Irregularidades administrativas, contractuales y el riesgo de detrimento patrimonial son muestras de los múltiples casos de corrupción descubiertos en la Sociedad de Activos Especiales, SAE
Redacción Política
“La verdad, estoy ampliamente sorprendido, pero tengo la tranquilidad y la certeza de que puedo responder por cada uno de mis actos” dijo Andrés Ávila, exdirector de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, nombrado por el expresidente Iván Duque.
La afirmación entregada a Cambio, es a propósito de la denuncia del actual director de la SAE Daniel Rojas Medellín y del Presidente Gustavo Petro por el ausente inventario de los bienes de la SAE y por el que la Fiscalía General, de Francisco Barbosa, no da razón. Según la advertencia del mandatario, podríamos estar ante el caso de corrupción más grande en la historia de Colombia.
VOZ conoció el resultado de la auditoría hecha por la Contraloría a la SAE en las vigencias 2020 y 2021, mientras Ávila era el representante legal de la entidad que administra los activos incautados a la mafia. El inventario de bienes que administra la SAE lo debería conformar todo lo incautado por la Fiscalía en acciones judiciales contra el crimen organizado. Sin embargo, las cuentas no cuadran entre los bienes que supuestamente entregó la Fiscalía y los que la SAE está administrando.
Para el nuevo Gobierno y la administración actual de la entidad esto es fundamental para los propósitos estratégicos del gobierno, para los programas sociales, sobre todo para entregar tierra productiva a campesinos y programas contra el hambre.
Auditorías 2020 y 2021
La auditoría del año 2020 arrojó 45 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen incidencia fiscal, 29 incidencia disciplinaria y siete corresponden a otros hechos irregulares que le costaron al país 45 mil millones de pesos. La característica común de las irregularidades en la administración de los bienes de la SAE entre el año 2020 y el 2021 es la ineficiencia e incapacidad de la entidad.
Dice la auditoría: “En términos generales se encuentra que: se presentan deficiencias en la celebración de contratos, seguimiento a los depositarios, no se tiene control sobre la productividad de las sociedades ni se ejercen las acciones para la recuperación de los dineros, la SAE no exige el cumplimiento de los procedimientos en el caso de remoción de los depositarios o administradores, no se encuentra la documentación o está incompleta, existen activos sociales ocupados irregularmente o en abandono; no se cumple con las obligaciones tributarias a tiempo; a pesar de remover a los depositarios no se nombra al nuevo depositario oportunamente”.
Otra vez Supercundi
Una de las irregularidades más protuberantes en la auditoría del año 2021 es el manejo dado por el depositario de Supermercados Cundinamarca S.A, un negocio de abarrotes avaluado en 122 mil millones de pesos y administrado desde el año 2018 por la SAE, después que el Fiscal General de la época, Néstor Humberto Martínez, preparara un montaje contra la familia Mora dueños de las tiendas Supercundi acusándolos por lavado de activos de las FARC-EP que recién firmaba el acuerdo de paz con el Estado colombiano.
El montaje de Martínez no solo tenía el objeto perseguir a los empresarios Mora, también de torpedear el naciente proceso de paz.
Según la Contraloría, el manejo de Supermercados Cundinamarca S.A, da para una indagación preliminar debido a que pasaron cuatro años “y no se realizó gestión del depositario nombrado por la SAE, para su administración, para efectuar la titularidad de los predios, presentando pérdida de los bienes y un posible detrimento al Estado, por la gestión antieconómica al dejar perder los bienes que habían pasado a su administración una vez incautados”.
Ganado perdido
Otro de los hallazgos fiscales es la muerte de 3.633 cabezas de ganado que administraba Rodríguez Fuentes LTDA, una empresa del departamento del Cesar cuyas principales actividades son la cría de ganado bovino y bufalino. Una empresa especializada en la actividad ganadera con un patrimonio de casi 11 mil millones de pesos que registró ventas superiores a dos mil millones de pesos en el año 2021, dejó perder las cabezas de ganado sin mayor detalle.
La pérdida patrimonial se cuantificó en 1.150 millones de pesos. Según fuentes del sector, semovientes como los que administraba Rodríguez Fuentes, entre los años 2019 y 2020 tenían un costo de 4.5 millones de pesos por res en pie.
Arriendos y prófugos
Una de las actividades que mayor ingreso le genera la SAE es el cobro por concepto de arriendo de inmuebles incautados. A la inmobiliaria Sociedad Porras Ardila Orozco Eschavenato & CIA, con origen antioqueño, depositaria y administradora del edificio Maury`s en Leticia, se le encontró un hallazgo fiscal consistente en detrimento patrimonial en cuantía de $346 mil millones que corresponden a los ingresos dejados de percibir por concepto de arrendamiento del inmueble edificio Maury´s durante las vigencias 2019 y 2020, a pesar de su sobrada reputación como inmobiliaria en la capital del Amazonas desde 1992.
Otro caso que llamó la atención de las autoridades es la Sociedad Extinguida Inversiones López García en liquidación que no le pagó a la SAE por concepto de arriendo de predios con vocación agrícola la suma de $198 millones de pesos correspondiente a los cánones de arrendamiento de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
Las denuncias radicadas a la SAE por la ciudadanía fueron indagadas por la Contraloría y se encontraron casos sujetos de investigación por parte de la Fiscalía General y la Procuraduría de algunos depositarios de los bienes de la mafia que son buscados por la justicia en el extranjero. Se trata del empresario Ronny Anchislavsky Grossman, depositario de varios inmuebles y acusado de estafa en China.
“Corremos traslado advirtiéndole que los representantes legales de las sociedades intervenidas por la SAS, deben firmar bajo la gravedad del juramento un formato o formulario, donde indican que no tienen ningún requerimiento, ni reporte de autoridades nacionales o extranjeras”.
Casos en San Andrés
La SAE está compuesta por una dirección central y cinco regionales, una de ellas, el Caribe, y que le compete la administración del patrimonio incautado en San Andrés y Providencia. En el 2020 se encontraron 26 hallazgos; de los cuales 11 tienen incidencia fiscal por valor de $8.300 millones de pesos, 22 con incidencia disciplinaria y siete con otras incidencias.
“El valor pendiente de transferir al departamento por productividad de bienes incautados asciende aproximadamente a $9.826.070.271. Es importante aclarar que la SAE, no tiene certeza y/o claridad sobre el valor individualizado de la productividad generada por 19 inmuebles transferidos al departamento; de igual forma, no ha transferido la propiedad ni productividad de 11 inmuebles extintos.
Lo anterior, refleja falta de celeridad y efectividad en el cumplimiento de lo consagrado en el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, que modificó el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, que definió la destinación de los recursos de los bienes extintos incautados y la productividad de los bienes en proceso de extinción; afectando los programas sociales de la población raizal.
Nefasta conclusión
“Se presentan deficiencias en la celebración de contratos, seguimientos a los depositarios, no se tiene control sobre la productividad de las sociedades ni se ejercen las acciones para la recuperación de los dineros, la SAE no exige el cumplimiento de los procedimientos en el caso de remoción de los depositarios o administradores, no se encuentra la documentación o se encuentra incompleta, existen activos sociales ocupados irregularmente o en abandono; no se cumple con las obligaciones tributarias a tiempo; a pesar de remover a los depositarios no se nombra al nuevo depositario oportunamente”, señaló Sebastián Montoya, Contralor Delegado para el Sector Justicia.
La nueva administración de la SAE se ha comprometido con el país a hacer todos los esfuerzos por sanear la entidad, consolidar el inventario del universo de bienes incautados y aprovecharlos productiva y onerosamente para obtener mejores utilidades que contribuyan al logro social del Gobierno Petro.
