Editorial del Semanario VOZ
La noticia más importante en lo que va corrido del año es el “Acuerdo de La Habana” sobre el primer punto de la agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, referido a la “Política de desarrollo agrario integral”. Es un golpe a la extrema derecha, enemiga de la paz, representada en el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el procurador Alejandro Ordóñez, José Félix Lafaurie, representante de los ganaderos latifundistas y de Acore, gremio de los militares en retiro, dirigida por un sector militarista y guerrerista, entre otros. Todos a una, representantes de la caverna colombiana.
El acuerdo lleva el sugestivo nombre de “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”. Se nota que el Gobierno Nacional sigue temiéndole a la expresión reforma agraria, de más largo alcance y de mayor definición conceptual.
Según el comunicado número 16, suscrito por ambas partes y leído el pasado domingo 26 de mayo por los garantes de Cuba y Noruega, los acuerdos son sobre los siguientes temas: Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Programas de desarrollo con enfoque territorial. Infraestructura y adecuación de tierras. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. Políticas alimentarias y nutricionales.
(…) Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo.
Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.
¡Que nadie se llame a engaño! Es un acuerdo sustancial que va al fondo de la problemática del campo colombiano. Beneficia a los más desvalidos, al campesino pobre y humillado durante tantos años de explotación terrateniente y capitalista. “Es el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural”, dice el acuerdo, que golpeará el poder y la violencia de los terratenientes, llámense hacendados o ganaderos.
¡Que tome nota el movimiento agrario y popular! Es el comienzo de un proceso que tendrá que conducir, con la acción de masas y con el logro de un gobierno democrático y popular, a la reforma agraria de fondo que acabe para siempre con la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra y elimine para siempre el latifundio del campo colombiano.
Acceso y uso de la tierra; grandes intervenciones del Estado; educación, salud, vías, riego, agua potable, vivienda y protección social; y seguridad alimentaria y nutricional, son los cuatro temas que destaca Santos. Aunque en la realidad el acuerdo tiene más alcance y es una herramienta para los campesinos que anhelan prosperidad, igualdad y progreso social. Esos cambios los negó la clase dominante, a la cual pertenece el actual mandatario, mediante la violencia y el respaldo a la violencia latifundista.
Realidad ligada a fenómenos como el paramilitarismo, llámense “pájaros”, “chulavitas”, “AUC” o “bacrim”, reflejo del terrorismo de Estado. Hay aspectos tan avanzados en tanto que “pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental. Buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición”.
Es el reconocimiento del Estado, bastante tardío, de que el campo colombiano fue olvidado e ignorado, dejado en manos de un poder mafioso violento, para fortalecer el capital, sobre todo parasitario como lo es el sector financiero. Y en la actualidad un proceso de acumulación neoliberal favorable a las transnacionales.
Quedan temas pendientes por resolver. Zonas de reserva campesina, explotación minero-energética, el latifundio y la concentración monopólica de la propiedad y la inversión extranjera, muy importantes y que deben permitir la democratización y la apertura a una nueva realidad del uso del suelo y de la participación democrática.
Continúa el segundo punto de participación política, difícil y complejo también, que debe ser asumido sin prisa absurda y con realismo desde el Gobierno y el poder, porque tiene que ver con la necesidad de la democracia y las garantías políticas iguales para todos. Es el punto de quiebre del bipartidismo y de las mañas corruptas de la burguesía en la política colombiana.
