Además, paramilitares, en complicidad con el ejército, vienen extorsionando a campesinos de la región para atentar contra líderes comunales.
Comité de y Para los Derechos Humanos de San José de Apartadó
El miércoles 3 de septiembre fue asesinado el campesino Juan Cardona, oriundo de la vereda Arenas Bajas del corregimiento de San José de Apartadó. Hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido las responsabilidades de este reprochable hecho que enluta nuevamente a las familias de Colombia.
Por otra parte, desde el día 25 de agosto se vienen presentando varias llamadas amenazantes y de carácter extorsivo hacia varios líderes del Comité de Derechos Humanos de San José Apartadó.
Estos amedrentamientos provienen del grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Urabeños), que “ofrecen” a los líderes comunitarios que a cambio de sumas de dinero les será respetada su vida y la de familiares y personas allegadas.
La manera en que suceden las amenazas y extorsiones sistemáticas dan cuenta de una estructura paramilitar compleja que opera desde el municipio de Apartadó y desde otras cabeceras municipales. Así por ejemplo, en días recientes fue amenazada una mujer líder de una de las veredas aledañas al Corregimiento. En esta ocasión le exigían la cantidad de 20 millones de pesos.
Esta líder se encontraba en el casco urbano de Apartadó, y luego de recibir la llamada logró ponerse en contacto con miembros de la Comunidad de Paz de San José, quienes asumieron el acompañamiento humanitario y su protección, y luego de encontrarse en instalaciones de esta organización para la defensa de los DDHH, recibió otra llamada en la que le decían que no importaba en el sitio que se encontrara, que ellos estaban monitoreando sus movimientos y que nada la salvaría, además de esto se está reconfigurando una sistemática y preocupante situación en la que personas de civil sin identificar estén haciendo inteligencia y preguntando por los itinerarios personales de varios líderes comunales, cuestión que pone en peligro las garantías de participación de éstos.
Al mismo tiempo, otras organizaciones para la defensa de los DDHH del municipio desplegaron personas para la verificación de la situación, y al llegar a la terminal de transporte, al sitio desde donde parten los vehículos de transporte público para el Corregimiento de San José, encontraron que por allí merodeaban varios miembros del grupo de inteligencia militar adscritos a la Brigada XVII en compañía de reconocidos paramilitares o “desmovilizados” de otros grupos que ahora hacen las veces de colaboradores con la inteligencia militar.
No es la primera ocasión en que los agentes de inteligencia militar hacen presencia en los puestos de transporte público -y acompañados de paramilitares y colaboradores- para atemorizar y ejercer tratos degradantes contra civiles que toman parte en la defensa del territorio y de los DDHH, como el caso del 11 de mayo de 2014, durante la Constituyente Regional del Urabá, que fueron sorprendidos dentro de las instalaciones del coliseo Antonio Roldán Betancur de Apartadó Franco Orlando Portilla Martínez, sargento segundo, y Julio César Sierra Ortiz, soldado profesional, que portaban un arma de fuego y son miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional, hecho que aún no ha sido investigado y sigue en la completa impunidad.
Esta situación es conocida por las instancias gubernamentales y por las organizaciones para la protección de los DDHH. De hecho, esta práctica hace parte de la estrategia de confinamiento a que son sometidos los líderes campesinos que viven en las áreas rurales, mediante la cual se les impide el aprovisionamiento de los bienes y elementos básicos para la subsistencia.
Insistimos en que, muy a pesar de los esfuerzos de algunos miembros de la Fuerza Pública y de otros miembros de las administración local de Urabá por tratar de invisibilizar la presencia del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo -Informe de Riesgo N. 012-14A.I.- demuestra todo lo contrario.
Este informe emitido el pasado 10 de junio y elevado a Alerta Temprana el 18 de ese mismo mes por la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas, detalla lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo en todo el Urabá: en áreas rurales de los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo; hace referencia a las veredas que les sirven de corredores estratégicos como Piedras Blancas (Carepa), San José de Apartadó (Apartadó) y Nueva Antioquia (Turbo), también la preocupante presencia de dichos paramilitares en el caserío las Mercedes de Turbo, por lo menos 200 hombres con insignias de AGC, uniformes militares, boinas verdes y otros distintivos como el Salmo 91 que portan en la espalda de sus uniformes.
También, el 25 de agosto 2014 le enviaron un mensaje amenazante al teléfono celular del defensor de DDHH Arley Cartagena, miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de San José de Apartadó.
Denunciamos así mismo que Arley ha sido objeto de señalamientos públicos por parte de los altos mandos militares de la Brigada XVII, quienes aprovechando los micrófonos de la emisora local han señalado a este campesino como el responsable de las denuncias que nuestro Comité ha elevado por el mal comportamiento de esta unidad militar.
Las investigaciones que adelanta el Comité para los Derechos Humanos dan cuenta de un plan para asesinar a Arley Cartagena. Y según versiones de “colaboradores” del organismo de inteligencia militar -ebrios en lugares públicos del casco urbano de Apartadó y urgidos por dinero- las unidades de inteligencia de la Brigada tienen pleno conocimiento de esta situación y han tomado parte en reuniones en las que se ha puesto precio a la muerte del defensor de DDHH.
