Protestas en Bogotá y otras ciudades por exagerados cobros de valorización y predial. Ola de movilizaciones y huelgas en el país. Es evidente la agudización del conflicto social
Redacción Bogotá
En Bogotá y otras ciudades del país los pobladores de los barrios de todos los estratos están protestando a su manera por las exageradas tarifas de valorización y predial. El Estado alcabalero, tan famoso desde la Revolución de los Comuneros hasta nuestros días, abusa del poder para establecer una fuerte carga tributaria, que afecta, sin duda, más a los pobres y a los sectores medios que a los poderosos que no dejan de protestar como en la célebre telenovela “Los ricos también lloran”.
Para los especialistas, en el caso de la valorización anticipada, es un modelo que hizo crisis, porque las administraciones cobran las obras antes de construirlas y no las ejecutan o lo hacen a medias o se demoran años y años. De tal suerte, que cuando las terminan están en proyecto nuevas obras y se repite la historia del cobro de la valorización como si se tratara de un círculo infernal.
En Bogotá se han conocido cuadros patéticos. Cobros millonarios de valorización para el mantenimiento de las vías, cuando las casas “beneficiadas” están ubicadas frente a tremendos huecos que más bien parecen cráteres de un volcán. Eso ha dado para demasiadas protestas. Los perjudicados exhiben recibos que pasan del millón de pesos. La indignación es mayor, sobre todo por la desconfianza del manejo de la administración pública, después del carrusel de las contrataciones en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. “Se robaron el oro y el moro”, asegura un dirigente sindical de la localidad de Los Mártires, conformada por barrios en su mayoría de estrato tres, que pagaron la valorización anterior por obras aún inconclusas. Son barrios populares llenos de huecos, de vías intransitables u otras apenas en trance de terminar después de tres años de construcción con el caos que ello implica.
El fantasma de los Nule, aporte de la empresa privada a la corrupción de la contratación, recorre a la capital de país, aunque estos pícaros con suerte también fueron contratistas en otras ciudades y en la nación, y en todas partes hicieron “ochas y panochas”.
Un sistema irracional
Aunque en Bogotá la Alcaldía organizó un rápido sistema de quejas y reclamos y de prontas soluciones, no han faltado las movilizaciones y las protestas, en su mayoría justas por los desmanes en las tarifas. Tampoco faltaron las quejas de clase porque el alcalde Gustavo Petro propuso exonerar del pago a los habitantes de los barrios de estratos 1 y 2. Voceros de barrios de estratos 4 y 5 protestaron porque “esa decisión no sería equitativa”. Aun así no deja de ser desigual la situación de los estratos 3 y 4 de capas medias, si se comparan con las tarifas de valorización del estrato donde comienzan los sectores de mayor ingreso, con más de dos vehículos por familia y que por ende deben aportar más a las obras de beneficio común, sobre todo en materia vial.
El problema de Bogotá es que la medición de las tarifas de valorización está soportado en un sistema irracional, basado en el acuerdo 180 de 2005. La Alcaldía anunció una reforma radical, que modificará la forma del cobro y el plan de obras. Podría incluir el pago después de la construcción de las obras y no antes. Sin embargo, el gran problema es que comenzaría a regir para el futuro y en nada afectaría el actual recibo ya facturado ni modificaría las fechas en que deben cancelarse: hasta el 27 de febrero hay el 15% de descuento; hasta el 27 de junio el 5% de descuento y hasta el 27 de septiembre sin descuento. En adelante se aplicarán los intereses de mora, las sanciones y los cobros judiciales.
En este sentido, dirigentes sindicales y comunales son de la opinión de buscar soluciones inmediatas, porque de lo contrario se verán afectadas millones de personas de escasos recursos, agobiados por las cargas tributarias, los cobros de valorización y los bajos salarios.
Una paradoja
Una situación paradójica es la que está beneficiando a numerosos barrios populares, no legalizados por la incuria administrativa, la insensibilidad social o los desafueros de los urbanizadores piratas o por tener origen en la lucha popular por la vivienda, porque sin ser reconocidos en la normalidad institucional, recibieron la factura de cobro de valorización lo cual equivale a un reconocimiento de hecho. En uno de ellos, Jairo Buitrago, vocero de la comunidad, señaló que “así tengamos que endeudarnos, hay que pagar para establecer el vínculo de legalidad y de reconocimiento de hecho”.
El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, organismo encargado de las obras públicas y de administrar la valorización, ha tratado de explicar el modelo matemático mediante el cual se establecen los montos para cada localidad. “Nadie lo entiende”, dijeron los dirigentes comunales de Los Mártires. “Son unas fórmulas que nada dicen, tal vez las entenderá un matemático, pero nosotros no”. En la Resolución No. VA37 del 28 de diciembre de 2005, por ejemplo, se establece el alcance del beneficio de la construcción del Parque Cementerio Globo 2 (parque del Renacimiento) a las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Puente Aranda, Mártires, La Candelaria y Santa Fe, sin que queden claras las razones y mucho menos la fórmula matemática de la cual se desprende el monto que debe pagar cada vivienda de estas seis localidades.
Nada es claro en esta política alcabalera de la administración pública, que se impuso por años y se acentuó bajo los rigores del capitalismo salvaje neoliberal. Lo que salta de bulto es la inequidad, factor de mayor empobrecimiento e injusticia social.
La respuesta popular
La respuesta popular es la protesta, el llamado a que los alcaldes suspendan estos procedimientos arbitrarios y unilaterales y se busquen formas de establecer tarifas más apropiadas y sobre todo mecanismos de control que le aseguren a los ciudadanos que sus impuestos se están invirtiendo bien y en las obras de beneficio común. Los que más tienen deben pagar más y subsidiar a los de menor ingreso.
Estas luchas cívicas deben entrelazarse con las movilizaciones y los conflictos que se están dando en el país, bien por el abuso de las transnacionales, amparadas en la “confianza inversionista”, bien de los patronos que multiplican las formas de explotación al trabajo o bien por la intransigencia del poder central que limita el ingreso de los trabajadores mientras no establece limitaciones para las utilidades de los poderosos.
La huelga de los trabajadores de El Cerrejón, las protestas de cafeteros y arroceros, las movilizaciones de campesinos, indígenas y negritudes por sus derechos en defensa de sus territorios y sus derechos conculcados y arrasados por la presencia transnacional, colocan de frente, según la opinión de dirigentes sindicales, “la necesidad perentoria de la unidad, de articular las luchas y de convocar un paro nacional de resistencia popular”.
