Si algo es caótico en Colombia es el sistema de salud imperante. Los centros de atención de las EPS no pueden llamarse hospitales
Aída Avella
Las zonas de urgencias están atestadas de pacientes graves, que llegan con la esperanza de recibir atención médica, pero casi ni los saludan. Nadie es bien recibido. Los servicios están desbordados, faltan enfermeras, médicos y sobra personal administrativo. Los ciudadanos que logran entrar, si al caso les dan una silla en la que deben permanecer tres o cuatro días para luego darles una camilla, cada vez más estrechas para que ocupen menos campo.
Allí están todos los pacientes. El que tiene hepatitis, que puede transmitirla fácilmente; la anciana de 80 años con todos los problemas de movilidad posibles, que no puede comer; la jovencita atacada con escopolamina, casi inconsciente; los accidentados… En fin, todos sin poder dormir días enteros ante la congestión y el hacinamiento, sin una debida atención, pues faltan enfermeras, quienes deben hacer todos los oficios juntos y los médicos que deben hacer milagros para atender todos los casos.
Los galenos muchas veces tienen jornadas extenuantes (más de 12 horas). ¡Ni qué decir de los otros trabajadores! Y unos salarios que obligan a muchos médicos a abandonar el país en busca de trabajos decentes.
Al intentar hablar con el director de Colsánitas, para ayudar a alguien que estaba verdaderamente grave, quien se encontraba en la clínica Nueva Colombia -después de gastar horas enteras escuchando una máquina bien programada-, una señorita contesta que me pasará a hablar con alguna oficina que se encarga de la calidad del servicio… La persona que allí responde me afirma que no puede hacer nada pues le han pedido a no sé quién que no les envíen pacientes…
Las personas que acuden al servicio no las envía nadie, sino la enfermedad que las acosa, la necesidad de un servicio que han pagado durante meses o años.
Lo más complicado es que los gerentes se blindan con las señoritas especializadas en contestar bien y aguantar todos los reclamos que hacen por lo general los familiares de los enfermos, que ven cómo la vida se escapa sin tener los mínimos servicios.
Imagino que les prohíben decir los nombres de los gerentes, pues nadie sabe cómo se llama el jefe inmediato ni el otro jefe ni el teléfono ni el correo electrónico. Son como una especie de pararrayos. Fue lo que sucedió en la Clínica Colombia de Bogotá.
Están obligando a todos los colombianos a que además de la cuota ordinaria para las EPS, si quiere ser atendido debe afiliarse a la medicina prepagada. Pero la inmensa mayoría no tiene ni con qué pagar lo mínimo, menos para asumir sobrecostos.
Casos similares se viven en todo el país y en la mayoría de las EPS, citas con especialistas de ortopedia a los cuatro o seis meses de un accidente; tratamientos para el asma en casos de cáncer; exámenes de toda una semana en los que no encuentran nada, pero este paciente paga médico particular y a la media hora se sabe de un absceso en el hígado, que necesita hospitalización e intervención inmediata. No alcanzaría el periódico para describir lo que acontece a cada ciudadano.
Los pacientes graves en San Andrés son remitidos a última hora a Bogotá. En la isla faltan especialistas, fisioterapeutas; en el Catatumbo, para tratar una peritonitis u otra enfermedad grave tienen que trasladarlos a Cúcuta, lo mismo pasa en Arauca. Muchos de ellos mueren en el camino. Todo porque tienen que ahorrar dinero para pagar médicos especialistas.
Lo que no funciona hay que cambiarlo. En el país no hay nadie que defienda semejante sistema de salud, porque en Colombia la salud es un negocio en manos de la ineficiente empresa privada, que se lucra del sufrimiento de los colombianos. Hay que cambiarlo por un sistema donde la salud sea un derecho.
