En la mayoría de la entidades del Distrito cada cargo vacante se suprime para contratar por cooperativa, orden de prestación de servicios, outsourcing, etc., y se calcula que así laboran más de 50 mil personas
El problema más grave que existe en el mundo del trabajo es la informalidad laboral. Según el DANE, el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad. En la administración pública pueden trabajar de esta manera un millón de personas, quienes no cuentan con estabilidad laboral, prestaciones sociales ni seguridad social, entre otros.
La administración de Bogotá no escapa a esta situación. En la mayoría de la entidades del Distrito cada cargo vacante se suprime para contratar por cooperativa, orden de prestación de servicios, outsourcing, etc., y se calcula que así laboran más de 50 mil personas en departamentos, secretarías, entidades centralizadas y descentralizadas y hospitales del Distrito Capital.
Pese a que desde años atrás se ha solicitado ampliar las plantas de personal para dar cumplimiento a sentencias de la Corte Constitucional, los nominadores han hecho caso omiso a las peticiones, aunque Bogotá por ingresos de libre destinación cuente con más de $120 mil millones para este propósito, es decir: existen las normas y los recursos económicos pero no hay voluntad política del gobierno distrital.
Por tal razón, a comienzos del presente año, Sintradistritales y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-Bogotá) instauraron cuatro acciones populares que avanzan positivamente y el 24 de octubre pasado se instauraron 31 querellas en el Ministerio de Trabajo, contra igual número de entidades distritales por la ampliación de las plantas de personal.
