El proyecto del Ministerio propone vigilancia sólo cuando existan condiciones desfavorables para la prestación de los servicios educativos o cuando el lucro, que ellos mismos propician, haga imposible su funcionamiento ordinario.
La actual crisis de la educación superior se ha convertido en un problema inocultable no solamente en lo que respecta a la educación pública: con universidades desfinanciadas y abandonadas. La educación privada, la de mayor oferta en el país, ha empezado a estar cada vez más en la mira de la opinión pública, el gobierno, el movimiento estudiantil, la comunidad educativa y la sociedad colombiana en general.
La aspiración de ascender socialmente a través de los estudios universitarios se ha vuelto una verdadera pesadilla financiera para las familias colombianas, que tienen que pagar altos costos por una educación, en la mayoría de los casos, de dudosa calidad y con graves problemas administrativos. Pruebas de ello son los casos de la Universidad San Martín o la Universidad Incca.
Este escenario caótico, propiciado por las omisiones y descuidos históricos de los gobiernos, se convierte ahora en el pretexto para materializar los lineamientos políticos consignados en el mal llamado ‘Acuerdo por lo Superior 2034’ que, tras un lenguaje conciliador, oculta políticas y medidas lesivas para la garantía del derecho a la educación superior en un país como Colombia.
En este contexto, el gobierno de Juan Manuel Santos toma de nuevo la iniciativa y promueve en el Congreso de la República una reforma a la ley 30 de 1992 (el proyecto de ley 124 Senado y 179 Cámara), cuyos temas principales son la inspección, vigilancia y control de las universidades del país. Este proyecto es radicado por la ministra de Educación con mensaje de urgencia, obviando, como es costumbre para el gobierno, un proceso democrático y deliberativo auténtico que legitime la puesta en marcha de un proyecto legislativo de tal envergadura.
Como sucedió con el derrotado proyecto de reforma del 2011, este nuevo intento de reforma neoliberal para la educación superior está viciado tanto en el procedimiento y las formas como en el contenido.
En principio, se trata de una iniciativa totalmente desconocida por la comunidad académica del país y que no fue consultada con estudiantes, profesores, directivos ni trabajadores.
De esta manera el Gobierno ratifica que su postura es imponer las diversas reformas a la educación superior: la derrotada reforma de 2011, la reforma tributaria que propicio la creación del CREE y golpeó de manera estructural la financiación del SENA; los diez mil créditos condonables llamados erróneamente becas, los proyectos de estampillas que intentaron sustituir la financiación estatal permanente con paliativos de corto plazo, y por supuesto, la política pública de educación superior Acuerdo por lo Superior 2034. De igual manera, es evidente que la antidemocracia es el criterio con el que Santos y su gobierno abocaran el debate del Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos educativos que contenga.
En cuanto al contenido propuesto, el proyecto radicado parte del supuesto equivocado de que es necesario afinar los instrumentos de inspección, vigilancia y control para hacer cumplir la ley, negando con esto que los problemas de la educación superior se originan en la misma legislación que la regula: la ley 30 de 1992. Bajo este régimen se causó la crisis financiera de las universidades públicas, cercana a $12,5 billones de pesos, la pérdida de la autonomía universitaria, el incremento desmedido de las matrículas en universidades públicas y privadas, así como el oneroso sistema de endeudamiento que desarrollan el Icetex y demás instituciones financieras que agobian a estudiantes y familias colombianas, entre otros.
Así como el Gobierno ignoró a la comunidad educativa para elaborar el proyecto, también la desconoce en las medidas adoptadas para realizar la inspección, vigilancia y control. En efecto el proyecto de ley incrementa los controles de Estado sobre las universidades privadas y públicas, pero desconoce incorporar a estudiantes, profesores y trabajadores en el control de la actividad misional del total de las universidades del país.
Lo que proponen Santos y Parody en esta iniciativa, antes que fortalecer a la comunidad educativa como la rectora de los destinos de las instituciones y depositarias de la autonomía, es permitir que en “circunstancias excepcionales” el Gobierno designe interventores a efectos de que pueda dirigir en forma directa a las universidades intervenidas.
No deja de ser curioso que el gobierno esté redescubriendo la importancia de la educación luego de años de abandono programado y sistemático. Llegó el momento de preguntarse cuál es el papel del Ministerio de Educación que ha perdido total credibilidad en el control a la educación superior y se ha vuelto sólo un facilitador del lucro en la educación. En ese mismo sentido, habría que preguntarse cómo es que ese lucro ha profundizado la crisis de la educación superior, problema que no se ataca con un proyecto de ley que, como todas las reformas, busca enseñar a nadar a quien ya se está ahogando.
El movimiento estudiantil colombiano, que ha sabido condensar su propuesta política en la ley alternativa de educación superior abanderada por la MANE, ha planteado que la participación democrática de la comunidad académica en la dirección de las instituciones es garantía de transparencia y control en el cumplimiento de las funciones misionales. Asimismo ha propuesto que el Estado, sin violentar la autonomía universitaria, debe asumir la tarea de vigilar a las instituciones educativas en todo momento, contrario al énfasis del proyecto del Ministerio que propone vigilancia sólo cuando existan condiciones desfavorables para la prestación de los servicios educativos o cuando el lucro, que ellos mismos propician, haga imposible su funcionamiento ordinario.
El proyecto de ley 124 Senado y 179 Cámara fue aprobado el pasado 3 de diciembre en sesiones conjuntas de las Comisiones Sextas de Senado y Cámara, y seguirá su trámite en la plenaria de cada corporación. Rechazamos el trámite arbitrario e inconsulto del actual proyecto de Ley y exhortamos a la comunidad educativa y a los demás sectores democráticos a expresar su inconformidad con una iniciativa que seguirá sumiendo a la educación superior en una profunda crisis.
