Ponencia presentada por Mujeres por la Paz al Foro del 24 al 26 de septiembre en Bogotá
“La realidad sólo puede responder si se le interroga” (Bourdieu, 2001: 55)
Introducción
El Foro “Solución al problema de drogas ilícitas”, organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional en el marco de la mesa de diálogo entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, es una oportunidad para develar la crítica situación de las mujeres en el complejo negocio global de las drogas ilícitas, “compuesto por una cadena eslabonada de cultivadores, procesadores,transportistas, caleteros, comercializadores al por mayor y al por menor, lavadores de activos y consumidores” (Puyana Aura María, 2013; 23).
La vinculación de las mujeres a este complejo negocio está signada por las históricas relaciones de opresión y subordinación, las injusticias y las exclusiones sociales y culturales que ellas viven en el país.
En la agenda pactada para el diálogo entre gobierno e insurgencia se plantea el tema de las drogas haciendo énfasis en: “1) Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos; 2) Programas de prevención del consumo y salud pública; y 3). Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos” (Gobierno de Colombia–FARC-EP—, “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”), temas que se encuentran en íntima relación con la distribución de la tierra y su uso injusto, con la globalización del negocio de las drogas, con la trata de personas y con la relación de la economía legal con la ilegal; entre otros.
Sin lugar a dudas, encontrar salidas para superar los problemas estructurales del agro colombiano, enfrentar la mafias internacionales en un marco de respeto a los derechos humanos y formular políticas que den cuenta de la situación de injusticia, opresión y subordinación que viven las mujeres, es una de las garantías que permitirá poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera.
De acuerdo a la Oficina de Naciones contra las Drogas y el Delito —UNODC—, el “consumo mundial de drogas ilícitas se mantuvo estable durante cinco años hasta finales de 2010 entre el 3,4% y el 6,6% de la población adulta (personas de 15 a 64 años)”.
“Sin embargo, entre un 10% y un 13% de los usuarios de drogas siguen siendo consumidores problemáticos con drogodependencia o trastornos relacionados con el consumo de drogas; la prevalencia del VIH (estimada en aproximadamente un 20%), la hepatitis C (46,7%) y la hepatitis B (14,6%) entre los usuarios que se inyectan la droga, continúan sumándose a la carga mundial de morbilidad; y, por último, pero no por ello menos importante, aproximadamente una de cada cien muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas” (UNODC; 2013:13).
En lo relacionado con la política de guerra a las drogas liderada por los Estados Unidos, las “investigaciones basadas en evidencias, muestran cada vez más claramente que las políticas de drogas están teniendo impactos negativos en los derechos humanos en la región. Por una parte, las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas, en especial de aquellas que son judicializadas, muchas veces sin el cumplimiento de garantías penales básicas, y de quienes son enviados a la cárcel, pues suelen enfrentar condiciones infrahumanas, como las asociadas con el hacinamiento”.
“Estas políticas tienden a tener impactos desproporcionados en ciertos grupos, especialmente vulnerables, y por esa vía, reproducen la discriminación y terminan vulnerando derechos fundamentales” (Carta abierta a los gobiernos de la OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, junio de 2013).
Por lo demás, “las políticas prohibicionistas han colaborado en la formación de organizaciones armadas dedicadas a actividades criminales entre las que se destaca el tráfico de drogas, y que producen fenómenos de violencia importantes y por esta vía afectan los derechos de las personas en las Américas”.
“Dado que la violencia es la forma primordial de regulación de los mercados ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas está necesariamente acompañado por el tráfico de armas, de las peleas por los territorios, la corrupción y socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la Justicia y las instituciones de gobierno. La revisión del paradigma de la ’guerra contra las drogas’ debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia” (Carta abierta a los gobiernos de la OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, junio de 2013).
El ciclo de producción, distribución, comercialización y consumo de narcóticos se ha expandido en el país en el contexto de viejas y nuevas injusticias y exclusiones. “Aunque sirve como una economía de supervivencia y ofrece una red de seguridad para muchos, el dinámico mercado ilícito, así como también la misma guerra contra las drogas que se realiza en su contra, ha aumentado los problemas del campo, ha estimulado los conflictos, la violencia, el despojo, el desplazamiento de población y el malestar social” (Armenta Amira; 2013; 1).
En Colombia, “el comercio ilegal de drogas y las inversiones ilícitas,entre otros factores,han provocado una contrarreforma agraria (concentración de la tierra) dando lugar a un deterioro de las condiciones de vida en muchas zonas rurales del país. La consolidación de la paz en las zonas afectadas requerirá de una política rural que aborde esta situación y resuelva los problemas generados por la economía ilegal y las medidas represivas aplicadas en el país” (Armenta Amira; 2013; 1).
En el país son escasas las investigaciones acerca de la cruenta realidad que enfrentan las mujeres como trabajadoras en los cultivos de la coca o la amapola o como trabajadoras domésticas en las plantaciones; como “mulas” en el ámbito nacional o internacional; distribuidoras del microtráfico o prostitutas al servicio de los grandes capos o de los recolectores; consumidoras o presas en las cárceles por Ley 30.
Asimismo, es en las mujeres que recaen las decisiones de los varones de las familias para vincularse a algunos de los ciclos del negocio de las drogas ilícitas, son ellas las que enfrentan la sanción social, los costos afectivos y materiales por la ausencia del padre, el hermano, el hijo o el compañero y son también ellas las que visitan en las cárceles a sus seres queridos y acompañan a sus hijos, compañeros o hermanos adictos.
Mujeres por la Paz desea aportar en el contexto del Foro “Solución al problema de drogas ilícitas” algunas reflexiones que contribuyan a situar a las mujeres como sujetos de derechos en el complejo y entramado negocio de las drogas ilícitas. En el documento se plantean algunos aspectos generales referidos a los temas propuestos en la agenda pactada entre gobierno y se formulan propuestas que tengan en cuenta a las mujeres en la solución del problema de las drogas ilícitas.
1. Las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas
La cultura patriarcal y la cultura del narcotráfico se entretejen y se fortalecen a través de prácticas, imaginarios y se consolidan relaciones de opresión, subordinación e injusticias que viven las mujeres colombianas. El cuerpo de las mujeres entra en el ciclo de la producción, distribución, comercio y consumo como un objeto material y sexual con el cual se puede comerciar, explotar, vender o intercambiar en un marco de relaciones políticas, sociales y económicas.
Como lo hemos afirmado anteriormente, existe un déficit de investigación que analice y dé elementos que permitan enfrenar la situación de las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas.
No es nuestra postura considerar que las mujeres vinculadas a este circuito lo hacen carentes de decisiones.
Son diversas las motivaciones y diversas las formas de vinculación; por ejemplo, no es la misma situación la de las mujeres que se encuentran articuladas al ciclo del cultivo, generalmente mujeres campesinas, que la de quienes se vinculan a la distribución o al microtráfico o la situación de las esposas, novias o amantes de los grandes capos, de los cultivadores o los distribuidores o la situación de las mujeres privadas de la libertad por infracción a la Ley 30, por ejemplo entre el 2003 y 2010 del total de mujeres en las cárceles en el país, entre el 45% y el 48% estaban por delitos tipificados en dicha Ley.
El riesgo de participar en las dinámicas del ciclo de las drogas ilícitas “es inmanente y emerge una complicidad que debe ponerse en claro. A todas luces, el narcotráfico ofrece unas características que resultan atractivas y que permiten atraer a hombres y mujeres al interior de sus filas, y así, esas mujeres se enrolan en estas esferas atraídas por unas cualidades que ven en la cultura narco, y que las coloca en un terreno pantanoso, donde la lealtad, la fidelidad, la riqueza, la belleza e incluso el derecho de admisión, simplemente, se paga con la vida” (Mata Navarro Itzelin; 2013: 137).
El cuerpo de las mujeres en el escenario del ciclo de las drogas ilícitas
El cuerpo de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas es utilizado de variadas maneras: como herramienta para ascender socialmente, como mensaje de amenaza para quienes desafían la “disciplina o no son leales” a los capos; “ha servido como dispositivo para traficar con drogas, principalmente, heroína, donde el valor de su cuerpo se mide por la capacidad de resistir el viaje hacia el destino final de la droga y la cantidad de droga que pueda llevar. Aquí la creencia que se tenía era que a las mujeres se les requisaba menos, pero con el paso del tiempo (y de las mujeres llevando droga) se intensificaron los controles sobre el cuerpo de la mujer como dispositivo sospechoso para los controles de aduanas” (La Silla Vacía, 2012).
Pero, también, el cuerpo de la mujer como objeto de deseo, objeto utilizado para reforzar, recrear y transmitir estereotipos acerca de ellas. Mujeres a la medida de los deseos de los capos de la droga, intervenidas estéticamente, imagen que es vendida como el ideal de mujer para ascender socialmente y para “lograr” ser amada. Esta imagen de mujer es difundida a través de la música, las telenovelas, los narcocorridos, la literatura y el cine. La telenovela colombiana “Sin tetas no hay paraíso” (Bolívar Moreno, 2006), ampliamente difundida en varios países, es ejemplo de la imagen de mujer que le es útil al patriarcado y al negocio de las drogas.
Las mujeres de los capos son mostradas como títeres a su servicio, sin capacidad de decidir y sin autonomía. A través de prácticas recrean una estética corporal femenina que dista de ser la realidad de la inmensa mayoría de mujeres. La estética femenina impuesta por la cultura del narcotráfico en lo nacional e internacional refuerza la colonización del cuerpo de las mujeres y la sexualidad de ellas puesta al servicio de los deseos de los varones con poder o sin poder en la estructura del negocio de las drogas ilícitas.
En el complejo circuito de las drogas ilícitas se reproducen no solo las relaciones de poder y subordinación entre mujeres y varones sino también las relaciones de explotación económica. Existe el cuerpo de mujer que contribuye al cultivo y procesamiento inicial de las drogas ilícitas, ese cuerpo de mujer se vincula al ciclo en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y su familia; el cuerpo de la “mula” que generalmente son mujeres sin oportunidades de desarrollo pleno de sus capacidades y que no encontraron otro horizonte para su vida; el cuerpo de las amantes, esposas, hijas y herederas de las fortunas de los capos.
En este ciclo de vinculación de los cuerpos de las mujeres se reproduce la pirámide social: entre mayor capital económico, cultural y corporal se ocupará un lugar más cercano a los capos de alto rango (Mata Navarro Itzelin; 2013: 133). En cambio, a menor capital económico, cultural y corporal, las mujeres serán más bien carne de cañón, carnada para defender el campo del narcotráfico (Mata Navarro Itzelin; 2013: 134). Por eso es que las “mulas”, las prostitutas o las mujeres vinculadas al microtráfico serán el eslabón más débil de la cadena y sufren con mayor rigor la violencia y la aplicación de la ley.
II. Propuestas
La política para la solución de las drogas ilícitas debe partir de:
a) Las investigaciones científicas que dan cuenta de las estrategias exitosas y las que no lo son, superando las visiones moralistas o los intereses ideológicos de ciertos sectores de las élites nacionales y transnacionales;
b) las diferencias en las características y usos de cada una de las sustancias;
c) el respeto a las diferencias socioculturales y a las tradiciones de sustancias utilizadas por las comunidades indígenas en rituales y prácticas comunitarias y que hacen parte de su ancestral cultura;
d) minimizar el daño en los consumidores y en el medio ambiente;
e) el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la justicia basada en el principio de la proporcionalidad, no se puede continuar en la lógica que paga más pena por Ley 30 una mujer que sirve de “mula” que un capo de las drogas ilícitas;
g) superar las acciones centradas en la fuerza y la represión por políticas basadas en la concertación y la participación ciudadana con participación paritaria para las mujeres y decidir acerca “si la erradicación sigue siendo una condición previa para la validez del desarrollo alternativo. La erradicación debe ser un proceso gradual y voluntario, y hacer parte de los acuerdos alcanzados con las comunidades que desean alternativas legales” (Armenta Amira; 2013:3);
h) acciones y políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y hombres vinculados al cultivo, procesamiento, distribución y microtráfico de las drogas ilícitas;
i) examinar la asistencia y la cooperación internacional que presiona al país privilegiando los intereses de las élites nacionales y transnacionales en detrimento de los intereses de campesinos y del medio ambiente.
Teniendo como base los puntos anteriores, Mujeres por la Paz propone:
Formulación y puesta en marcha de una política de desarrollo agrario que esté dirigida a superar los problemas estructurales de la tenencia y uso de la tierra. La política debe estar orientada a transformar las históricas relaciones de opresión y subordinación de las mujeres y garantizar para ellas propiedad sobre la tierra y condiciones económicas para la producción, distribución y comercialización de lo que producen.
Las reformas estructurales que urge el sector agrario deben tener como uno de sus pilares, redistribuir las tierras ociosas, improductivas e incautadas a los capos de las drogas entre campesinos e indígenas desposeídos, y restituir los predios adquiridos a través del despojo, la ilegalidad o la fuerza a sus antiguos propietarios garantizándoles la seguridad y la implementación de proyectos productivos sostenibles basados en la concertación, la solidaridad, la diversificación productiva, la competitividad y la seguridad y soberanía alimentaria.
Las reformas deben incluir acciones positivas a favor de las mujeres que permitan transformar las ancestrales injusticias que ellas viven; acciones como crédito blando; asistencia técnica, asistencia jurídica.
Impulso y puesta en marcha de políticas que estén dirigidas a desestimular la vinculación de las poblaciones rurales al cultivo y procesamiento de drogas ilícitas vía de generación de opciones económicas viables y sostenibles.
Legalización de cultivos de coca y amapola para uso medicinal, alimenticio e industrial en un mercado regulado por el Estado. Regulación del cannabis para uso recreativo, medicinal e industrial. En la actualidad existe suficiente evidencia de que “mantener la prohibición del cannabis junto con las demás sustancias resulta contraproducente. La marihuana es la droga más consumida hoy en el mundo y su comercialización en manos de grupos organizados del crimen afecta a una gran cantidad de usuarios, poniéndolos en riesgo dada la oferta de otras sustancias más nocivas, contexto en el que busca crear un mercado cautivo para las drogas” (Vargas Meza, Ricardo; 2013:20).
El Estado colombiano debe llevar a cabo una amplia y participativa consulta tendiente a la reforma del Código Penal y las normativas acerca de los estupefacientes, que permita distinguir los componentes criminales y socioculturales de la producción, distribución y comercio de las drogas ilícitas, “proporcionalidad penal, reducción del daño y descriminalización de productores y consumidores» (Puyana Aura María; 2013:37).
Diseño y puesta en marcha de una política integral de salud fundamentada en el respeto a los derechos humanos, que prevenga el consumo, reduzca el daño, tenga en cuenta las diferencias regionales, culturales, económicas, étnicas, por edad y sexo del consumo de las drogas ilícitas, brinde atención diferencial a mujeres, varones, adolescentes y fortalezca a las comunidades y familias.
Diseño y puesta en marcha de una política que integre el sector educativo, la salud, la cultura, los medios de comunicación, las TIC y el deporte, dirigida a transformar los imaginarios y las valoraciones acerca del cuerpo de las mujeres y fortalecer las campañas y acciones que contribuyan a la autonomía de las mujeres y estilos de vida saludables.
Diseño y puesta en marcha de acciones que brinden oportunidades de trabajo digno y sostenible a las mujeres vinculadas al microtráfico de las drogas ilícitas. Esta política debe ir acompañada de acciones de entrenamiento laboral, resocialización, desmantelamiento de las redes de microtráfico y ollas de consumo.
Revisión y puesta en marcha de una política carcelaria que dé cuenta de la situación diferencial de las mujeres privadas de la libertad por infracciones a la Ley 30. Dicha política debe responder por las situaciones de sus familias y por las de las mujeres colombianas encarceladas en otros países por delitos asociados al narcotráfico.
Impulso y fortalecimiento de proyectos de investigación, reflexión y análisis de la realidad de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas, como posibilidad de abordar el fenómeno desde un enfoque de los derechos humanos de las mismas.
Notas bibliográficas
ALVARADO VÁZQUEZ, R. I. (2012). Las nuevas imágenes urbanas. Los buchones una imagen regional. Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI del Tercer Congreso.
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ARMENTA, AMIRA (2013). El mercado ilícito de las drogas en el contexto agrario colombiano: ¿Por qué el tema de los cultivos ilícitos es relevante para el proceso de paz?, Transnational Institute, Amsterdam, Países Bajos.
MATA NAVARRO, Itzelín (2013). El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones sociales. Jalisco, México.
PUYANA, AURA MARÍA (2013). Nuevos enfoques de la política antidrogas para la paz en Colombia en Aportes para el debate sobre la paz, FOCUS, Foro de mujer y desarrollo, Bogotá.
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VARGAS, M RICARDO (2012) Peace process in Colombia”, Norwegian Peacebuilding Resource Center NOREF, http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/46cbe4d4cf4550886744d45fbaa97c27.pdf.
