Bolivia y Chile presentaron ya sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Mientras Chile dice que no hay cabida a una reclamación, en la que ni siquiera la CIJ es competente, Bolivia alega su derecho a negociar un acceso al mar con soberanía.
Alberto Acevedo
La intención del gobierno boliviano que preside el líder indígena Evo Morales no es desconocer el espíritu de un tratado de paz suscrito con Chile en 1904, después de un conflicto fronterizo que involucró también al Perú, sino ejercer sus derechos, en virtud del derecho internacional, y por la vía del diálogo reclamar un acceso al mar en condiciones de soberanía, aspiración en la que ese país ha insistido desde hace 136 años.
Estas argumentaciones se dieron el pasado 6 de mayo, en el marco de una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que los magistrados del alto tribunal escucharon los alegatos de las dos naciones involucradas en torno a un pretendido acceso de Bolivia a una franja de mar territorial, del que disfrutó al comienzo de su vida como nación.
El 14 de julio de 1879, el ejército chileno invadió el puerto de Antofagasta, un rico territorio boliviano, limítrofe con la parte norte chilena, en el que los ambiciosos círculos de poder chileno habían puesto sus ojos, no sólo por la belleza de sus costas, sino por sus ricos yacimientos salitrales. El argumento, como en la mayoría de las guerras de invasión, aun las que se presentan hoy, fue la necesidad de “proteger” los intereses de los chilenos residentes en la región. Desde luego, no de los chilenos que ganaban salarios miserables en la extracción del salitre, sino de los ricos empresarios que anhelaban apoderarse de las recursos naturales de esa región.
Chile estaba gobernada por unas castas plutocráticas ambiciosas, que desde entonces han venido apoderándose del agua, del mar, de la minería, de los bosques, los ríos, de la salud, de la educación, con el cuento de que “Chile es de los chilenos”. En aquella época, las élites mercantiles esperaban el momento oportuno para apropiarse de ricos territorios peruanos y bolivianos, como en efecto sucedió.
Allende respondió
Para poner término del conflicto bélico, las partes involucradas suscribieron, años después, el que se denominó Tratado de 1904, en el cual Bolivia perdió 120 mil kilómetros cuadrados de su territorio, entre ellos 400 kilómetros de su franja de mar territorial y, desde luego, la región de Antofagasta. Chile se comprometió a unas compensaciones, representadas en mejoramiento de vías, obras de infraestructura, y la promesa de que no restringiría el tránsito de ciudadanos bolivianos por la región arrebatada. Esas promesas jamás se cumplieron.
En los años recientes, ante las reclamaciones bolivianas para que el asunto se discuta en una mesa de negociaciones y ese país recupere una salida al mar con soberanía, ningún gobierno respondió de manera seria a esas reclamaciones. Con excepción del gobierno socialista de Salvador Allende, que prometió dar comienzo a una negociación, cuestión que no se concretó debido al golpe militar fascista encabezado por Pinochet.
En los tiempos de las dictaduras militares en el Cono Sur del continente, cuando en Bolivia gobernaba el general Hugo Bánzer, muy amigo de Pinochet, este le prometió que resolvería el asunto y satisfaría la aspiración boliviana.
Competencia
En la actual reclamación, el gobierno de la líder socialista chilena Michelle Bachelet acusa a Bolivia de querer desconocer los términos del Tratado de 1904, y por consiguiente de unos derechos adquiridos de la nación chilena. Sostiene que los dos países suscribieron un tratado limítrofe, mucho antes de firmarse un acuerdo panamericano en Bogotá, en 1948, que le otorga jurisdicción a la CIJ. Por esta razón, alega, la CIJ no tiene jurisdicción para conocer la reclamación boliviana y, en efecto, impugnó esa jurisdicción.
En estas condiciones, la primera decisión que deberá tomar la CIJ es si se declara competente para asumir el caso, como lo sostiene Bolivia, en virtud del acuerdo de la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948.
El representante boliviano ante el tribunal internacional, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, desvirtuó el argumento chileno de que se quiere desconocer el Tratado de 1904. “Sencillamente lo que pide Bolivia, como se manifiesta en su solicitud, es que Chile cumpla su obligación, respete sus promesas, su acuerdo de negociar un acceso con soberanía al mar, un acuerdo independiente del Tratado de 1904”, puntualizó el diplomático.
Tocando puertas
Veltzé dijo que, en el pasado, Chile reconoció “una y otra vez que, con independencia del Tratado de 1904, negociaría este acceso con plena soberanía por parte de Bolivia al mar, y reconocía que el haber negado este acceso soberano seguía siendo una injusticia histórica contra Bolivia, que socava su desarrollo e impide el que se desarrollen relaciones amistosas entre dos estados vecinos”.
Estas declaraciones por parte del gobierno chileno se produjeron en 1920, 1929, 1950 y 1961; en la ‘Declaración de Charaña’, de 1975, y en diversos escenarios de la Organización de Estados Americanos.
El mandatario boliviano, Evo Morales, había llamado en repetidas ocasiones a los gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet (desde su primer período) a sentarse a una mesa de negociaciones y discutir el asunto de la mediterraneidad boliviana. La respuesta que recibió fue constantes dilaciones, evasivas y, en el mejor de los casos, declaraciones de buena fe que jamás se tradujeron en algo concreto.
A la gobernante chilena le han criticado que le resulta fácil hablar en foros y cumbres de integración latinoamericana, pero que no traslada esos principios a la práctica de la vida cotidiana. Le critican que el actual gobierno de la Concertación, que levanta posiciones de izquierda, se cierra a una salida negociada con su vecino. En esas condiciones, el balón está ahora en la cancha de juego de La Haya y el tribunal internacional deberá tomar una primera decisión en un lapso no mayor a tres semanas.
