Saludo del Partido Comunista Colombiano a los Foros Nacionales de Víctimas en el marco del quinto punto de la agenda acordada entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Titular e intercolumnas son de VOZ
Nos permitimos saludar a las víctimas de la guerra, del conflicto político, económico, social y armado que vive nuestro país, originado por factores como la exclusión económica, política y social.
Los derechos de las víctimas constituyen un pilar fundamental para la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera; es por eso que vemos con esperanza y realismo la posibilidad de que por primera vez en la historia del país las víctimas del conflicto y, en general, la sociedad civil participen activamente en la búsqueda de una transición hacia la democracia, basada en principios como el “no intercambio de impunidades” y el esclarecimiento de las causas del conflicto. Todo esto, en un contexto de la construcción del derecho a la verdad y la reparación integral, en aras de garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
Buscamos hacer visible el modelo de violencia política ejercido históricamente contra las ideas de oposición y los estereotipos construidos desde la dominación global y las élites gobernantes, los cuales, a través de la aplicación estatal de doctrinas de seguridad destinadas a destruir el “fantasma comunista”, han ocasionado la eliminación física, la desaparición, los montajes judiciales y las privaciones injustas de la libertad de los líderes de oposición y de miles de ciudadanos pertenecientes al PCC, la Juventud Comunista, la Unión Patriótica, las organizaciones obreras, agrarias, indígenas, afro, los miembros de cuerpos colegiados integrantes de la oposición política de izquierda, periodistas, académicos; en esencia, crímenes de Estado que permanecen en la más aberrante impunidad.
Por estas razones son inaceptables las explicaciones que sitúan los orígenes del conflicto armado en la fecha de surgimiento de los movimientos guerrilleros, como si fueran la causa y no una consecuencia de la exclusión, la persecución y la desigualdad política, la cual se sigue escudando en un modelo de represión a la inconformidad y de guerra preventiva.
El delito político
Es necesario ampliar y recobrar el concepto de delito político como elemento diferenciador de la denominada violencia estatal, en el marco de la acción que ejercen los grupos insurgentes. Nuestra propuesta se centra en la eliminación del modelo doctrinal de violencia de Estado y de impunidad, que tiene como base la idea de la existencia de un “enemigo interno”, de los llamados “blancos legítimos”, de los “daños colaterales” y demás formas de justificación de la política de guerra.
Al rechazar la doctrina anticomunista como legitimación del genocidio, exigimos la restitución del buen nombre y la recuperación de la memoria del PCC, en aras de avanzar hacia un modelo integral de reparación para las víctimas de la guerra, del terrorismo de Estado, de los choques entre contendientes, de las consecuencias del conflicto armado prolongado, de la represión sobre civiles desarmados que colman las cárceles y que reconocemos como prisioneros políticos, evidenciado en la criminalización de la protesta social y no reconocidos como tal por el Estado, como también de aquellas personas afectadas por el secuestro y las distintas formas degradadas de la guerra.
La guerra sucia
El PCC ha sido blanco de la guerra sucia, de las políticas y planes de la doctrina promovida por los EEUU en su modelo de seguridad hemisférica y de lucha contra el “fantasma comunista”. Los intereses económicos de esa nación han estimulado una estrategia contrainsurgente que privilegia el uso de estructuras paramilitares y la eliminación física del oponente. Así lo evidencian los manuales secretos promovidos por las Fuerzas Militares de ese país, en una visita de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (EEUU) a Colombia en 1962[1. Con un suplemento secreto que recomienda “contraagentes”, contrapropagandas, sabotajes, actividades terroristas paramilitares e interrogatorios con drogas alucinógenas. Nos encontramos también con visitas, asesorías secretas de miembros de la CIA y del Pentágono a los gobiernos y a las fuerzas armadas de Colombia durante décadas; con manuales de contrainsurgencia “secretos” y “reservados” que se distribuyen entre los miembros de las Fuerzas Armadas… Colombia Nunca Más. Crímenes de Lesa Humanidad. Bogotá: Colombia Nunca Más, 2000. P 45.], proyecto que legalizó la estrategia contrainsurgente mediante el decreto 3398 del 25 de diciembre de 1965, donde se permitió a los militares entregar armas de uso privativo a civiles.
El modelo de violencia estatal concentra su accionar contra el Partido Comunista y demás sectores revolucionarios, democráticos y alternativos en apoyo de los intereses de las clases económicamente dominantes, impidiendo el desarrollo programático de las opciones reales de poder democrático. Para ello se han empleado estrategias como el impulso del paramilitarismo, la violencia policial a través de los chulavitas, la represión por medio del Estatuto de Seguridad, y un variado ramillete de mecanismos legales de violación de las libertades democráticas.
La manera como podemos catalogar los actos generalizados y sistemáticos que dieron lugar al exterminio de un partido con una ética claramente distante al poder establecido, perpetrados por los poderes económicos y políticamente dominantes, es el de “crimen de sistema”[2. La hipótesis en los crímenes del sistema es que generalmente son de una escala tal que exigen cierto grado de organización para ser cometidos. Esto no quiere decir que la fiscalía deba demostrar que todos los actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra hayan sido cometidos por una organización o con arreglo a una estrategia. En la mayoría de los casos, esa organización es el aparato del Estado. La expresión «crimen del sistema» fue utilizada por primera vez por el jurista neerlandés B.V.A. Röling, que fue magistrado en el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente (Tribunal de Tokio) después de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentran ejemplos pertinentes en los juicios celebrados con arreglo a la Control Council Law n.º 10, como las causas Medical, Einsatzgruppen, Justice y High Command, entre otras. Esos casos están documentados en Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Nuremberg, October 1946-April 1949 (Washington D.C., United States Government Printing Office, 1949).]. El genocidio de la UP y del PCC no es solo un hecho jurídicamente relevante y repudiable por la clara autoría del Estado colombiano, sino porque significó la eliminación de una alternativa política que enrumbaría al país hacia positivos cambios y transformaciones.
Rápidamente la UP se convirtió en una alternativa real de poder. Entre 1986 y 1995 fueron elegidos más de 32 parlamentarios[3. Motta, Hernán. Acción Parlamentaria de la UP. Bogotá: 1995. P 37.], con 70 concejales y 11 alcaldes, así como dos candidatos presidenciales, posteriormente asesinados; consolidándose como una importante fuerza política en la escena electoral. Se calcula que el genocidio pasa la cifra de los cinco mil militantes y miembros asesinados, crímenes que, hasta la fecha, se encuentran en la total impunidad.
Propuestas básicas
1.- Ampliación del concepto de víctimas. Más allá de lo planteado por los actuales mecanismos legales de reparación, ostentan la calidad de víctimas:
a. Los prisioneros políticos que afrontan montajes judiciales y que además sufren los desmanes de la Justicia colombiana a través de violaciones al debido proceso, tráfico de testigos, desconocimiento del principio constitucional de la presunción de inocencia y de la excepcionalidad de la privación de la libertad, sumado a la revictimización al interior de los establecimientos penitenciarios.
b. Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, entre ellos quienes individual como colectivamente se les ha ocasionado un perjuicio por el actuar de un agente estatal o cualquiera que obre en aras de defender los intereses económicos y políticos del statu quo. Nos referimos a los combatientes capturados, puestos en indefensión y posteriormente ejecutados, a los daños llamados “colaterales” ocasionados por los bombardeos indiscriminados.
c.- Aquellas personas que fueron violentadas en su integridad y sus libertades individuales en desarrollo de las movilizaciones, paros y protestas sociales.
2.- Verdad y Memoria Histórica. Se debe conformar una comisión de verdad histórica con carácter vinculante que tenga las siguientes características y funciones:
a. Identificar clara y expresamente los orígenes del conflicto armado en Colombia.
b. Eliminar la política de exterminio contra las ideas de oposición y las formas de discriminación política. Se deberá esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de las acciones cometidas por los miembros de la Fuerza Pública y los agentes estatales.
c. Deberá reconocer los crímenes cometidos contra los miembros del PCC y demás movimientos de oposición, restituyendo el buen nombre de aquellos que decidieron formar parte de esta opción política y que, con ocasión de su ideología, fueron objeto de diversos mecanismos legales y extralegales de silenciamiento.
d. Deberá construir una memoria histórica que reconozca al PCC como un sujeto colectivo al que se le ha impedido, a través de la guerra sucia y la violencia, participar y ejercer formas de poder democrático.
3.- Reparación para la plena participación social y política con garantías:
a. Estatuto de la oposición: Se debe crear un marco legal para la oposición política, capaz de equilibrar las relaciones desiguales, asimétricas y sujetas a las arbitrariedades de los poderes nacionales y regionales que siguen utilizando los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, las judicializaciones y la intimidación.
b. La creación de una cátedra educativa que permita construir nuevas políticas de educación escolar, dirigidas a la sociedad colombiana en homenaje a las víctimas del PCC y la UP, para que se conozca que en la historia colombiana existió el genocidio político.
c. Restablecimiento de las curules de la UP y el PCC y demás cargos de elección popular arrebatados a través del terrorismo de Estado.
4.- Garantías de no repetición a través de reformas constitucionales y legales que garanticen la democratización en el poder político y la eliminación de doctrina militar basada en la guerra sucia contra la oposición:
a. Eliminación de las doctrinas, escuelas y programas que fomenten y auspicien el paramilitarismo, la comisión de crímenes en contra de miembros de partidos de oposición, organizaciones populares, sociales, campesinas, sindicales y defensoras de derechos humanos y en general toda forma de terrorismo de Estado.
b. Creación de una comisión de carácter constitucional permanente que garantice la protección y promoción de los derechos humanos y permita prevenir las graves violaciones de éstos, en aras de garantizar la no repetición de los crímenes perpetrados en Colombia.
c. Depuración de todas las instituciones del Estado, Fuerza Pública, ramas del poder público y órganos de control y vigilancia: se debe desvincular del manejo y control del Estado a los altos funcionarios involucrados en la creación y estímulo del paramilitarismo y el terrorismo de Estado.
d. Prohibición constitucional del anticomunismo y el paramilitarismo.
e. Cambiar la concepción militarista de la seguridad: se debe permitir el derecho de asociación, libertad de expresión y no judicializar ni criminalizar la protesta social y el derecho a la organización.
f. Se deben cambiar las políticas de criminalización y el concepto del “derecho penal del enemigo”.
g. Ampliar al máximo el número de conductas conexas al delito político y poner en libertad a todos los prisioneros políticos.
Partido Comunista Colombiano
04 de julio de 2014
