Ya se puede equiparar en importancia la bancada uribista tras las rejas con la bancada que acompaña a Álvaro Uribe en el Congreso de la República. Desde contratación indebida hasta crímenes de lesa humanidad tienen a cuestas cercanos servidores del ex presidente.
Dos generaciones de uribistas corren con la misma suerte ante los tribunales. Condenado, sancionado o investigado son los estatus que acompañan a los más fieles colaboradores del ex presidente Álvaro Uribe Vélez antes y después de pasar por la Casa de Nariño.
La pasada semana la Corte Suprema de Justicia, después de seis años de proceso, condenó a los ex ministros de Justicia y Salud, Sabas Petrelt y Diego Palacio, respectivamente, por el delito de cohecho. El episodio de la “yidispolítica” no es otra cosa que apelar al soborno para cambiar la ley a su favor y mantenerse en la presidencia para un nuevo periodo.
Pero ese no es el único episodio corrupto que acompaña la gestión pública del número uno del Centro Democrático. Ya se puede equiparar en importancia la bancada uribista tras las rejas con la bancada que acompaña a Álvaro Uribe en el Congreso de la República. Desde contratación indebida hasta crímenes de lesa humanidad tienen a cuestas cercanos servidores del ex presidente. Buena parte de ellos prófugos de la Justicia colombiana.
El Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente de la Presidencia, fue escenario de espionaje, interceptación y toda clase de crímenes. Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado y sus vínculos con el paramilitarismo son una muestra de ello.
El jefe de seguridad de Álvaro Uribe, el coronel Mauricio Santoyo, quien después de ser destituido por la Procuraduría tras haberle probado interceptaciones ilegales desde cuando oficiaba como jefe del grupo Gaula de la Policía Nacional en 2009, fue reintegrado y ascendido a general por el presidente Álvaro Uribe. Hoy Santoyo purga una pena de doce años de cárcel impuesta por la Justicia de Estados Unidos y entrega información sobre las conexiones de los paramilitares y la política colombiana.
El ex ministro Andrés Felipe Arias y el “doctor Ternura”, Luis Carlos Restrepo, están en los Estados Unidos esperando un asilo político tramitado por el ex presidente.
La segunda generación de uribistas, los que están acompañando al ex mandatario como senador, empiezan a sonar en los pasillos de la Fiscalía. El ex candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, y su hijo son investigados en el caso del hacker Sepúlveda por vínculos con acciones ilegales de espionaje. Luis Alfonso Hoyos, ex consejero espiritual del uribismo, está prófugo en los Estados Unidos y es investigado por los mismos hechos.
Con la convalidación del ex mandatario emprendieron fuga buena parte de esos acusados, mientras él levanta injurias y calumnias contra los jueces y fiscales que persiguen la huella criminal de sus súbditos. Mientras el ex presidente considera a la Justicia como un partido político en oposición a su gobierno y por ello emprendió una “guerra jurídica”, de las mismas características que él inventó cuando estalló el escándalo de los falsos positivos intentando justificar la masacre de jóvenes presentados como guerrilleros.
Los uribistas condenados en el pasado no corrieron con la suerte de tener una Procuraduría como herramienta de defensa. No hay ningún caso de uribista cuestionado que fuere absuelto por Alejandro Ordóñez. La situación uribista es comparada con los líos judiciales de once de los catorce ministros del ex presidente español, José María Aznar, por evasión o sobresueldos.
