El viernes 5 de julio, Ecopetrol realizó una socialización en Villavicencio para el área exploratoria del proyecto, el bloque CPO 10, que cubre un área de 30 mil hectáreas y 10 locaciones. Allí, la empresa encontró una gran oposición de las comunidades, entre otras cosas, porque tiene previsto realizar vertimientos en el río Guayuriba y en el río Pajure. Este último es uno de los afluentes del departamento donde hay gran actividad pesquera y del que viven en asentamiento unas 500 personas.
La renuencia de las poblaciones se justifica en la contaminación que destruye los ríos de la región en Castilla, Chichimene y Apiay, en los cuales se están realizando vertimientos. Organizaciones sociales y las comunidades afectadas presentaron sus inquietudes; su posición es la no autorización de la realización del proyecto.
Actualmente están organizándose y solicitaron el apoyo de la CUT para llevar a cabo acciones que impidan la ejecución. La primera tarea fue establecer contactos con el personero de San Carlos de Guaroa, quien hizo una ponencia respaldada por los habitantes. “Estamos dispuestos a brindar acompañamiento a las comunidades, porque esa es una de las misiones de nuestra organización sindical”, dice Aníbal Bermúdez, secretario general de la USO, subdirectiva Meta.
Por el momento, el propósito es que se realice una nueva socialización, pero no “tan pomposa como la que se hizo en Villavicencio, porque trajeron una pequeña representación de cada municipio en buses. Estamos solicitando la socialización de manera individualizada en cada municipio, para que las comunidades puedan realmente expresar de manera directa, no a través de representantes, los temores que tienen sobre el proyecto”, finalizó Aníbal Bermúdez.
