El Consejo de Estado ordenó devolver a los familiares de los detenidos desaparecidos los recursos usados para su búsqueda.
El Consejo de Estado también indicó que no es fácil dimensionar los costos que representan recuperar a un ser querido víctima de desaparición forzada, así como el hecho de exigir pruebas documentales que permitan cuantificar dichos gastos.
De ahí que el Alto Tribunal con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, ordenara el reconocimiento y pago de más de 119 millones de pesos, por los gastos en los cuales incurrieron los demandantes para ubicar el cuerpo de su familiar desaparecido a manos de la Fuerza Pública en 1984, cuando se rompieron los diálogos de paz adelantados con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
El desaparecido fue un joven estudiante de último año de sociología, ex militante del Partido Comunista de Colombia, que actuaba como facilitador en la recuperación de combatientes caídos pertenecientes al EPL.
Según lo probado en el expediente, la víctima fue retenida por miembros del Ejército, torturado y desaparecido. Además, “las entidades estatales que conocieron del caso omitieron adelantar acciones para buscar al desaparecido y entregar el cadáver de la víctima a sus familiares, así como se abstuvieron de tomar las cautelas indispensables para obtener la verdad de los hechos y sancionar a los responsables”.
El expediente permite inferir, de modo razonable, que se incurrió en los gastos reclamados para encontrar a la víctima vivo o muerto, esclarecer los hechos y determinar los motivos de su desaparición, fijar las responsabilidades de orden penal, civil, disciplinario y administrativo del caso, y obtener justicia, verdad y reparación integral.
La Sala recordó que “las autoridades estatales deben dar ejemplo, pues de sus actuaciones pende el grado de aceptación y respeto que les deparará la ciudadanía. Allí donde teniendo como excusa la necesidad de reaccionar ante las afrentas provenientes de grupos al margen de la ley, las autoridades estatales pierden su norte e incurren en prácticas incompatibles con la preservación de los principios básicos de humanidad, permiten cuestionar hondamente su legitimidad y se amenaza con volver trizas la propia institucionalidad estatal”.
En la decisión se solicitó investigar penal y disciplinariamente a los militares responsables de la actuación.
El Alto Tribunal adujo además la pérdida de parte del expediente en el Tribunal de Antioquia, por cuanto compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura para las investigaciones del caso.
Con respecto a la reparación integral a los familiares de la víctima de desaparición, el Consejo de Estado le ordenó al Ejército elaborar un documental televisivo en el que se explique cómo se dio la comisión del delito y se den a conocer los obstáculos que debieron sortear los familiares para investigar el paradero de su hijo y hermano. Además, deberá, con aprobación de los familiares de la víctima, construir un monumento histórico honrando su memoria, que sería descubierto en acto público con la presencia del Ministro de Defensa y altos mandos de la Fuerza Pública.
