El profesor Miguel Ángel Beltrán, quien estuvo detenido por los cargos de colaboración con la guerrilla y que luego fue puesto en libertad por falta de pruebas, fue víctima de otra sanción política, esta vez por parte del Procurador, quien lo inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos.
La sanción hace parte de una investigación disciplinaria, que desde hace dos años pretende dar muerte política al intelectual.
Miguel Ángel Beltrán siempre ha sido un defensor de la libertad de pensamiento y de la academia como escenario para la construcción de este: “La universidad pública ha sido por excelencia un espacio para la producción y circulación del pensamiento crítico. Desde la segunda década del siglo pasado, y bajo los impulsos del Movimiento Estudiantil de Córdoba (Argentina 1918) cuyas ondas renovadoras se expandieron a todo el continente americano,Sanción política, nuevo papel de la Procuraduría
El profesor Miguel Ángel Beltrán, quien estuvo detenido por los cargos de colaboración con la guerrilla y que luego fue puesto en libertad por falta de pruebas, fue víctima de otra sanción política, esta vez por parte del Procurador, quien lo inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos.
La sanción hace parte de una investigación disciplinaria, que desde hace dos años pretende dar muerte política al intelectual.
Miguel Ángel Beltrán siempre ha sido un defensor de la libertad de pensamiento y de la academia como escenario para la construcción de este: “La universidad pública ha sido por excelencia un espacio para la producción y circulación del pensamiento crítico. Desde la segunda década del siglo pasado, y bajo los impulsos del Movimiento Estudiantil de Córdoba (Argentina 1918) cuyas ondas renovadoras se expandieron a todo el continente americano, se configuró como un escenario para el debate de concepciones sobre la democracia, la libertad y las transformaciones sociales, asumiendo –en la teoría y en la praxis- un papel profundamente crítico frente al orden social y político vigente, siendo el cogobierno, la gratuidad, y la libertad de cátedra, elementos constitutivos de su esencia, garantizados a través del reconocimiento de la autonomía universitaria”.
Hoy con la decisión del Ministerio Público se envía un claro mensaje a aquellos intelectuales que no se han limitado en sus críticas, para que lo piensen bien antes de hablar, escribir, opinar o publicar, por si las acusaciones de rebelión o de auspicio a la guerrilla no pudieron acallarles, el evitarles trabajar como servidores públicos desde cualquier ámbito, pueda detenerles.
Ya lo había dicho el propio Miguel Ángel en una publicación: “…Esta situación no es nueva, de allí que mi propósito en este artículo es ilustrar cómo históricamente el Estado colombiano ha utilizado de manera recurrente –bien sea directamente o a través del estímulo y tolerancia de grupos ilegales- estrategias represivas que incluyen desde las detenciones arbitrarias y las sindicaciones de terrorismo hasta la elaboración de listas negras y la eliminación física de miembros de la comunidad universitaria, con el objetivo de silenciar las voces críticas e implementar una política de homogeneización del pensamiento”.
Pero no es el único caso en el que la Procuraduría General sanciona a opositores o críticos del Gobierno. En mayo de 2012 el ente inhabilitó disciplinariamente a la exsenadora Piedad Córdoba por 14 años para ejercer cargos públicos, por la supuesta financiación de una campaña política. Ya en el 2010 la exsenadora quien hoy hace parte de Colombianos y Colombianas por la Paz y de la Marcha Patriótica, había sido sancionada también por el Ministerio Público por un tiempo de 18 años.
Según la Procuraduría, Córdoba se había extralimitado en sus funciones como mediadora ante la guerrilla de las FARC. se configuró como un escenario para el debate de concepciones sobre la democracia, la libertad y las transformaciones sociales, asumiendo –en la teoría y en la praxis- un papel profundamente crítico frente al orden social y político vigente, siendo el cogobierno, la gratuidad, y la libertad de cátedra, elementos constitutivos de su esencia, garantizados a través del reconocimiento de la autonomía universitaria”.
Hoy con la decisión del Ministerio Público se envía un claro mensaje a aquellos intelectuales que no se han limitado en sus críticas, para que lo piensen bien antes de hablar, escribir, opinar o publicar, por si las acusaciones de rebelión o de auspicio a la guerrilla no pudieron acallarles, el evitarles trabajar como servidores públicos desde cualquier ámbito, pueda detenerles.
Ya lo había dicho el propio Miguel Ángel en una publicación: “…Esta situación no es nueva, de allí que mi propósito en este artículo es ilustrar cómo históricamente el Estado colombiano ha utilizado de manera recurrente –bien sea directamente o a través del estímulo y tolerancia de grupos ilegales- estrategias represivas que incluyen desde las detenciones arbitrarias y las sindicaciones de terrorismo hasta la elaboración de listas negras y la eliminación física de miembros de la comunidad universitaria, con el objetivo de silenciar las voces críticas e implementar una política de homogeneización del pensamiento”.
Pero no es el único caso en el que la Procuraduría General sanciona a opositores o críticos del Gobierno. En mayo de 2012 el ente inhabilitó disciplinariamente a la exsenadora Piedad Córdoba por 14 años para ejercer cargos públicos, por la supuesta financiación de una campaña política. Ya en el 2010 la exsenadora quien hoy hace parte de Colombianos y Colombianas por la Paz y de la Marcha Patriótica, había sido sancionada también por el Ministerio Público por un tiempo de 18 años.
Según la Procuraduría, Córdoba se había extralimitado en sus funciones como mediadora ante la guerrilla de las FARC.
