Guamocó es una región, surcada por el río Tigüí, en las estribaciones de la serranía de San Lucas, que cuenta con unos tres mil habitantes dedicados a la minería artesanal, la agricultura y la arriería, en los municipios de El Bagre (Antioquia) y Santa Rosa del Sur (Bolívar).
Bibiana Ramírez – Agencia Prensa Rural
Hace dos años que la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua) realizó la tercera asamblea organizativa. Este 29 de agosto sesionó la cuarta, en la vereda Las Negritas, corregimiento de Puerto López de El Bagre (Antioquia).
Unas 400 personas llegaron a la escuela de la vereda para debatir sus problemáticas, que no son pocas, y al mismo tiempo elegir su nueva junta. “Somos nosotros los que tenemos que elegir nuestras juntas, organizarnos para que en este país la paz esté más cerca. La paz debe estar en nuestro corazón y en nuestro vivir”, dice uno de los líderes de la Asociación, que ve entusiasmado la llegada de la comunidad desde lejanos lugares.
La junta se renovó un poco, aunque el presidente y vicepresidente continúan. Se crearon comités de jóvenes, minería, mujeres, empresarial y de apoyo. La comunidad escuchó con atención a los líderes porque en este momento están viviendo una situación compleja de violación a los derechos humanos y estigmatización. Todos esperaban algún apoyo y sentían la necesidad de fortaleza.
“Nosotros debemos estar unidos, fortalecer nuestros procesos y seguir luchando, porque lo que se viene no es fácil: nos persiguen, nos criminalizan”, dice otro líder que entusiasta le habla a la gente.
La propuesta que tiene Aheramigua como proceso organizativo es solucionar las causas que han originado el conflicto social y armado. “Razón de ello es que hemos abanderado la lucha de paz. La asamblea plantea ser un espacio de encuentro, discusión, deliberación, decisión y formación de todos los equipos de trabajo”.
Criminalización en Guamocó
La región de Guamocó es de tradición minera. Es rica en agua, tierra productiva y zonas de reserva natural. Pero desde que entraron las grandes empresas mineras han convertido el territorio en un lugar desierto y generado crisis social.
Ahora el minero pasó de ser ilegal a criminal. “Eso es grave, además nos van a catalogar como incitadores y auspiciadores del terrorismo, igual a unos narcotraficantes y como comunidades no nos hemos pronunciado ante eso”, dice un líder mientras hace un contexto de la situación que están viviendo ahora en el Bajo Cauca y sobre todo en el sur de Bolívar.
En Santa Rosa, por ejemplo, hay un desplazamiento y persecución a los pequeños mineros porque “el Estado tiene que garantizar la seguridad inversionista a las multinacionales, amparos administrativos que conllevan al desalojo de las comunidades y la privación del oficio. Son un fracaso esos procesos de formalización”.
Una de las principales conclusiones a la que han llegado en esta asamblea es que necesario destacar el papel de la minería en el país de una manera sustentable, además “cuál va a ser la respuesta de nosotros ante las políticas que tiene el gobierno con la locomotora minera, qué vamos a hacer frente a la situación del paramilitarismo, cómo vamos a denunciar la corrupción de los gobiernos y a quiénes vamos elegir”.
