Entrevista con el dirigente sindical Ismael Perdomo López, de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y de Clínicas (Anthoc)
Nelson Lombana Silva
El hospital regional Federico Lleras Acosta de tercero y cuarto nivel de complejidad, se encuentra a punto de ser liquidado. El año pasado lo intervino la superintendencia nacional de salud con la perspectiva de sanearlo financieramente, pero de acuerdo a los informes del interventor la crisis persiste, entre otras razones porque las EPS no cancelan oportunamente adeudándole a la fecha algo más de $138 mil millones de pesos. El sindicato Anthoc viene proponiéndole al gobernador Barreto Quiroga que presione ante la superintendencia y el ministerio de salud para que la interventoría sea levantada y el departamento asuma nuevamente los destinos del máximo centro hospitalario del Tolima. Así lo indica el dirigente sindical, Ismael Perdomo López, quien agregó que Anthoc viene haciendo actividades para movilizar la comunidad tolimense y nacional alrededor de la defensa de la red pública hospitalaria del Tolima, especialmente del Federico Lleras Acosta.
–¿Cuál es la realidad concreta del hospital regional Federico Lleras Acosta?
–La intervención que tiene la superintendencia nacional de salud, que ya tiene más de un año, no ha sido la salvación que en un momento dado se creía que podría ser, lo que hemos visto actualmente y los informes que ha entregado el interventor por parte de la superintendencia, los informes han sido muy similares a los informes que entregaran los gerentes cuando se tenían en propiedad y cuando el hospital pertenecía a la esfera departamental del Tolima. Es decir, la práctica de la intervención no ha cambiado en nada la situación financiera, económica y prestacional de servicios que tiene el hospital Federico Lleras Acosta.
El documento que emitió la superintendencia nacional de salud a mediados de diciembre del año pasado, es un documento que está dentro del esquema del modelo. Qué dice el documento. Que al hospital lo habían intervenido porque estaba en una crisis financiera y tenía un alto riesgo financiero que es lo que maneja la superintendencia de salud y lo que maneja el ministerio de salud, y que al finalizar el 2015, no había logrado salir del riesgo financiero, por lo tanto, seguía en riesgo alto. Y lo que dice la norma que ha sacado el gobierno para mirar este tipo de situaciones de la red hospitalaria, es que el paso siguiente después de la intervención, es la liquidación de la entidad porque así se ha venido manejando en las distintas redes hospitalarias, como la del Valle, la Costa Atlántica, Santander, Meta. Entonces, continúa latente el paso siguiente que es la liquidación.
–En una eventual liquidación del Federico Lleras Acosta, ¿Quién decidiría finalmente?
–En este momento decide la Súper salud con el ministerio de salud. Es decir, la esfera nacional es la que podría estar dando este posible paso de acuerdo a los informes de gestión y de acuerdo a los informes que haya entregado el interventor que está en el Federico Lleras Acosta. Siempre hemos dicho que las intervenciones y la súper salud, nunca han sacado de la crisis a los hospitales y mucho menos de los riesgos financieros, porque sabemos que desde allá también se manejan parte de la política en lo que tiene que ver con el modelo de prestación de servicios en todo el país. La cartera por recoger del Federico asciende más o menos a $138 mil millones de pesos, pero sus deudas no superan siquiera los $100 mil millones de pesos; por lo tanto es un ente que no debe entrar en proceso de liquidación, debe hacerse una gestión por parte de la Súper salud, el ministerio de salud, y el gobierno nacional, para que las EPS paguen los $138 mil millones de pesos.
–No actúa el gobierno nacional para meter en cintura a las EPS. ¿La intención es la liquidación y finalmente la privatización?
–Exacto. El manejo que le están entregando a todo el sistema de salud, tiene que ver con el flujo de recursos y tiene que ver con todo el rol financiero que tiene el modelo económico de desarrollo del país. Por decir algo: Si los que manejan las EPS, que son las que tienen el dinero de la Red Pública Hospitalaria, son manejadas por el Presidente de la República, que por lo regular tiene asiento en esas juntas directivas de esas EPS, el ministerio de salud que es el obligado a sentarse a dirigir esas EPS, como también la Súper salud y aquellas otras entidades nacionales. ¿Por qué no las obligan a cancelar oportunamente?
–¿Cuál es la planta de trabajadores del Federico Lleras Acosta?
–El hospital tiene más o menos unos 350 – 360 trabajadores de planta. Pero usted mira la nómina y son cerca de 900 trabajadores. El resto son contrataciones que viene haciendo por favores políticos o también por algunas tercerizaciones que hacen como las cooperativas de trabajo asociado, las prestaciones de servicios, que ya no son trabajadores del hospital, sino son terceros que fueron contratados y de esa manera prestan la atención a los pacientes en el hospital. La planta de personal viene dividida en tres secciones: Planta, planta, que son trabajadores antiguos, la minoría; los tercerizados y los que vienen en plantas temporales.
–¿Cuántas personas en promedio se benefician del hospital?
–El millón 200 mil habitantes que tiene el departamento de Tolima. El hospital tiene una particularidad: Es de tercero y cuarto nivel y no existe otro ente en el departamento. También presta servicio a las comunidades de los departamentos cercanos como Quindío, Cauca, Huila, etc. Debido al trato de la superintendencia y el ministerio, la prestación es muy precaria y deficiente.
–¿Qué papel podría jugar el gobernador Óscar Barreto Quiroga en la solución de la crisis?
–En este momento ningún gobernador, ni el saliente, ni este podría intervenir en esta situación del Federico Lleras Acosta, porque el hospital depende en este momento de la Superintendencia nacional de salud y de su interventor. En este momento el gobierno departamental no tiene mayor injerencia para poder decir: Resuelvo la problemática del hospital. La petición que le hemos venido haciendo los trabajadores y el sindicato al gobernador Barreto es que el gobierno departamental debe exigirles al ministerio de salud y a la superintendencia que retiren esa intervención y que sea el departamento el que retome nuevamente los destinos del hospital.
–¿Qué otras acciones viene orientando Anthoc?
–Hemos venido hablando con la comunidad cercana a la prestación de los servicios en Ibagué para que se entienda la problemática del Federico que significa el inminente riesgo de liquidación. Es posible que la comunidad aún no haya entendido la problemática y nos toca trabajar en esa dirección. Al Congreso de la República le exigimos una real reforma a la salud, una ley que derogue la ley 100 de 1993 que hay en Colombia. Estamos patinando esta iniciativa legislativa con muchas dificultades por supuesto.
