Renata Cabrales
En las próximas horas saldría libre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, tras una decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de levantarle 57 órdenes de captura. El excomandante de las AUC retornó a Colombia deportado desde Estados Unidos en febrero de este año, y ha permanecido preso.
Mancuso había pedido su libertad en varias audiencias, tras cumplir en Estados Unidos una condena por narcotráfico, argumentando que ya había cumplido con la condena de Justicia y Paz, una pena de tan solo 8 años de cárcel, teniendo en cuenta que se le atribuyen alrededor de 34 mil crímenes de lesa humanidad y de guerra. Uno de sus argumentos, es el hecho de haber sido nombrado por el Gobierno de Gustavo Petro como Gestor de paz para “adelantar tareas en pro de la reconciliación”.
Sobre esto ya se hablado bastante. Se tratar de enfrentar una disyuntiva. Pero antes, debemos expresar que, si de verdad el señor Mancuso estuviera comprometido con el tema de la verdad y la reconciliación, después de asumir toda responsabilidad de los actos atroces cometidos en medio del conflicto armado, entendería la posición de las víctimas y no pondría como requisito salir libre como si nada, con el fin de aceptar el cargo de Gestor de paz.
La disyuntiva radica en que, como víctima de la violencia paramilitar, se apoya la iniciativa de Paz total de este gobierno progresista, se está a favor de la verdad y la reconciliación, y se considera que nombrar a Mancuso como Gestor de paz no es una mala idea, siempre y cuando este señor cumpla las condenas que aún tiene pendiente por los delitos cometidos.
Sobra decir que se busca que las verdades salgan a la luz, en especial las que mantienen hoy en día al expresidente Álvaro Uribe con el padrenuestro en la boca, pero irónicamente, una de las condenas pendientes por las que Salvatore Mancuso aún no podrá comenzar a colaborar con la verdad es debido al caso que envuelve a toda mi familia: la tentativa de homicidio contra mi padre sindicalista y líder comunista de la Universidad de Córdoba, René Cabrales y contra mi hermana Alina Cabrales, el asesinato de mi hija de dos años, Alejandra Camargo Cabrales, en hechos ocurridos el 10 de junio de 1996, y el posterior desplazamiento de toda la familia hacia Bogotá y nuestro posterior exilio en Suiza, debido a las constantes amenazas de muerte recibidas.
Una de las sentencias que está en estudio es la del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, la cual se emitió el 4 de febrero de 2015 por el delito de desplazamiento forzado.
Lamento que esta decisión, por el momento, no sea buena para la iniciativa de Paz total del gobierno, pero no sé si lamento más que esta sea una buena noticia para el uribismo. Para el uribismo nada, es todo lo que ahora se me ocurre.
