Esta situación pone de relieve la importancia de que el Gobierno que recibió el mandato popular de hacer la paz, y las guerrillas, pacten un cese bilateral de fuegos y acuerdos humanitarios que le bajen la intensidad al conflicto.
Editorial del Semanario VOZ
Mientras el país está a la expectativa de la nueva ronda de conversaciones de paz de La Habana y del inicio de los diálogos exploratorios con el ELN, el conflicto armado se agudiza porque se intensifican las acciones beligerantes, que de forma inevitable afectan a la población civil.
Las Fuerzas Militares han desplegado cruentos operativos de tierra arrasada en regiones agrarias, respaldadas por persistentes bombardeos aéreos en zonas habitadas, sin respetar la presencia de humanos, de fincas y cultivos de pancoger que son la base del sustento de numerosas familias. De otra parte, el ELN decretó un paro armado que terminó al comenzar esta semana y las FARC-EP también han enfrentado a la Fuerza Pública en distintos puntos geográficos del país.
Llama la atención que los grandes medios de comunicación informan de las acciones guerrilleras, pero silencian los bombardeos indiscriminados y los operativos contrainsurgentes contra civiles, denunciados por las organizaciones agrarias y numerosas ONG de derechos humanos.
El fin de semana, mientras se realizaba en Villavicencio el Foro de Víctimas, convocado por la mesa de La Habana y organizado por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, en el Catatumbo caían toneladas de bombas en veredas del municipio de Hacarí del Norte, departamento de Norte de Santander, en particular en Mesitas, Bracitos y Santa Catalina. Centenares de campesinos tuvieron que abandonar las viviendas para buscar refugio de los combates entre militares y guerrilleros y huir de las bombas que no discriminan entre combatientes y no combatientes, porque los aviones de la FAC las lanzan donde creen que están los guerrilleros, sin ninguna consideración por la población civil y sus pertenencias.
“En esta guerra las principales víctimas somos nosotros, porque el Gobierno no ha entendido que el conflicto colombiano es una guerra irregular, en que los bombardeos no deberían darse, no solo porque ponen en peligro a los civiles sino porque la guerrilla no tiene armas antiaéreas”, dijo un campesino que salía huyendo con su familia de la región.
El Catatumbo debe ser una región de especial protección, porque sus habitantes reclaman una Zona de Reserva Campesina que les permita trabajar la tierra en condiciones de prosperidad y de mejor justicia social. El Gobierno se niega a reconocerla y, por el contrario, incrementa las acciones armadas y represivas.
Los bombardeos, con toda la crueldad que ellos implican, se extendieron en las últimas semanas a los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo, Arauca, Chocó y Guaviare, entre otros. Ni siquiera la provincia del Sumapaz se salvó del desafuero militar, porque los bombardeos afectan los parques naturales y las riquezas que albergan muy cerca de Bogotá, en la localidad XX del Distrito Capital, donde se rumora que en las próximas horas se darán detenciones masivas de dirigentes comunistas y agrarios de la región.
Los bombardeos de los militares violan el Derecho Internacional Humanitario, como también el principio de distinción entre combatientes y no combatientes. Es bueno recordarle a los generales que están obligados a respetarlos, habida cuenta de que el presidente Juan Manuel Santos reconoció la existencia del conflicto. En La Habana comienza el debate sobre el tema de víctimas, desarrollado en los próximos foros de Barrancabermeja, Barranquilla y en el nacional en Cali y el clamor de los que han sufrido las secuelas del conflicto es el compromiso de no repetición de los victimarios y el primero de ellos es el Estado el principal responsable de la violación de los derechos humanos y de las infracciones al DIH.
Esta situación pone de relieve la importancia de que el Gobierno que recibió el mandato popular de hacer la paz, y las guerrillas, pacten un cese bilateral de fuegos y acuerdos humanitarios que le bajen la intensidad al conflicto. Es la manera de generar el ambiente y las condiciones favorables a los diálogos y de allanar el camino a la solución política de la guerra mediante un acuerdo de paz estable y duradera. El ELN y las FARC-EP manifestaron su plena disposición. La palabra la tiene el gobierno de Juan Manuel Santos en deuda con el país que le dio la segunda oportunidad para lograr la paz con democracia y justicia social.
