución de responsabilidades y la transparencia en el proceso de subcontratación, que a menudo genera un terreno fértil para estas prácticas corruptas. Varios son los sonados escándalos en el país, entre ellos Odebrecht y el denominado “puente del acordeón” Hisgaura en Santander.

En la actualidad el INVIAS tiene un inventario de 3.800 puentes de los cuales únicamente 500 han sido evaluados, ¿Qué pasará con el resto? ¿En manos de quienes se encuentra la infraestructura y porque encuentran aliados en la ley que fractura y tumba puentes en el país?

Nos preguntamos si hay que volver al Ministerio de Obras Públicas para poder intervenir directamente en caso de las emergencias provocadas por fenómenos naturales u otros que se puedan presentar.

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