Desde el día en que se conoció su elección llamó la atención que la representante de las negritudes en Colombia no solo no fuera negra, sino que tampoco tuviera relación alguna con la comunidad afro que agrupa al menos a diez millones de colombianos.
Redacción política
A pesar de las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, las investigaciones en curso adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y los conceptos del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María del Socorro Bustamante, cuestionada representante de las negritudes, se posesionó de su curul en el Congreso de la República, pero ante un notario en la ciudad de Cartagena.
Desde el día en que se conoció su elección llamó la atención que la representante de las negritudes en Colombia no solo no fuera negra, sino que tampoco tuviera relación alguna con la comunidad afro que agrupa al menos a diez millones de colombianos.
La exalcaldesa de Cartagena, al lado de Moisés Orozco Vicuña, quién tampoco es negro ni tiene relación alguna con afrocolombianos, obtuvieron la mayor votación en las elecciones pasadas para la circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes, de la mano del cuestionado Yair Acuña. La fundación Paz y Reconciliación hizo serios reparos a esas candidaturas por paramilitarismo y narcotráfico.
La nueva maniobra jurídica de Bustamante para posesionarse fue encontrar dos testigos y un notario en su natal Cartagena para adjudicarse la curul en disputa. “Son maniobras insólitas y desprovistas de toda juridicidad para hacerle fraude a la ley y usurpar el derecho de representación política de más de diez millones de miembros de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, explica el movimiento político Poder Ciudadano, que ha venido denunciando la ilegalidad de la elección de María del Socorro Bustamante y que con sus acciones judiciales ha logrado detener la posibilidad de entregarle la curul.
Voceros de Poder Ciudadano llamaron la atención de la ilegalidad de la posesión de Bustamante y exhortaron a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que califique la escritura pública número 13 del 8 de enero de 2015 como “inexistente, inaplicable e ineficaz, por lo tanto, nula de pleno derecho”.
Y es que la propia Fiscalía General de la Nación el mes pasado anunció una investigación contra Bustamante justamente por las maniobras que viene adelantando en procura de legalizar su elección. “La Fiscalía ha conocido que con ocasión a una acción de tutela presentada en contra de un fallo de tutela previo que ordenaba suspender la posesión como congresistas (…) se habrían podido cometer nuevas irregularidades de carácter penal, en especial la presunta comisión de un cohecho, las cuales serán investigadas dentro de la misma actuación antes indicada, en tanto que todos los presuntos delitos se habrían cometido para lograr la posesión de las personas antes señaladas como titulares de las curules reservadas a las minorías étnicas”, explicó en un comunicado la entidad.
Van seis meses de trabajo legislativo del nuevo Congreso y la curul de los afrodescendientes, que debería estar en manos de un legítimo representante, está en el limbo jurídico con una elección a todas luces ilegal.
