Jairo Rubio
Durante las décadas de 1980 y 1990 la agricultura colombiana sufrió importantes transformaciones: una nación que contaba con niveles de producción suficientes para abastecer la casi totalidad de su demanda de bienes agrícolas básicos llega a la segunda década del siglo XXI con importaciones de alimentos cercanas al 50% de sus requerimientos (Fajardo, D. 2013). El país pasa de una producción autosuficiente a ser importador de alimentos. Esta particularidad es una expresión del régimen de acumulación capitalista, construido a partir de un conflicto armado prolongado por más de 50 años, donde no solo participa el poder terrateniente ligado al paramilitarismo y el narcotráfico, sino la mano encubierta del imperialismo norteamericano, en particular, y de organismos internacionales como el Banco Mundial.
La economía agraria colombiana
El PIB contempla una participación elevada de la agricultura en el empleo y particularmente en las exportaciones y según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD (2011), el 32% de los colombianos son pobladores rurales; al mismo tiempo el coeficiente de Gini para la concentración de la propiedad agraria ocupa uno de los rangos más altos de América Latina (0.85). Las oportunidades económicas dejan ver el marco social del conflicto: El Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2010 señala que un 46% de la población es pobre y el 16% en pobreza extrema. El reciente estudio del Banco Mundial –BM- (2004) precisa que la pobreza rural en el año 2002 era del 79% y de 37% la pobreza extrema. A su vez el PND citado señala que la informalidad rural alcanza el 60% y el Gini de la concentración del ingreso es del 0.56, uno de los más elevados del mundo.
Según los especialistas, esta tendencia se expresa como una crisis agrícola, agravando la participación del sector al conjunto de la economía colombiana. Colombia importó un millón de toneladas de bienes de origen agropecuario por valor de US$500 millones en 1991, durante el año 2010, la importación de estos bienes alcanzó la alarmante cifra de nueve millones de toneladas por valor un poco más de US$ 4.200 millones. Entre 1995 y 2008 la inversión pública en desarrollo rural descendió del 35.6% de presupuesto para el sector al 0.9% La asignación para el fomento de proyectos de la mujer rural se redujeron del 3.5% al 1.9%. Los fondos para proyectos empresariales crecieron del 10% al 57%, como consecuencia, en buena medida, del programa Agro Ingreso Seguro.
Como vemos, las políticas económicas aplicadas al conflicto armado han debilitado fuertemente la capacidad de abastecimiento alimentario, sin contar, desde luego, la aplicación a profundidad de los tratados de libre comercio pactados con el gobierno norteamericano en particular.
El modelo agroexportador
El despojo de la tierra por la violencia paramilitar es superior a seis millones de hectáreas. Este proceso de usurpación de la propiedad afianza por un lado el monopolio de la tierra y en segundo lugar al tomar curso las políticas contempladas en el PND (2010 -2014), se estaría legalizando y fortaleciendo el significado político y estratégico de la gran propiedad, (Fajardo, D. 2013). Es de señalar que el PND de Santos marca el camino agroexportador centrado en las locomotoras minero-energéticas y de seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario.
Son varios los intentos del poder dominante en la configuración del fortalecimiento y propiedad de la tierra, veamos: “Ley de Desarrollo Rural”, declarada inconstitucional, que intentó la prescripción de dominio a favor de quienes hubiesen ocupado tierra durante cinco años suponiéndolas baldías. “Ley de víctimas y restitución de tierras” establece mecanismos para proteger las inversiones realizadas por los beneficiarios (terratenientes, narcotraficantes y paramilitares) por la usurpación de tierras y rehuye la restitución debida a las víctimas, facilitando con ello la pérdida del derecho de las comunidades desplazadas.
Es evidente que los distintos planes nacionales de desarrollo siguen las recomendaciones del Banco Mundial, por ello el actual PND se centra en la participación del gran capital transnacional junto a capitales nacionales en el proceso de cambios que vienen ocurriendo en el sector agropecuario. Cinco grupos nacionales y siete extranjeros participan del banquete millonario del agro nacional. Además hay intereses de la China e India para comprar-invertir en cerca de 900 mil hectáreas adicionales. El gobierno de Santos ha manifestado recientemente “no a la venta de tierras a empresas extranjeras”, ¿podríamos creerle?
Contrasta lo anterior con las únicas propuesta dirigidas a la pequeña agricultura: o se vuelven empresarios, buscan alianzas productivas o se los lleva la corriente; para el gobierno Santos es la única alternativa para lograr su viabilidad económica. La tesis de “el campo sin campesinos” cobra vigencia.
Propuestas del sector agrario
El reciente Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral con enfoque territorial, celebrado el pasado mes de diciembre elaboró numerosas propuestas en torno al problema agrario y de tierras en el país, opiniones enviadas a la mesa de diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional llevada a cabo en La Habana. Entre estas propuestas las zonas de reservas campesinas como alternativas para el desarrollo agrícola, el mejoramiento de la productividad y la calidad de vida de los campesinos, titulación de tierras en forma colectiva y la soberanía alimentaria, entre otras tantas. 2013 marca el sendero de la movilización popular y campesina por la defensa de los diálogos de La Habana por la paz con justicia social. Bogotá nos espera el próximo 9 de abril para manifestarnos y rodear la mesa de negociación política.
