Imposiciones antidemocráticas, conflictos laborales irresueltos y lucha por la democracia
Santiago Garcés
El miércoles 28 de abril, casi mil estudiantes de la sede Bogotá de la Universidad Nacional -después de una multitudinaria asamblea triestamentaria- coparon los corredores, las plantas del edificio Uriel Gutiérrez y parte de la unidad administrativa donde se encuentra la rectoría del centro de educación superior más importante del país.
Su intención era la de radicar el pliego de exigencias, construido al calor de espacios deliberativos en las facultades y programas curriculares, que se venían desarrollando desde el 22 de abril, día en el cual la asamblea triestamentaria decidió entrar en asamblea permanente con cese de actividades. Ante la negativa de la Administración de recibir el pliego, cerca de trescientos estudiantes -con ayuda de trabajadores- ocuparon y tomaron control del edificio durante veinticuatro horas, como una forma de presionar a la Administración para que recibiera las peticiones.
¿Cuáles son las exigencias de la comunidad universitaria?
1) Que se resuelva por la vía del diálogo el conflicto laboral que vive la Universidad.
2) Que el Consejo Superior Universitario acceda a brindar garantías para iniciar un proceso constituyente, de carácter autónomo y decisorio, tendiente a construir un nuevo estatuto general (proceso conocido como congreso universitario).
3) Que se elabore y presente un plan de pago para saldar el déficit de funcionamiento e inversión de 150 mil millones, a través de la inyección progresiva de recursos públicos a la base presupuestal de la universidad y, adicionalmente, que no se ejecute el cupo de endeudamiento de 200 mil millones de pesos, gestionado por la Administración con el Findeter.
4) Que se abra un proceso de construcción democrática del sistema de admisión de la Universidad Nacional y que se atienda a los reclamos de los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica; y
5) Que la Universidad se comprometa en el rescate de las residencias universitarias.
A pesar de que la Rectoría requirió expresamente la entrada de la Fuerza Pública al campus universitario, para que desalojara el edificio mediante la violencia, el carácter pacífico y la entereza de la movilización lograron torcer el brazo autoritario de la Administración que, con mediación de la Defensoría del Pueblo y previo retiro de la Policía, aceptó al fin recibir el pliego de exigencias.
Sin embargo, a través de un correo electrónico firmado por el vicerrector general Jorge Iván Bula, la Administración mantuvo su indisposición absoluta al diálogo. Finalizando la semana, quedó claro que la anormalidad académica que vive la Universidad Nacional de Colombia no es producto del accionar de un grupo de trabajadores, sino del descontento generalizado de los estamentos ante la profunda crisis que atraviesa la institución. ¿Qué está pasando?
Conflicto laboral
El 13 de abril del presente año, los trabajadores públicos administrativos, agrupados bajo el Comité Pro Mejora Salarial, entraron en dinámica de asamblea permanente en la sede Bogotá, agenciando el cierre de algunos de los edificios de la Ciudad Universitaria. La decisión se tomó con el ánimo de ejercer un mecanismo de presión ante el incumplimiento parcial de los acuerdos firmados entre el Comité y la Administración de la universidad el día 20 de septiembre del 2013.
Sin embargo, más de un año y medio después, abundan los incumplimientos. En primer lugar, 60 profesores del colegio Iparm y 75 trabajadores oficiales que realizan labores de mantenimiento fueron excluidos del aumento salarial. En segundo lugar, la administración utilizó el dinero del aumento para subirle el sueldo al rector y al resto de cargos que constituyen la cúpula administrativa de la universidad: los asesores, los ejecutivos y los directivos. En contraste, trabajadores con cargos de operarios calificados y del nivel de secretarías -que participaron en la lucha laboral, a diferencia del rector- quedaron muy mal remunerados con aumentos de entre 17 mil y 40 mil pesos.
En tercer lugar, la Administración se ha rehusado a devolver 139 cargos a la carrera administrativa del sector público. Dichos cargos se encuentran bajo libre nombramiento y remoción o en situaciones precarias de contratación, como las órdenes de prestación de servicios. ¿No debería la Universidad Nacional de Colombia ser ejemplo de trabajo decente y digno en vez de agenciar la deslaboralización y la superexplotación de su planta administrativa?
Malestar en la comunidad universitaria
El 25 de marzo del presente año el Consejo Superior Universitario, la máxima autoridad de dirección y gobierno de la Universidad Nacional, reeligió al profesor Ignacio Mantilla como rector para el periodo 2015-2018. Este órgano directivo, con solo dos representantes de la comunidad universitaria elegidos democráticamente, se encuentra bajo control casi absoluto del Gobierno Nacional.
El profesor Mario Hernández había quedado en primer lugar en la consulta electrónica realizada el 18 de marzo, con 11.869 votos. El movimiento estudiantil y profesoral, reunido al calor de la propuesta alternativa, logró posicionar la idea de un cambio de rumbo que alejase a la Nacho de la subordinación a lógicas empresariales, de la falta de democracia y del abandono estatal en términos financieros.
El descontento de la comunidad universitaria con la designación de Mantilla no se hizo esperar, y rápidamente, le ha seguido una reactivación de la movilización estudiantil.
Durante la actual coyuntura se viene posicionando la idea del carácter complementario de dos de los males que aquejan a la Universidad Nacional de Colombia:
1) La ofensiva neoliberal del gobierno de Juan Manuel Santos, evidenciada no solo en la desfinanciación progresiva y la frenética búsqueda de recursos propios que se deriva de esta, sino en la promoción del endeudamiento como mecanismo principal de financiación; y
2) La absoluta falta de democracia, que busca mantener a la comunidad universitaria en la minoría de edad intelectual, que se evidencia en la actitud de desprecio por parte de la Administración hacia los trabajadores, y que viabiliza la subordinación del alma máter al modelo de universidad-empresa con el subsecuente sacrificio de los fines misionales de la institución educativa.
La lucha actual de la Universidad Nacional por democracia real, en clave de construir un sujeto democrático y plural que ejerza la autonomía universitaria y que luche por plena financiación estatal, se inscribe en la lucha reciente de otras universidades públicas como la Distrital, la Industrial de Santander y el Colegio Mayor de Cundinamarca, y se proyecta hacia la reactivación del movimiento estudiantil a nivel nacional.
