En el país el paramilitarismo es anterior –en muchísimos años– a la aparición de formaciones guerrilleras de cualquier índole.
Alfredo Valdivieso
La mayor falacia de los defensores del paramilitarismo en Colombia es que éste surge como reacción contra la acción de las guerrillas. Es el argumento desde la extrema derecha representada hoy por Álvaro Uribe y sus adláteres, hasta sectores que se reclaman liberales. ¿Qué es lo cierto?
En el país el paramilitarismo es anterior –en muchísimos años– a la aparición de formaciones guerrilleras de cualquier índole. Esto sin profundizar en lo que viene desde mediados del siglo XIX. Pero hay que recordar que las mesnadas acaudilladas por latifundistas liberales y conservadores, que suplantaron y reemplazaron al Ejército Libertador tuvieron existencia en el país (y generaron varias decenas de guerras civiles nacionales y regionales a lo largo del siglo XIX) hasta comienzos del siglo XX, cuando se crea el actual Ejército Nacional, que no es prolongación ni heredero del Ejército Libertador de Bolívar y sus glorias.
La creación del actual ejército obedece a que finalmente las élites llegaron a la conclusión de que la liquidación de los “ejércitos de los supremos” era una necesidad inaplazable.
Y al culminar la Guerra de los Mil Días, el acuerdo para formar un solo ejército implicó entregar gabelas a los ‘derrotados liberales’: ahí están la entrega de Tipacoque y aledaños en Boyacá, y de toda la zona de San José de Suaita, en Santander, al general liberal Lucas Caballero; de las concesiones De Mares y Barco, inicialmente dadas al coronel liberal José Joaquín Bohórquez (para explotar el petróleo del Magdalena Medio, y quien se lo cedió a Roberto de Mares, cuñado del presidente de la República), y al general liberal Virgilio Barco para explotar el petróleo en el Catatumbo (Norte de Santander).
Primera oleada del paramilitarismo
El apacible período inaugurado no durará mucho; y la aparición de la clase obrera en acción y de su influencia en el manso campesinado que iniciará la lucha organizada por la conquista de las tierras ancestralmente arrebatadas, dará inicio a una primera oleada de paramilitarismo.
Esos paramilitares de ambos partidos no pueden ser borrados de la historia de un plumazo. En los años 30 del siglo XX, con la ‘derrota de la hegemonía conservadora’ y el ascenso del Partido Liberal al poder, se da inicio a una amplia persecución al campesinado conservador, en la “Guerra de García Rovira”; y con la llegada de los conservadores al poder (tras la división del Partido Liberal) se impone la política promulgada por el ministro de Gobierno, José Antonio Montalvo, de “a sangre y fuego” que precede al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. En 1946-48 no había guerrilla alguna en Colombia, de modo que, ¿de dónde acá el paramilitarismo es una respuesta a la acción guerrillera?
Antonio Gramsci, en sus célebres y vigentes escritos, señala cómo desde el poder las fuerzas más reaccionarias cooptan a sectores que en un momento determinado son parte de la sociedad civil y las incorporan a la estructura del Estado. Los ‘fascios di combatimento’ –primeras formaciones paramilitares del fascismo antes de ser incorporados en el Estado corporativista– eran simples paramilitares de un naciente partido, que pasan a ser luego parte de la estructura estatal.
Los chulavitas
Los grupos chulavitas (campesinos conservadores armados y adoctrinados desde el final de la Guerra de los Mil Días por el general conservador Próspero Pinzón) cuyo nombre proviene de la vereda Chulavita, del municipio de Boavita, en Boyacá, no fueron otra cosa que ejemplo de ello: paramilitares de un partido, incorporados como fuerza de choque del Estado. Aparecen como grupo antes de existir guerrillas liberales y se convierten en sector de élite de la Policía Nacional que es depurada desliberalizándola. Y los pájaros en el Valle del Cauca (sicarios pertenecientes a las clases altas del Partido Conservador) cumplieron exactamente la misma función –vale releer a Álvarez Gardeazábal, en su única obra importante.
Pero además es bien conocido lo sucedido después. A la caída de Rojas Pinilla –que tampoco desmontó el paramilitarismo– se impone la complacencia del Estado bipartidista del Frente Nacional para con los restos de pájaros y chulavitas, y se da un nuevo impulso a ex guerrilleros liberales (denominados ‘limpios’) para que continúen el despojo y la persecución con supuesto tinte ideológico, siendo en verdad simple punta de lanza de la contención estatal a la ‘amenaza comunista’ e instrumento para la acumulación de tierras y haberes despojados. ‘Mariachi’ y ‘Tijeras’ son simples ejemplos de jefes ex guerrilleros devenidos nuevos paramilitares que campeaban con la absoluta complacencia del Estado frentenacionalista.
La intervención yanqui
En octubre de 1962 –varios años antes de existir las FARC y el ELN– arribó a Colombia el general yanqui William Yarborough, comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg en Carolina del Norte, cuartel general a la 82 División, Boinas Verdes, de ingrata recordación por su participación en la criminal guerra del Vietnam. Yarborough se reunió con el ministro de Defensa y con el jefe del DAS.
Recomendó crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista, lo que apareció en una separata especial llamada “Suplemento secreto para el principal esquema del reporte clasificado”. Allí, la prescripción del general Yarborough para Colombia era la “organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones militares encubiertas contra la oposición doméstica nacional”. ¿Será poco claro el origen actual?
El general Fernando Landazábal, ministro de Defensa en 1982, escribió: “Lo primero que hay que saber es contra quién se va a combatir, qué elementos están causando los daños presentes o han de causar los futuros; qué organizaciones los amparan, qué políticas los dirigen, cuál es la razón de ser de su lucha y dónde se encuentran localizados sus partidarios. No menos importante que la localización de la subversión, es la localización de la organización política de la misma”.
“La dirección política no debe interesarnos menos que la militar y una vez reconocida y determinada la tendencia hay necesidad de ubicar la ideología que la anima plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate, dejando de lado y en pleno ejercicio libre de acción, la dirección política del movimiento… Se hace necesario dirigir hacia tan importante sector ese esfuerzo coordinado de una política resuelta a imponer la voluntad, en el campo de la controversia y en el campo de la acción armada…”. ¿Más claro…?
Por eso el paramilitarismo de nuevo cuño (legalizado con el decreto 3398 de 1968 y la ley 48 de ese mismo año) destinó el esfuerzo de su acción criminal no contra las agrupaciones guerrilleras, sino esencialmente contra los considerados por el militarismo “cerebros detrás de la subversión”: grupos de izquierda, activistas sindicales, intelectuales demócratas y de izquierda, pero muy especialmente contra las organizaciones sociales.
Imponer el modelo neoliberal con la liquidación de los sindicatos, impedir las huelgas y paros, amedrentar a la población para impedirle las protestas y exigencias fue el leit motiv de los paramilitares desde los años 80 hasta nuestros días. Y muy especialmente revivir las prácticas inveteradas del despojo del campesinado: nueva acumulación mediante la confiscación armada.
Las acciones de los grupos paramilitares contra formaciones guerrilleras a lo largo de todos estos años se pueden contar con los dedos de una mano. Pero la liquidación de sindicatos, asociaciones campesinas, organizaciones sociales –en especial en zonas de agroindustria, de gran explotación minera y de recursos estratégicos– y el asesinato de dirigentes y activistas se cuentan por centenares y miles, amén de que los desplazados, generalmente por la combinación de victimización y despojo suman varios millones.
