Desde que le fue diagnosticada la enfermedad, el Inpec y Caprecom le negaron el acceso a la atención sanitaria y el tratamiento que necesitaba, contraviniendo las normas mínimas de tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas
Prensa CPDH
Jesús Miguel Velandia León murió el pasado miércoles 11 de febrero en el Hospital Universitario de Santander como consecuencia de un cáncer no tratado que le habían diagnosticado dos años antes. Jesús Miguel era campesino y también preso político desde 2010, cuando fue señalado por la inteligencia militar como perteneciente a las FARC-EP y posteriormente condenado por rebelión y homicidio en un proceso judicial irregular.
Desde que le fue diagnosticada la enfermedad, el Inpec y Caprecom le negaron el acceso a la atención sanitaria y el tratamiento que necesitaba, contraviniendo las normas mínimas de tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas; el Colectivo de Presos Políticos “José Antonio Galán” realizó numerosas acciones pacíficas de desobediencia para exigir su tratamiento. Éste solamente comenzó a serle suministrado por Caprecom en el último mes, cuando ya sus efectos eran mínimos, como consecuencia de dos tutelas judiciales falladas a su favor.
El caso de Jesús Miguel, sin embargo, no es el único de muerte de prisioneros políticos por serles negada la atención sanitaria por las autoridades. Las condiciones de las prisiones y el tratamiento que las instituciones dan a los presos en Colombia suponen una negación de derechos intolerable en un Estado de derecho.
Especialmente en el caso de los prisioneros de conciencia, la política penitenciaria es utilizada como un doble castigo, donde la condena no se limita a la privación de libertad sino que incluye también unas condiciones pésimas de encierro a las que se suman, además, el hacinamiento, la mala alimentación o la negación de asistencia sanitaria, el maltrato generalizado y sistemático por parte del personal penitenciario y la negación de los derechos humanos.
Esa doble penalidad es una clara manifestación del llamado derecho penal del enemigo imperante en nuestro país, que condena y trata a las personas por lo que son y no por lo que hacen, estableciendo un sistema punitivo especial para aquellas personas a quienes el Estado identifica con la insurgencia. Además, y pese a que han transcurrido ya casi dos años y medio desde que comenzaron las conversaciones de paz en La Habana, la situación de los prisioneros políticos sigue siendo una cuestión preocupante, pues las condiciones y tratamiento de los mismos sigue siendo igual de alarmante; es necesario que se afronte cuanto antes esta cuestión para empezar a avanzar en una mejora de las condiciones de vida dentro de las prisiones y en trato digno de los prisioneros políticos.
Desde el CPDH queremos mostrar nuestro apoyo a los familiares y compañeros de Jesús Miguel. Además, queremos también llamar la atención sobre el tratamiento de los prisioneros políticos y las pésimas condiciones en que se produce la privación de libertad. Ninguna razón puede justificar la negación de la dignidad de las personas. Exigimos que las autoridades cumplan con las normativas nacionales e internacionales de tratamiento a los reclusos y respeten los derechos que como seres humanos les corresponden; esos derechos incluyen la prestación del tratamiento sanitario para aquellos que lo necesiten de forma que no se produzcan más muertes como la de Jesús Miguel en unas condiciones que pueden ser consideradas como tortura.
