Al proferir una histórica condena por genocidio, el tribunal de justicia acepta que las investigaciones por crímenes de guerra contra la sangrienta dictadura, aún no terminan. Al cierre se conoció la decisión del Tribunal Constitucional de anular el juicio
El numeroso público que asistía, el pasado 10 de mayo, a la audiencia en donde se profirió la sentencia condenatoria contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, estalló en aplausos, júbilo, lágrimas, cuando la juez Yazmín Barrios dijo en forma categórica, “sí hubo genocidio”, y anunció la pena de 80 años de prisión impuesta contra el genocida.
Efraín Ríos Montt, ex general del Ejército de Guatemala, ex presidente de facto en un período de una de las más crueles dictaduras militares del continente fue formalmente acusado de genocidio por el exterminio de 1.771 indígenas mayas-ixiles, a quienes se estigmatizó y acusó de ser auxiliadores de la guerrilla que en ese momento se enfrentaba a la dictadura.
Las organizaciones indígenas guatemaltecas, organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos y la comunidad internacional en general saludaron la condena como un importante paso adelante en la lucha contra la impunidad en el país centroamericano y que se convierte en una de las primeras que se impone a un gobernante en América Latina por delitos de lesa humanidad.
Está claro que la condena no se considera todavía cosa juzgada y esto permitirá, de una parte, que la defensa del implicado pueda apelar la condena ante los altos tribunales de justicia, y de otra, que los procesos por genocidio continúen avanzando y se pueda probar la responsabilidad de otros implicados, muchos de los cuales aún permanecen en las filas del ejército y los organismos de inteligencia militar u ocupando altos cargos en el gobierno.
Tal es el caso del actual presidente de la República, Otto Pérez Molina, un ex general del ejército, graduado en la Escuela de las Américas, donde militares de estos países fueron educados en la doctrina de la “seguridad nacional”, y además integrante de las denominadas fuerzas especiales, que en el caso de Guatemala se caracterizaron por su brutalidad contra opositores y la población en general.
En desarrollo del proceso contra Ríos Montt se conoció un estudio de las Naciones Unidas donde se da cuenta que durante la dictadura guatemalteca al menos 250.000 personas fueron asesinadas y otras tantas desaparecidas o desplazadas. El 93 por ciento de estos crímenes fueron cometidos por militares y paramilitares.
Durante la lectura de los motivos de la condena, la juez Barrios indicó que “se ha comprobado que la población civil del grupo ixil fue objeto de asesinatos por medio de masacres, torturas, degradación de su dignidad, violaciones sexuales y desplazamientos forzosos. Además se utilizó el hambre como arma de guerra”.
