Es fundamental que el pueblo organizado exija al Estado mecanismos tanto para dinamizar la construcción como para facilitar el acceso a créditos y formas de financiamiento que permitan mostrar un verdadero interés por cumplir el mandato constitucional de derecho a la vivienda
Gerardo Esteban Vargas*
El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la vivienda así: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
Sistemas de poder de acaparamiento particular
Los colombianos, dentro de sus contradicciones objetivas y procesos de luchas históricas, se han visto enfrentados a múltiples avatares por conseguir una vivienda digna. Una de estas batallas de precedente más cercano fue contra la denominada crisis provocada por el UPAC[1. http://blogjus.wordpress.com (Consultado el 26 de mayo de 2014).], durante la cual muchas personas perdieron sus casas y con ellas los ahorros de toda la vida.
Familias enteras de clase media y baja fueron “lanzadas” de sus casas y apartamentos, usando todo el aparato judicial, desde magistrados y jueces, hasta empleados judiciales, inspectores de policía y por supuesto la Fuerza Pública, que deontológicamente (deber ser) ha sido constituida para defender a todos los colombianos y no a un pequeño grupo de poder financiero como ontológicamente (lo que es) ocurre hasta nuestros días. Ese aparato judicial estuvo casi que de forma exclusiva al servicio de las grandes corporaciones de ahorro y vivienda del país.
La desigualdad, epicentro del déficit de vivienda
Ahora, cuando se analizan las cifras al 2012, el déficit habitacional en Colombia fue de 1’647.093 unidades; es decir, de 16,4% frente al 27% del censo del 2005 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), que era el dato más reciente sobre el tema. Pero la situación es más preocupante si se tiene en cuenta la mala distribución del ingreso y la riqueza en el país.
Según la misma entidad, el 73% de los hogares colombianos tiene ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, buena parte del cual está en el sector informal; un 17% dispone de ingresos entre cuatro y ocho salarios mínimos, y el 10% restante cuenta con más de ocho salarios mínimos. Estos dos últimos grupos se caracterizan por ser urbanos y con actividad económica formal.
Promesas engañosas de campaña
Sin embargo, las promesas per se del gobierno para mitigar esta problemática no son suficientes, como lo ha denunciado el senador Jorge Enrique Robledo en varias ocasiones. Donde se ha tapado la información sobre las cien mil casas gratis y los créditos entregados por el Banco Agrario a los “proyectos asociativos” de Indupalma. Y aquí vuelve a aparecer el monstruo financiero, ya que el congresista pidió a Fidubogotá (Grupo Aval) que le certificara cuántas casas gratis ha pagado a 31 de diciembre de 2013 y cuántas se han entregado hasta la fecha, ya que esta entidad financiera es la encargada de manejar cuatro billones de pesos de los recursos públicos destinados a estos proyectos.
Exigir derechos constitucionales
Por eso, es fundamental que el pueblo organizado exija al Estado mecanismos tanto para dinamizar la construcción como para facilitar el acceso a créditos y formas de financiamiento que permitan mostrar un verdadero interés por cumplir el mandato constitucional de derecho a la vivienda, y no solo ceder el dinero público al sistema financiero para el provecho de particulares contratistas y de un par de banqueros; lo que lleva al detrimento de los intereses generales de la población colombiana.
* Economista Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS).
