En la isla de mayor turismo en Colombia las comunidades étnicas piden autonomía. Isleños reclaman trato justo
Hernán Camacho
Cuando los tildan de separatistas responden con enfado que es el Estado colombiano quien los ha separado desde hace décadas con su abandono. Los raizales de San Andrés, la isla más poblada y más contaminada del mundo, reclaman con vehemencia el reconocimiento como etnia y la atención a la grave crisis social que viven.
El Archipiélago de San Andrés es hoy un centro turístico por excelencia. Pero lo que se esconde tras los grandes complejos hoteleros es una crisis que golpea de frente a los raizales, las comunidades étnicas originarias de la isla, generándoles pobreza, desigualdad y desempleo sin precedentes. “No tenemos ni siquiera agua potable en los barrios que no tienen hoteles”, dicen los raizales.
Con el fallo de la Corte de La Haya, en 2012, Colombia perdió al menos 75 mil kilómetros cuadrados de mar en un pleito que sostuvo por décadas con el vecino caribeño, Nicaragua. Ese hecho despertó un fervor patriotero de la clase dirigente nacional. El presidente Juan Manuel Santos manifestó que no acataría el fallo y que se iría hasta el último cayo en litigio para ejercer soberanía.
El buque Gloria elevó astas y paseó a ministros, senadores y representantes a la Cámara en actos de “desagravio” a la isla ante el “despojo” del mar territorial; sus cañones se exhibían en gesto provocador al vecino de Centroamérica. Incluso vuelos chárter pagados por Presidencia llevaron a periodistas para los encuentros de Juan Manuel Santos con turistas y la etnia local, hasta ese momento desconocida para el país. Toda una parafernalia para ofrecer mejores tiempos, casas gratis, acueductos y empleo.
Para aquel momento, noviembre de 2012, la isla pasaba una situación difícil y el desfile institucional hizo pensar a los sanandresanos que era la oportunidad para divulgar sus problemáticas de desplazamiento de su territorio, el desconocimiento de su cultura étnica, lengua –el creole-, costumbres, y hasta la carencia de servicios públicos básicos. Los isleños le entregaron un catálogo de soluciones para la isla. El Presidente, un año y cuatro meses después, “no ha hecho nada”, dicen en la isla.
En un manifiesto firmado por organizaciones raizales, iglesias, líderes religiosos, cívicos y habitantes de la isla, todos raizales, exigieron al Estado colombiano “abstenerse de la violación de los derechos humanos y reconocer de inmediato a San Andrés como un territorio étnico raizal tribal autónomo con gobierno propio con cosmovisión y cosmología propia violentada desde la Gran Colombia y el Estado colombiano”. El Manifiesto Raizal no es nuevo, cumple un año, y aunque tiene respuesta expedida por exdirector administrativo de la Presidencia, Juan Mesa Zuleta, esta es insatisfecha.
La intención del pueblo raizal es desconocer los planes de inversión propuestos para San Andrés, calificados por sus autoridades como inconvenientes e insuficientes por no versar sobre los reales problemas que aquejan a los isleños. “Dejar de elaborar y hacer proyectos para nuestro territorio, que no se llegue a un acuerdo con el pueblo étnico raizal indígenas tribal, mediante consulta previa, libre e informada como ordena la ley”. Lo que parece elemental si se reconociera al pueblo sanadresano como un pueblo étnico.
A los raizales les aplican la ley colombiana por igual. Ellos piden que tengan un mejor trato. Por solo mencionar un ejemplo, buena parte de los hombres enjuiciados provenientes de la isla se encuentran purgando penas en cárceles del continente a miles de kilómetros de sus familias, convirtiéndose en un drama humano. “Mi hijo lo capturaron y se encuentra en el penal de Acacias, ¿cuándo podré visitarlo? Nosotros somos una etnia y como tal debe aplicarnos una jurisdicción especial”, dice una matrona raizal que prefiere guardar reserva.
Los isleños se quejan también de un desplazamiento interno provocado. El pago del predial al fisco los tiene ahogados, mientras las grandes industrias del turismo están exentas de gravamen alguno. Lo grave, dicen los isleños, es que luego de no pagar el impuesto predial de cada una de las casas que han habitado sus antepasados y ellos por toda la vida, el proceso de incautación y remate es acelerado para expropiarlos, y que las cadenas hoteles se queden con el territorio. “Nos sacan del territorio para entregárselo a los que ahora son dueños del mar, la playa, las calles y la vida de los sanandresanos”, le dijo a VOZ un raizal.
Lo que exige el Manifiesto del Pueblo Raizal de la isla es que se les otorgue un trato adecuado a su etnia, se desmilitarice San Andrés y que ellos tengan autoridades, jueces y fiscales propios para juzgar los actos de su comunidad tal como lo hacen las comunidades indígenas en este lado del continente. Hoy San Andrés tiene dos características distintas: la primera es que la presencia del Estado prometida solo se ha hecho visible con el redoble del pie de fuerza militar y la segunda: que ningún político volvió. Solo Aída Avella, candidata vicepresidencial de la campaña PDA-UP, quien le dijo a VOZ que para los políticos y las campañas del Establecimiento, “San Andrés ya pasó de moda”.
